La infanta Cristina, a su llegada a los juzgados de Palma, para declarar en el caso Nóos el pasado mes de febrero. EFE/Archivo
La prensa casi en su totalidad coincide este miércoles en que la Infanta Cristina no puede mantener sus derechos a la Corona tras conocerse el escrito del fiscal Pedro Horrach, al que desde El Mundo acusan de actuar como “abogado” de la hermana del Rey. La excepción es La Razón, que en su editorial bajo el titular “Juticia poco ejemplar”, lejos de pedir más contundencia al Ministerio Fiscal sale en defensa de Cristina, “víctima del doble rasero” por ser quien es.
Renuncia obligada
“Una renuncia obligada”, dice El País en su editorial, que reclama que la Infanta Cristina renuncie “a sus derechos a la Corona” cualquiera que sea el resultado del caso Nóos. “Cabe esperar que la Infanta tome la determinación por sí misma; de lo contrario, las Cortes tendrían que ocuparse de ello”, añade el diario de PRISA.
Cristina se ha lucrado
Para El País, “las graves acusaciones que pesan sobre su marido —para quien el propio fiscal pide penas que podrían sumar hasta 19 años de cárcel— responden a presuntos delitos que no habrían sido cometidos si él no hubiera sido yerno del anterior monarca y marido de una de sus hijas (…) Si el propio fiscal constata que doña Cristina se ha lucrado de esos hechos, es imposible mantenerla en la línea sucesoria”.
ABC también pide a Cristina que renuncie
En la misma línea se expresaba ayer ABC, que hoy, sin embargo, obvia el tema. En su editorial del martes, el diario monárquico consideraba que “ante una petición de condena a 19 años de prisión contra su esposo, la Infanta no debe considerarse exonerada de tomar decisiones, porque su integración en la línea sucesoria de la Corona confiere a su situación privada una dimensión pública evidente”.
“El mantenimiento de su estatuto sucesorio es incompatible con el perjuicio que las actividades de su esposo han causado a la imagen a la Corona”, subrayaba ABC.
El Mundo acusa a Horrach de actuar como abogado defensor
Más duro, El Mundo va más allá y acusa al fiscal de “volver a ejercer de abogado defensor de la Infanta”. En su editorial, afirma que Horrach “se empecina en tratar de evitar que la Infanta Cristina se siente en el banquillo por el caso Nóos. Como ya ocurrió anteriormente, Horrach ha vuelto a elaborar un alegato exculpatorio de la Infanta, más propio de un abogado defensor que de un Ministerio Público que tiene el deber de defender el cumplimiento de la ley”.
El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach, a su llegada a los juzgados de Vía Alemania de Palma de Mallorca. EFE
Losantos lo ve un insulto
También en El Mundo, una columna destacada sobre este tema, la de Federico Jiménez Losantos, que se pregunta si los ciudadanos “tenemos derecho a defendernos cuando nos insulta un fiscal”.
“Lo de Horrach pidiendo 20 años de cárcel para Urdangarin y ninguno para su socia Cristina no me parece error, prevaricación o uno de esos delitos que –en otros países, claro– comenten jueces y fiscales. Lo siento como un insulto a la inteligencia, al decoro ciudadano, a la verdad y a la Ley”, escribe Losantos.
La Razón y su "Justicia poco ejemplar"
A Horrach y, sobre todo, a la Infanta, les sale a defender, como era de esperar, La Razón con un titular que, de primeras, llama a confusión: “Justicia poco ejemplar”. No se llame a engaño. De lo que se queja el periódico de Marhuenda no es de que, dado el trato a la Infanta, la Justicia no es igual para todos, sino de que a la hermana del Rey no se le haya tratado con justicia.
Cristina, una víctima
“Doña Cristina ha sido víctima de uno de esos ‘matices interpretativos’ que, en forma de ingeniería procesal, empiezan a ser recurrentes en nuestra judicatura”, se afirma en el editorial de La Razón, que carga contra “el doble rasero” aplicado contra la Infanta por “sus circunstancias personales, es decir, por ser quien es”.
'Linchamiento' popular
“En unos términos tan poco habituales en la literatura forense que deberían hacer reflexionar a la opinión pública sobre los límites de la ejemplaridad justiciera, impartida al calor de una presentida indignación social, de imposible determinación. No todo vale, como se afirma en el escrito fiscal, en la persecución de los delitos, por mucha indignación que causen en el conjunto de la ciudadanía, y mucho menos cuando parece evidente que las circunstancias personales del justiciable condicionan la correcta aplicación”, se lamenta el diario.
“Es muy probable que las apelaciones al principio de igualdad no encuentren demasiado eco en una opinión pública constantemente sobresaltada por casos de corrupción, pero no por ello se debe renunciar a una recta aplicación de la Ley”, añade La Razón.
