El juez Eloy Velasco ha supervisado 16 registros y ordenado la detención de 13 personas en la ‘operación Frontino’, que es el nombre dado a la actuación sobre la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas, (Acuamed). Entre los detenidos, el director general, Arcadio Mateo del Puerto, al que el Ministerio de Justicia se ha apresurado a decir que destituirá en unas horas…



Cuatro de Agricultura, dos de Hacienda, dos abogados del estado...
Pero ¿y quienes tenían que supervisar el trabajo de Mateo del Puerto? Nos referimos a los miembros del Consejo de Administración, nombrados uno a uno por los diferentes órganos del Gobierno ¿Qué hacían mientras, supuestamente, sucedían operación tras operación desfalcos del dinero público? ¿Para qué están allí?

Porque, esto es lo primero, hay que recordar que Acuamed es una empresa pública y, como tal, está controlada y regida por un Consejo de Administración en el que están presentes diferentes ministerios, y la propia estructura de Presidencia del Gobierno.

Así, puesto que depende directamente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, su presidente es nada menos que el Secretario de Estado del departamento de Medio Ambiente, Pablo Saavedra. Y del mismo ministerio figuran, como vocales, dos directores generales y un subdirector general. Además de Hacienda está presente una Jefa de Unidad y el Secretario General de Patrimonio y el Auditor Nacional Jefe de División. También está de Economía presente un Asesor del propio Ministro.

También están en el Consejo de Administración de Acuamed, y resulta resaltable, dos Abogados del Estado. Uno del propio ministerio de Hacienda. Otro, Abogado del Estado en Valencia.

...Y dos que trabajan con los 'jefes' de Moncloa
Y luego dos que trabajan directamente en Moncloa, adscritos a Presidencia. Uno, quizás el más llamativo, Eduardo Ribas Steegmann, es nada menos que el Director del Gabinete del Secretario de Estado de relaciones con las Cortes. Secretario de Estado, José Luis Ayllón, que es mano derecha de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, a la que acompaña como sombra desde que entre los dos dirigían el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso durante la última legislatura de Zapatero. La otra presencia de Moncloa es la de la Asesora del Departamento de Asuntos Jurídico-Institucionales del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. O si lo prefieren, una asesora de Jorge Moragas, el ‘hombre de Rajoy’.

A ellos dos podría, en realidad, añadírsele el detenido y, pre-cesado cuando escribimos esta crónica, director general, Arcadio Mateo, que antes de ser nombrado para este puesto en los inicios de 2012 ocupaba una posición de ejecutivo en el Banco de Santander. Banco del que llegó, y al que regresó cuando acababa la pasada legislatura, Jaime Pérez Renovales, el subsecretario y amigo personal de Soraya Sáenz de Santamaría.

¿Cómo pudieron no saber nada de los que estaba pasando todos estos miembros del Consejo de Administración de Acuamed? ¿Para qué formaban parte de una empresa pública en la que, según los investigadores, se realizaban contratas a dedo, se troceaban otros contratos y unos más se inflaban cuando incluso estaban ya casi acabados los trabajos?

Una cosa es cierta, todos ellos, los miembros del Consejo recibían remuneración por su trabajo. Unos, los que están por debajo del puesto de director general, en forma de dietas pagadas por la propia Acuamed. Los  otros, porque veían reflejada sus presencia en mejora de su plus de complemento por productividad.