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La Ejecutiva de Junts per Catalunya, que se ha reunido en la tarde de este jueves, ha rechazado apoyar los dos decretos de vivienda que el Gobierno llevará este viernes al Congreso de los Diputados tras aprobarlos el martes en el Consejo de Ministros. Con esta decisión de los neoconvergentes y la aritmética parlamentaria, los dos decretos caerán derogados del pleno extraordinario que se convocó para aprobar estas medidas urgentes tras el descontento social por los desahucios y la acampada que se ha montado en varias ciudades de España para reclamar decisiones en cuanto a la crisis de vivienda. Además, desde Junts han pedido la retirada de los decretos, así como solicitar un nuevo texto que "comience a revertir la grave situación de la vivienda".
En el comunicado que Junts ha lanzado a última hora de este jueves, consideran que "muchas de las medidas incluidas provocarán el efecto contrario de lo que pretenden", y aseguran que reducirán la oferta de viviendas de alquiler, incrementarán los precios y dificultarán aún más el acceso a la vivienda de las personas con menos capacidad económica.
Por ello, desde Junts piden un nuevo texto y señalan que cuando esté listo, el partido pedirá que se convoque un Consejo de Ministros para aprobarlo mediante un nuevo real decreto ley: "En estas condiciones, Junts per Catalunya dará su voto favorable".
Junts ha sido la última formación en desvelar la orientación de su voto y todo el peso y la responsabilidad recaía en ellos, ya que la aritmética parlamentaria permitía a sus siete diputados decidir si la balanza recaía en la convalidación o en la derogación. Mientras PSOE, Sumar, ERC, BNG, Bildu y Podemos habían anunciado que votarían a favor de ambos decretos, PNV y Coalición Canaria habían señalado que apoyarían el primero de los decretos, el conocido como 'decreto Maricarmen', pero rechazarían el segundo, el relativo a la prórroga automática de los alquileres. Por su parte, Partido Popular y Vox ya habían anunciado su 'no' a ambos, posición a la que finalmente se ha sumado Junts.
Así, en la tarde de este jueves todo apuntaba a que el primero de ellos iba a salir adelante y que el segundo no lo conseguiría. Se trataba del más amplio, el que, por ejemplo, vetaba la compra de inmuebles a fondos buitres y prorroga hasta 2030 la prohibición desahucios a personas vulnerables. Aunque desde Junts Miriam Nogueras ya había lanzado anteriormente alguna advertencia desde el Congreso, señalando que no iban a tener "miedo" de quemarse "para continuar defendiendo los intereses de las familias catalanas", esta decisión ha caído como un saco roto en el Gobierno, que tiene que buscar una solución al descontento social que acampa en las calles.
Las razones de Junts para rechazar los decretos
Desde Junts, a través del comunicado, señalan que "muchas de las medidas incluidas provocarán el efecto contrario de lo que pretenden", y aseguran que reducirán la oferta de viviendas de alquiler, incrementarán los precios y dificultarán aún más el acceso a la vivienda de las personas con menos capacidad económica. De la misma forma, advierten de que con menos oferta los inquilinos "tendrán que competir entre ellos por un número cada vez más reducido de viviendas".
También defienden que "no se paran los fondos buitre" ya que, con el redactado actual, considera que estas entidades podrán continuar adquiriendo viviendas y promoviendo desahucios de inquilinos vulnerables.
Asimismo, sostienen que con estos decretos "no se resuelve adecuadamente la protección de los inquilinos vulnerables", porque no se garantiza el pago por parte de la Administración y consideran que determinadas medidas "suponen la expropiación por decreto del ahorro de tres generaciones de familias", y que buena parte de las viviendas que acaben saliendo del mercado de alquiler para ponerse a la venta difícilmente serán accesibles para la clase media y trabajadora.
"En resumen, una norma que pretendía proteger el acceso a la vivienda acabará haciendo más difícil encontrar un piso, más difícil pagarlo y más difícil acceder para las familias de clase media y trabajadora", señalan, añadiendo que la Ejecutiva ha aprobado por unanimidad esta decisión.
