La intensidad de las causas que afectan al Gobierno: Zapatero, tipo 2

Durante su comparecencia en el pleno monográfico sobre corrupción en el Congreso de los Diputados celebrado el pasado 24 de junio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estableció tres baremos de judicialización política en varios de los casos que acechan las irregularidades de su entrono político y familiar. 

"Soy plenamente consciente de que en estas últimas semanas el debate publicado ha sido colmatado por un reguero de noticias judiciales, noticias que se suceden en nuestras pantallas, mezclándose con rumores, con medias verdades, con bulos, provocando en consecuencia una legítima preocupación y una confusión razonable en la ciudadanía. Quiero decir a esos ciudadanos y ciudadanas que sepan que no le resto, en absoluto importancia", arrancó Sánchez. "Quieren crear una sensación de corrupción generalizada que no existe", sostuvo en su primera intervención. 

Entonces, Sánchez quiso elaborar su discurso de defensa política en base a varias cuestiones. La condena a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, la imputación de Zapatero y la investigacion del caso Plus Ultra, el caso de las presuntas cloacas de Leire Díez y las causas abiertas contra su hermano y su mujer. "En este país, como gran democracia que es, no debe haber ningún espacio para la impunidad de personas corruptas, sean quienes sean", confesó al valorar la sentencia del caso Koldo, que aseguró que su Gobierno "respeta y acata".

Sobre el resto de investigaciones, aún quedan cuestiones por dirimir, pruebas que aportar”, dijo Sánchez. “Jamas conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas (...) Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí y a mi familia (...) cuando gobernaba el PP”, señaló al referirse al caso de la exmilitante socialista y compararlo con el caso Kitchen durante el mandato de Mariano Rajoy.

Otro de los ejes de su discurso se centró en las causas de su entorno familiar. Justo en el día en que el juez Peinado obligó a su mujer a entregar el pasaporte como medida cautelar, una medida que "sobrepasa el límite de lo razonable" para el presidente. "Para mí no es fácil hablar de ellos, porque afectan a personas que quiero y porque sé, sin el más mínimo grado de duda, que se construyen sobre acusaciones infundadas, sobre un patrón de acoso y derribo", señaló

"Primero el bulo en forma de titular, después la denuncia y, por último, el daño. Un daño reputacional que evidentemente juega con los tiempos distintos que tiene la justicia a los tiempos que tiene la política y los medios de comunicación", resumió Sánchez, que también ha criticado que PP y Vox por ello. "No voy a usar esta tribuna para reivindicar la inocencia de mi familia. Lo harán ellos mismos en los tribunales", mantuvo Sánchez antes de que condenaran e inhabilitaran a su hermano.

Tras ello, el presidente del Gobierno pasó a cerrar filas con José Luis Rodríguez Zapatero. “Primero, en su Gobierno no hubo un solo escándalo. Segundo, hace 15 años que no ostenta un cargo público. Tercero, le avala como a pocos, por tanto, la presunción de inocencia”, defendió desde la tribuna de oradores. “Ha defendido con gran convicción la legalidad de su actividad privada (...) Y esa convicción y su trayectoria política explica la confianza que nos merece, que me merece a mí personalmente”, dijo. 

Durante días y semanas inmediatamente posteriores, el Ejecutivo asumió el desgate de la defensa incondicional al expresidente del Gobierno, proclamando su inocencia desde todos los altavoces oficiales, incluida la mesa del Consejo de Ministros. Ahora, en su reivindicación de la figura de Zapatero, sí se reconoce la asunción de riesgos. Más, si cabe, cuando ya hay cargos del PSOE que urgen, tal como publicara a ABC, a marcar diferencias. 

A diferencia de otros casos que afectan al entorno del Gobierno, Moncloa ha optado por una posición mucho más prudente respecto a la investigación sobre Zapatero. El Ejecutivo se limita a defender su presunción de inocencia y evita cuestionar la causa o pronunciarse sobre el fondo del asunto, alegando que la investigación está en una fase inicial. Además, asegura no haber solicitado explicaciones adicionales al expresidente, ni siquiera sobre las joyas halladas en su despacho de Ferraz.

Esta convicción se encuadra casi en el plano de lo personal, en una “posición más honrada” que estratégica, despojándola de cualquier cálculo político que invitaría a elevar la prudencia. 

Desde el Gobierno rechazan las sospechas sobre el rescate de Plus Ultra y sostienen que la operación se ajustó plenamente a la legalidad y a todos los procedimientos establecidos. Además, subrayan que la ayuda ha superado posteriores revisiones judiciales y europeas, por lo que consideran injustificadas las dudas y defienden que no existía necesidad de ninguna intermediación para aprobar un préstamo que, aseguran, cumplía todos los requisitos exigidos. 

En Moncloa admiten, no obstante, que el escenario que representa Zapatero es distinto al del resto de investigaciones que afectan al entorno del Ejecutivo. Si las causas relacionadas con Begoña Gómez o el hermano del presidente fueron enmarcadas desde el primer momento en una supuesta estrategia de lawfare destinada a desgastar al Gobierno, el caso del expresidente ha sido situado en un plano diferente: sin cuestionar abiertamente la actuación judicial, pero manteniendo un respaldo político basado en su trayectoria institucional y en la presunción de inocencia.

Esa diferencia revela que el Ejecutivo ha terminado estableciendo una gradación propia entre las investigaciones que rodean al PSOE. Un primer nivel, reservado a aquellas causas que considera fruto de una ofensiva política y judicial contra Sánchez; un segundo escalón, en el que sitúa a Zapatero y al rescate de Plus Ultra, donde opta por defender la legalidad de las actuaciones sin confrontar con los jueces; y un tercer ámbito, el de los procedimientos ya judicializados que afectan a antiguos dirigentes socialistas, como el caso Koldo, donde el Gobierno insiste en respetar las resoluciones judiciales mientras trata de limitar el desgaste político.

Con esa clasificación implícita, el Ejecutivo busca modular su respuesta en función de la naturaleza de cada investigación y de su impacto sobre la estabilidad del Gobierno. Sin embargo, la evolución de las diligencias y la acumulación de procedimientos abiertos mantienen a Moncloa ante un delicado equilibrio: sostener el discurso de la presunción de inocencia sin asumir un coste político creciente si las investigaciones continúan avanzando.