El Consejo de Ministros aprobó ayer en su reunión ordinaria la Ley de Memoria Democrática. En su texto se recoge la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, derogando el real decreto de la abadía de 1957. El Ejecutivo está obligado ahora a abrir una negociación con la Iglesia para definir su futuro. De momento, desde el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha admitido que la Conferencia Episcopal desconoce los planes del Gobierno para Cuelgamuros y ha recordado que la comunidad eclesiástica “ha rezado siempre por la reconciliación de todas las víctimas”.
En su mensaje tras la aprobación del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Carlos Osoro, ha defendido que la cruz del Valle de los Caídos es un símbolo de “amor y entrega”. Asimismo, ha recordado que tanto la Iglesia en general, como la comunidad benedictina en particular, siempre “ha rezado por la reconciliación y por todas las víctimas”.
Gobierno e Iglesia han de abrir una vía de negociación ahora para definir el futuro del Valle de los Caídos en el marco de la resignificación que alberga el nuevo texto normativo, que iniciará los trámites para su aprobación en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, según admitió el prelado en su mensaje en Twitter, la Iglesia aún no conoce “en detalle” el plan que maneja el Gobierno para Cuelgamuros.
La Cruz seguirá
Según han trasladado fuentes gubernamentales, el Ejecutivo no contempla la retirada de la cruz que corona el Valle de los Caídos pese a la resignificación que acoge la Ley de Memoria Democrática.
Lo que sí está en el aire es el futuro de la Abadía, que actualmente ocupan monjes benedictinos y que será objeto de negociación entre Gobierno e Iglesia. Sin embargo, estos últimos han subrayado que no conocen en “detalle” los planes del Ejecutivo.
Exhumación de Primo de Rivera
El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, anunció el martes que, en el marco del anteproyecto de ley, se procederá a la exhumación de los restos mortales del líder falangista José Antonio Primo de Rivera. El Gobierno pretende, al menos, retirarlos de su lugar “preponderante” en el mausoleo.
Bolaños explicó que la ley obligará a la retirada de símbolos, distinciones y títulos nobiliarios a “todas aquellas personas a las que se les concedieron por ser protagonistas de la dictadura o de la Guerra Civil”. El ministro de Presidencia anunció que se pondrían en contacto con la familia de Primo de Rivera para proceder a su exhumación. “Es la manera más sencilla de cumplir la ley”, apostilló.
