El pasado 3 de agosto, Juan Carlos I anunciaba, a través de una carta a su hijo Felipe VI, su marcha de España a un paradero desconocido. Tras varias semanas de especulaciones y preguntas sobre dónde se encontrará el emérito, ya hay respuesta: Emiratos Árabes. Se trata de un estado con condiciones beneficiosas para el Emérito, pues no existe un acuerdo de extradición con Suiza, uno de sus tres frentes judiciales abiertos, según El Confidencial. 

De momento, el monarca ha decidido instalarse en Emiratos Árabes tras los tres frentes judiciales que le persiguen sin cesar: dos en España y uno en Suiza. Unas investigaciones que tratan de esclarecer desde el supuesto blanqueo de dinero hasta el paradero de las “donaciones” que atañan al rey.

Por este motivo, Juan Carlos I ha buscado la fórmula para evitar uno de las dos zonas de riesgo de extradición. El Emérito ha decidido esquivar la vía suiza, ya que el país helvético no tiene convenio con el estado de Oriente Medio, aunque estos últimos sí lo tienen con España.

En el año 2009, España creó un convenio con Emiratos Árabes destinado a aumentar la cooperación entre ambos países en la lucha contra la delincuencia. En el acuerdo, y siempre que se cumplan una serie de requisitos, ambos países pactaron la extradición de cualquier persona siempre que sea reclamada para un juicio, o para la imposición o cumplimiento de una condena.

Según fuentes consultadas por El Confidencial, el emir cuenta con la autoridad última para avalar o rechazar la entrega de cualquier ciudadano, incluyendo a España.

De momento, Don Juan Carlos se encuentra en Abu Dabi, bajo el amparo y protección del príncipe heredero Mohamed Bin Zayed, quien es el presidente de facto del país, además de la persona que, según Corinna Larsen, obsequió en 2011 al por entonces príncipe Felipe con un Ferrari. 

En este convenio también está pactado que el acuerdo se puede romper si conlleva consecuencias graves en la persona reclamada como problemas de salud, edad o que el delito se haya cometido fuera del territorio del Estado que lo requiere.

Por otro lado, el acuerdo especifica que la acusación tiene que existir en ambos países, es decir, si condenan al rey por blanqueo de dinero, en Emiratos Árabes también debe existir unas leyes que consideren que el blanqueo de dinero es delito. En caso contrario, se deberán buscar otras acusaciones que compartan en ambos países.

"Cuando la solicitud de extradición se refiera a una persona condenada por un delito de esa clase a la que se reclame para el cumplimiento de una pena de prisión u otra pena privativa de libertad, solo se concederá la extradición si le quedan por cumplir, por lo menos, seis meses de la pena", reza el acuerdo que firmaron en 2009 España y Emiratos Árabes Unidos. 

En todo momento, la defensa advirtió que la intención del Emérito no era huir. Poco después de anunciar su marcha, el abogado de Juan Carlos, Javier Sánchez-Junco Mans, publicó que la decisión de este no afectará a las pesquisas de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que investiga “la donación” que recibió de Arabia Saudí de 2008 con un valor de100 millones de dólares. Ante esto, la Fiscalía intenta esclarecer si fue una “donación” para la construcción del AVE a la Meca, adjudicada a un consorcio español tres años después.

"S.M. el rey D. Juan Carlos me ha dado instrucciones para que haga público que, no obstante su decisión de trasladarse, en estos momentos, fuera de España, permanece en todo caso a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que se considere oportuna", comunicó el abogado. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una entrevista concedida a la Cadena SER, afirmó que, de ser reclamado, Juan Carlos contestaría de manera inmediata. "Si la Justicia lo buscara, el Rey comparecería enseguida. Estoy convencido de que cuando la Justicia lo llame, comparecerá. Hay que dejar que la Justicia cumpla con su papel constitucional", sentenció.

Tres frentes abiertos

Aunque Juan Carlos I puiera rumbo a Emiratos Árabes, las investigaciones en España y Suiza siguen su curso. Actualmente, el Emérito no está amparado por la protección que le brinda la Constitución: la inviolabilidad. Ésta concluyó el pasado junio de 2014, cuando abdicó en favor de su hijo, Felipe VI.

Sin embargo, aunque esté investigado por presuntos delitos de blanqueo de dinero o delitos fiscales, ninguno de los tres frentes se ha tratado como una causa judicial en contra del Emérito.

De momento, la Fiscalía dispone de indicios sobre blanqueo y delitos fiscales, pero trata de averiguar si Juan Carlos queda amparado por la protección que tenía durante su mandato o no. Lo único claro es que esta decisión no tendrá una breve resolución.

Por otro lado, los fiscales españoles y suizos están de acuerdo en el origen de las investigaciones. En su momento, Corinna Larsen declaró ante una lista de irregularidades sobre Juan Carlos I al comisario Villarejo, así como el ingreso millonario bajo el título de una sociedad panameña. En el año 2008, Juan Carlos I recibió una “donación” de 100 millones de dólares del monarca de Arabia Saudí, país que encabeza la lista de paraísos fiscales, a la que volvió por una decisión del Consejo de Ministros de Finanzas de la UE (Ecofin) en 2019. Las autoridades judiciales de España y Suiza tratan de determinar si esta gran suma de dinero fue en realidad el cobro de una comisión para el AVE a la Meca a empresas españolas tres años después.

En contrapartida, se le añade un tercer frente. El juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, pactó a finales de julio la reapertura de la pieza ‘Carol’ e imputó a Larsen, Villarejo y Villalonga, que tendrán que presentarse para declarar el próximo 7 y 8 de septiembre.

El juez quiere aclarar si Corinna Larsen contrató al comisario para que investigara a un asistente personal que trabajaba con ella y podía estar filtrando información de su vida privada.