Las nuevas tasas judiciales, publicadas ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), entrarán en vigor “en unas semanas” y no de manera inmediata como era de esperar. El Gobierno espera ingresar 306 millones de euros, que representa el 10% de su presupuesto.
Los temas que quedan exentos de pago
Quedan exentos de cobro los asuntos penales, que representan el 72% del total. También determinados pleitos en los que estén en juego derechos fundamentales y algunos de los que tienen que ver con causas de familia y menores. Igualmente, estará exentos de pago la primera instancia de pleitos de lo social, como pueden ser demandas de despido.
De 100 a 1.200 euros
Con la nueva norma, una reclamación por una deuda costará 100 euros (la tasa más baja), mientras un recurso de casación ante el Tribunal S.upremo, 1.200 euros (la más alta). Son tasas fijas a las que habrá que sumar la variable que resulte de multiplicar por 0,5% el importe que se reclame en el pleito. Si no se reclamara dinero o no estuviese cuantificado, la tasa variable será de 90 euros.
El PSOE recurre al Constitucional
El PSOE ha anunciado que presentará recurso ante el Tribunal Constitucional al entender que la nueva norma vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y rompe con la igualdad que proclama la ley fundamental. Alfredo Pérez Rubalcaba consideró la medida del Gobierno “un retroceso más” en el “sistema de derechos y libertades” y acusó al PP de utilizar la crisis “como coartada para imponer un cambio muy profundo y cargado de ideología”. “La derecha española nunca se había atrevido a tanto”, afirmó el líder socialista.
El Gobierno se justifica
El subsecretario de Justicia, Juan Bravo, ha recordado, en declaraciones recogida por El País, que el Constitucional ya se ha manifestado en varias ocasiones avalando la legitimidad de las tasas, siempre que se “respetan el principio de proporcionalidad en función de la capacidad económica de los ciudadanos” y ha asegurado que “el diseño de esa nueva ley de tasas respeta ese principio”. Sin embargo, jueces, fiscales, abogados y los partidos políticos en la oposición creen que con la nueva norma el Gobierno divide a los ciudadanos entre “ricos” y “pobres”.
Volvemos a los 80
Lo cierto es que con el tasazo de Alberto Ruiz-Gallardón España vuelve a antes de 1986, cuando el Gobierno de Felipe González anuló las tasas judiciales, al derogar una ley de 1959. José María Aznar recuperó el pago, aunque a medias, en 2003, para grandes empresas. El pago se reintrodujo en 2003, con el Gobierno de José María Aznar, pero solo para grandes empresas. A partir de ahora todos los ciudadanos habrán de pagar por presentar una demanda civil o un recurso contencioso administrativo. Justicia prevé ingresar 306 millones de euros por esta vía (el 10% de su presupuesto, menos que en otros países europeos).
Jueces, fiscales y letrados se unen contra el tasazo
El Consejo General de la Abogacía y los representantes de las asociaciones de jueces y fiscales han acordado formar un frente común contra el incremento de las tasas judiciales. Representantes de la Abogacía y portavoces de las asociaciones de jueces y fiscales acordaron este martes "crear un cauce permanente de comunicación y de coordinación de acciones" con el objetivo de "aunar esfuerzos" en la mejora de la Administración de Justicia, según explicaron. En la reunión, de la que da cuenta El Mundo, participaron el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, junto con la vicepresidenta y el secretario general técnico, Victoria Ortega y Antonio Ruiz-Giménez, y los magistrados Teresa Sáez, José Luis González Armengol y Ángel Dolado, dirigentes de la Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente. Es la primera vez que se celebra un encuentro de esas características. La Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales también ha dicho que comparte la oposición a la nueva ley de tasas.
Los sindicatos
El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) ha manifestado su oposición a la nueva Ley de Tasas porque cree que les convierte en “meros recaudadores” y va “contra la ciudadanía”. Los sindicatos CC OO, UGT, CSIF y USO rechazaron también las nuevas tasas judiciales. La asociación de consumidores Facua considera que esta ley “abre la puerta a que las empresas se nieguen a acatar las decisiones del sistema de arbitraje, al obligar a los consumidores a pagar un mínimo de 200 euros para exigir su cumplimiento”.
