Juez Andreu: “Usan la justicia como moneda de cambio de intereses económicos”

No se mordió la lengua el juez Fernando Andreu durante su intervención en la segunda jornada del Congreso Internacional de Jurisdicción Universal organizado por la Fundación que preside Baltasar Garzón. Con dureza, el magistrado de la Audiencia Nacional denunció que “utilizan la justicia como moneda de cambio de intereses económicos” y calificó de chapucera la reforma realizada por el Partido Popular que ha provocado ya la excarcelación de 43 narcotraficantes.

El magistrado resaltó que los jueces se encuentran ahora con una carrera de obstáculos para ejercer su función merced a la nueva ley que les impide investigar las causas cometidas en el linde de nuestras fronteras.

Inconstitucionalidad de la reforma
La posible inconstitucionalidad de esta reforma es un tema que Andreu ha venido planteando desde que se aprobó. No hay que olvidar que se ha visto obligado a poner en libertad a ocho narcotraficantes a causa de esta modificación y que en su juzgado se han instruido sumarios complejos como la matanza de 14 civiles, ocho de ellos niños, cuando Israel bombardeó una vivienda en busca de un líder de Hamas.

El archivo que pidió Israel en 2009
La admisión de la querella a causa de estos hechos por parte del juez llevó a que Israel reclamara su archivo y a que se produjera la primera reforma de la Ley de Justicia Universal, limitándola. Fue en el año 2009 con el PSOE en el poder. Aún así, esta primera reforma permitía trabajar a los jueces en aplicar la justicia universal y en la investigación del crimen organizado. Ahora ya no.

Ruanda en su equipaje
Con sumarios en su equipaje como el del genocidio de la etnia hutu en Ruanda y en el Congo, Andreu habla con propiedad cuando refirió los problemas de falta de cooperación o de “injerencias” en la separación de poderes. Sobre todo habló de las víctimas, de la importancia que tiene el que alguien las escuche y rindió un personal homenaje a los españoles muertos cuyos casos se investigan en su juzgado.

La justicia como trueque
Frente a este momento de recuerdo, el magistrado volvió a usar un tono duro al manifestar su preocupación por lo que esta reforma provoca, el desamparo de las víctimas. “Me causa desazón que se trata a la justicia como un producto comercial. Que se pueda decir: ‘Te quito esta querella si me tratas bien la deuda'. Usan la justicia como moneda de cambio de intereses económicos”, denunció.

“China, su verdadera cara”
En una línea parecida se expresó otro de los participantes en el foro, el abogado del caso Tíbet en España José E. Esteve cuando dijo que la causa del Tíbet evidenciaba “la verdadera cara de China, que en ese momento se encontraba en una campaña internacional para lavar su imagen”.

La carta de la embajada
Añadió que la incomodidad que provoca en los estados la investigación de estos crímenes ha quedado manifiesta en el caso Tíbet: “Ante las evidencias, la embajada China exigió, con una carta al Ministerio de Exteriores, el archivo de esta causa. Cinco días después se conoció la reforma que limita la LOPJ. Este fue el primer caso que se cerró”.

Autodeterminación del Sáhara
También la voz de las víctimas estuvo presente gracias al ministro saharui de los Territorios Ocupados, Mohammed Louali, quien relató la vulneración de los derechos y el bloqueo de información que han sufrido la población saharaui desde la década de los 70. Louali concluyó reclamando que la comunidad internacional condene el régimen marroquí y facilite la autodeterminación del Sáhara.

Presión política contra la Jurisdicción Universal
Procedente de otro continente, el catedrático de Derecho Penal estadounidense Kenneth Mann denunció por su parte la presión política a la que se ha sometido la Jurisdicción Universal y la privación de los derechos de los acusados. Mann se mostró preocupado por la “realpolitik”, y la inquietud de los tribunales por la legitimidad, dos de los límites impuestos por los gobiernos actuales que han minimizado la acción de la Jurisdicción Universal.

Evitar cualquier tipo de sanción
“La ‘realpolitik’ se traduce en el deseo de los acusados y de los Estados de evitar cualquier tipo de sanción, mientras que la legitimidad hace referencia a la inquietud auténtica y genuina de los tribunales de si están autorizados para trabajar a escala mundial”, ha explicado.

¿Legisladores legitimados?
Las limitaciones impuestas por la presión política han desteñido el derecho de la Jurisdicción Universal en los países que antes lideraban la defensa de los Derechos Humanos, expuso. Sin embargo, según ha expresado Mann, muchos estados “se han enfrentado a esta limitación añadiendo enlaces de vinculación como la residencia o la nacionalidad de las víctimas o criminales. Los legisladores así pueden afirmar que están legitimados.”

España: recuperar la legitimidad
Uno de los países que han efectuado estas limitaciones recientemente ha sido, como es sabido, España. Pese a ello, Mann ha alabado la labor de los jueces españoles en los procesos de Jurisdicción Universal en el pasado y ha animado a los activistas y personas de derecho a recuperar la legitimidad de este derecho.

La gravedad del crimen, único requisito
“Hay que encontrar el punto de unión entre la robustez pasada que ostentaba la Jurisdicción Universal y las enmiendas que ahora la limitan”, ha declarado el abogado, para quien la gravedad del crimen cometido debe ser el único requisito que se debe tomar en cuenta.