Los instructores del 'caso Koldo' avalan el informe de la UCO y confirman que no hay "indicios delictivos" contra Torres

Poco después de conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con el que se desvincula al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, del 'caso Koldo', y después de que el titular de la cartera haya anunciado su demanda contra el conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, son ahora los propios instructores del 'caso Koldo' quienes confirman que no existen "indicios delictivos".

Según ha adelantado la Cadena SER, después de analizar el último informe, los investigadores de la causa sostienen que no ven indicios "para elevar exposición razonada al Tribunal Supremo contra Torres". Asimismo, estas mismas fuentes han confirmado a la SER que en caso de que existieran indicios, el magistrado del Supremo Leopoldo Puente habría retrasado el auto hasta concretar las pesquisas. 

Todo ello se produce el mismo día que Torres ha anunciado en rueda de prensa desde sede ministerial una demanda contra De Aldama. Después de que este lunes la UCO publicara el informe sobre la trama Koldo con el que se ha confirmado que no existen indicios para investigar al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, en la tarde de este martes el titular de la cartera ha comparecido en la sede ministerial para ofrecer su valoración una vez se ha conocido la totalidad de dicho informe.

En rueda de prensa y a razón de todo ello, Torres ha anunciado una demanda contra el empresario conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, por las graves acusaciones que ha vertido sobre él y que, con el último informe de la UCO, han quedado tumbadas. "Me acusó de usar pisos, tener reuniones con refinería, me acusó de cuestiones tremendamente graves, si tuviera relación estrecha habría muchos más mensajes y conversaciones", ha señalado el ministro. Tras ello, ha procedido a anunciar que presenta demanda contra De Aldama "por intromisión al honor personal, la intimidad y la propia imagen". "Me alegro por mi familia, ningún representante público debe soportar mentiras contra su honorabilidad, la de su familia, su entorno. El informe culmina que tenía yo razón. Seguiré defendiendo la honorobalidad en la vida pública aunque eso suponga el daño a mi entorno más íntimo", ha esgrimido Torres.

Por otra parte, sobre la relación del ministro con el conseguidor de la trama, Torres ha asegurado que "solo hay un mensaje enviado por el señor De Aldama, de un teléfono" que no tenía "guardado, en el que se presenta, en el que dice que hemos estado un momento por la tarde, y no hay nada más, porque nada había". Pese a ello, el titular de Política Territorial ha insistido en que De Aldama le acusó "de utilizar pisos, de tener reuniones con refinerías, de cuestiones tremendamente graves".

Con este informe, el magistrado del Supremo ha cerrado la lista definitiva de imputados donde se incluye al ex ministro de Transportes y Movilidad Sostenible José Luis Ábalos; su ex asesor en el Ministerio, Koldo García; y al empresario conseguidor de la trama, Víctor de Aldama. De este modo, el juez deja fuera a Torres, lo que ha corroborado que "no hay mordidas ni peticiones de comisiones ni mujeres explotadas sexualmente ni encuentros en chalet o pisos", tal y como han remarcado fuentes de la cartera que dirige Torres.

El Gobierno celebra el informe y exige "disculpas públicas"

El Gobierno ha celebrado que con el último informe se acredite que no se produjeron “hechos delictivos” y exige “disculpas públicas”. "Ni mujeres explotadas, ni pisos, ni mordidas, ni comisiones ni encuentros con narcotraficantes", sostienen. “Después de más de un año, donde se han analizado por parte de la Guardia Civil las distintas conversaciones del ministro Torres desde el año 2020, la conclusión es que no hay nada delictivo en las mismas. Ni lo va a haber. ¿Se puede permitir en un estado de derecho que se intente, sin la más mínima prueba y con absoluta vileza, destrozar la imagen de una persona y a su familia?”, agregan fuentes del Ministerio. 

Por su parte, Torres ha exigido “disculpas públicas a quienes han dado pábulo y han sido altavoz de todas estas infamias” y apunta que “con respecto a los contratos para la adquisición de mascarillas queda acreditado que se actuó correctamente tal y como han avalado la intervención de la Comunidad canaria, la Audiencia de Cuentas y el Tribunal de Cuentas”.

Todo ello lo defienden después de la publicación del informe en el que se señala que Torres reclamó “pagos pendientes” cuando era presidente de Canarias a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa, a la que se habría adjudicado contratos de mascarillas de forma irregular, por lo que desde el departamento que dirige Torres ven acreditado que no se produjo ninguna ilegalidad. En este sentido, piensan que queda confirmado que se actuó "correctamente" según han sostenido la intervención de la Comunidad canaria, la Audiencia de Cuentas y el Tribunal de Cuentas.