Compromís y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) registraron este jueves en el Congreso de los Diputados una solicitud para que se realice una comisión de investigación “relativa a las presuntas ilegalidades cometidas por el ex Jefe del Estado, Juan Carlos de Borbón, y para determinar, en su caso, las consiguientes responsabilidades éticas y políticas”.

La formación valenciana ha decidido insistir en que se investiguen las actividades del padre de Felipe VI después de la que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón solicitara, en una comisión rogatoria a las autoridades suizas, todas las indagaciones que la justicia del país helvético ha realizado desde 2018 sobre los presuntos testaferros del exmonarca.

Los 100 millones de euros que habría recibido Juan Carlos I del régimen de Arabia Saudí y la presunta entrega de 65 millones de euros a su amiga íntima, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, han señalado a la figura del emérito a nivel internacional. Para los grupos firmantes de la solicitud entregada en la Cámara Baja, a los que se han adherido Más País y Unidas Podemos, entre otros, estas nuevas noticias vuelven a abrir el debate sobre las actividades privadas del monarca.

“Desde Compromís creemos que las nuevas noticias que cada día van apareciendo respecto a la figura del rey Juan Carlos ponen en entredicho su comportamiento poco ético e incluso presuntamente delictivo”, expone a ElPlural.com Joan Baldoví. El dirigente ahonda en esta idea, reconociendo que “más allá de que triunfen o no las iniciativas de Compromís y otros partidos, se ha abierto ya un debate que finalmente acabará en la exigencia de responsabilidades a un rey que presuntamente actuaba por encima de las atribuciones que le confería la Constitución”.

Y es que es aquí donde está el factor diferencial. La formación entiende que la inviolabilidad que le confiere la Carta Magna no es atribuible a todas aquellas responsabilidades que se escapan de la CE: “Hay demasiadas preguntas sin responder. Un rey no puede tener dinero en paraísos fiscales, ni hacer regalos desde estas cuentas".

“En definitiva, entendemos que cada día se pone más en entredicho su figura. Es necesario que se abra un debate sobre su presunta inviolabilidad, que nosotros entendemos que afecta únicamente a las funciones que le reservaba la Constitución, y no en aquellas de tenencia de dinero en paraísos fiscales. Sus actividades privadas deben ser investigadas por salud democrática y por salud de la propia institución”, sentencia el diputado.