La instrucción del caso contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alcanzado un nuevo hito judicial. Este 14 de mayo se celebrará un careo entre Cristina Álvarez, asesora personal de Gómez, y Alfredo González Gómez, vicesecretario general de Presidencia en el momento de los hechos. Este careo tiene como objetivo esclarecer posibles contradicciones entre las declaraciones de ambos en relación con la contratación de Álvarez en 2018.
El juez Juan Carlos Peinado, encargado de la instrucción del caso, ha solicitado este careo tras considerar que existen posibles contradicciones entre las declaraciones de Álvarez y González. La ley permite la celebración de careos cuando se detectan discrepancias significativas entre los testimonios de los convocados. Sin embargo, un análisis detallado de las declaraciones de ambos comparecientes sugiere que sus versiones sobre la contratación de Álvarez coinciden en aspectos clave.
La contratación de Cristina Álvarez
Cristina Álvarez fue contratada en julio de 2018 como asesora personal de Begoña Gómez, un puesto que ha sido habitual para las esposas de presidentes del Gobierno anteriores. Según la información disponible, Álvarez desempeñó funciones de confianza, incluyendo la gestión de la agenda y la coordinación de actos oficiales. Su contratación fue propuesta por el Gabinete de la Presidencia y firmada por el vicesecretario general de Presidencia, Alfredo González.
En su declaración como testigo el 20 de diciembre de 2024, Cristina Álvarez explicó que fue contactada por Begoña Gómez tras la llegada de esta a La Moncloa. Álvarez afirmó que Gómez le propuso ocupar el puesto de asesora personal, destacando la importancia de la "confianza" en su relación laboral. Álvarez también mencionó que su puesto dependía del Gabinete de la Presidencia.
Por su parte, Alfredo González Gómez declaró el 26 de febrero de 2025 que la propuesta de contratación de Álvarez partió del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. González precisó que, aunque él firmó el nombramiento, las propuestas le llegaban desde los distintos órganos de Moncloa. En el caso de Álvarez, González dejó claro que la propuesta de su contratación partió del Gabinete de la Presidencia, y no de la Secretaría General de Presidencia que dirigía entonces Félix Bolaños.
José María de Pablo, abogado de Cristina Álvarez, ha solicitado al juez una aclaración de los motivos que sustentan la celebración del careo y que se detallen los supuestos puntos de desacuerdo entre ambos comparecientes. En su escrito, la defensa argumenta que, tras revisar el contenido de las declaraciones, no ha identificado ninguna discordancia ni contradicción entre lo manifestado por Álvarez y González. Al contrario, considera que las declaraciones son absolutamente coincidentes.
Imputación de Juan Jesús Güemes
La instrucción del caso ha incluido la imputación de Juan Jesús Güemes, vicepresidente económico del IE Business School, por presuntamente haber mentido en su declaración. El juez Peinado considera que Güemes tergiversó la información sobre la contratación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en el IE. Güemes negó que la contratación de Gómez estuviera vinculada a su condición de esposa del presidente, pero el juez sostiene que su testimonio no coincide con el de la directora de Recursos Humanos del instituto.
Declaración de Félix Bolaños
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, también fue citado a declarar como testigo el 16 de abril de 2025. Durante su comparecencia, Bolaños defendió la legalidad del nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez. El ministro argumentó que el nombramiento fue tramitado por el vicesecretario general Alfredo González a solicitud del Palacio de la Moncloa y que se trata de un cargo eventual de libre designación. Sin embargo, el juez acusó a Bolaños de evasivas y le advirtió sobre la posibilidad de ordenar un careo para contrastar su testimonio con el de Alfredo González.
En el marco de la investigación, el juez Peinado ha imputado más recientemente a Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en Madrid, por un presunto delito de malversación de fondos públicos relacionado con la contratación de Cristina Álvarez. Martín Aguirre, como ex secretario general de la Presidencia, era el superior jerárquico de la asistente. Sin embargo, el juez ha descartado responsabilidad penal para Álvarez y Gómez por no haber intervenido en el nombramiento ni en los pagos.
Esta actuación del juez Juan Carlos Peinado ha generado críticas desde diversos sectores. El ministro de Transición Digital y Función Pública, Óscar López, ha acusado al juez de "prevaricar" tras la tergiversación de la declaración de una testigo en el caso contra Begoña Gómez. López considera que el juez ha utilizado una mentira para imputar a otra persona y ha señalado que la instrucción se ha alargado sin encontrar pruebas sólidas.