En su último artículo en elDiario.es, titulado ‘Siete teras y tres gargantas’ y publicado el pasado martes 17 (*), la periodista especializada en las miserias y fortalezas del mundo judicial Elisa Beni adelantaba algunas claves de la investigación conjunta de su periódico y de La Vanguardia en la que se están aportando pruebas -sólidas para el sentido común pero débiles al parecer para la justicia- de que el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz creó una estructura policial paralela para investigar y calumniar a dirigentes independentistas catalanes, altos cargos de la Generalitat, empresarios y responsables judiciales como el fiscal jefe de Cataluña o policiales como el jefe de los Mossos. 

Estas unidades de policía política elaboraron más de una treintena de informes llenos de falsedades de grueso calibre sobre supuestas corrupciones que desde Interior fueron puntualmente trasladados a la prensa amiga y que esta, sin tomarse la molestia de contrastar su contenido pese al alto voltaje penal del mismo, se apresuró no menos puntualmente a publicar. 

Tales dosieres, han escrito los periodistas José Precedo y Manel Perez que investigan la trama, llegaron en sobres blancos y sin marchamo identificativo de su remitente a la mesa del presidente Mariano Rajoy por conducto de los escoltas de su ministro y amigo Jorge Fernández Díaz, hoy a un paso del banquillo por haber impulsado desde Interior otro operativo parapolicial con el objetivo de arrebatar al extesorero del PP Luis Bárcenas material comprometedor para Rajoy y su partido. 

El alto precio de la calumnia

Quienes hayan leído sus columnas en los periódicos o escuchado sus opiniones en el programa ‘Julia en la onda’ de Onda Cero -la única cadena nacional que por la mañana es de derechas y por la tarde de izquierdas- sabrán que Elisa Beni es una periodista solvente que, casi siempre pero sobre todo cuando lo hace sobre temas de justicia, opina con conocimiento de causa y pertrechada de información obtenida las más de las veces de fuentes propias. 

El artículo mencionado recordaba lo que ya elDiario.es y La Vanguardia han venido diciendo: que en días sucesivos seguirían saliendo a la luz nuevas informaciones sobre lo que su autora describe como una “trama de delincuencia organizada desde el poder gubernamental” que “no costó vidas físicas, como la de los GAL, pero sí ha costado libertades, patrimonios, trabajos y hasta prestigios para muchos ciudadanos inocentes”.

Sustentado presumiblemente en documentos y grabaciones que elDiario.es y La Vanguardia tienen en su poder pero aún no han hecho públicos, el fragmento de ‘Siete teras y tres gargantas’ que llamó singularmente la atención entre quienes lo leyeron en Andalucía fue este:

“Sabremos también [gracias a esta investigación periodística] de los tejemanejes en torno al caso de los EREs, de la dirección letrada de la instrucción por miembros del PP y hasta del verdadero papel de Santa Alaya, la magistrada cuyas imposturas hemos denunciado algunos frente al rol de heroína construido por el PP, que como veremos no era ajeno a lo que ésta hacía, tróley para arriba y tróley para abajo. Es algo conocido. Su ambición no ha llegado a la Audiencia Nacional porque en el propio órgano judicial se han conjurado para evitarlo, sabiendo como saben lo que hay. Y, según me dicen, -remataba Beni- conoceremos en los documentos del escándalo cobros de Aznar más bien turbios y las distintas causas judiciales en las que se sustanció toda la información y los dosieres falsos que se utilizaron para desesperación y daño de centenares de personas. Unas consecuencias cifradas documentalmente en pérdidas millonarias, en días de cárcel no recuperables y en el estrés anímico y social de pasar años sometidos a procedimientos totalmente espurios con el único finalidad de neutralizarlos”. Fin de la cita.

Solo sospechas

Como se sabe, las sospechas sobre el verdadero papel del Partido Popular en la instrucción del caso ERE no son nuevas; de hecho, fueron casi simultáneas al inicio de la controvertida instrucción de la jueza Alaya. Lo difícil siempre fue probar algún tipo de conexión funcional u operativa entre el Partido Popular y la tenaz e incansable pero no siempre justa ni fiable titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Con las conjeturas sobre la complicidad política o el asesoramiento técnico de letrados próximos al PP en la instrucción del caso de los ERE llevada a cabo por Alaya sucede un poco como con las sospechas sobre el papel que pudo jugar el PP en el ‘tamayazo’ que en 2003 impidió al socialista Rafael Simancas arrebatar a Esperanza Aguirre el Gobierno autonómico de Madrid: que nunca pasaron de ser eso, conjeturas, especulaciones, sospechas, todas bien fundadas pero ninguna sustentada en pruebas.

Aun así, aun con todos los excesos que hubiera podido cometer Alaya, no hay que perder de vista que tanto la Audiencia de Sevilla como el Tribunal Supremo coincidieron plenamente con la Fiscalía al apreciar un delito continuado de prevaricación en los procesados, aunque no hubo tal unanimidad sobre el delito de malversación, inexistente para dos de los cinco magistrados del Supremo en los casos de José Antonio Griñán, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Jesús Rodríguez Román y Miguel Ángel Serrano, todos ellos en prisión salvo el expresidente por razones de salud. 

La palabra última -o penúltima, si alguna de las partes acude al Tribunal Europeo de Derechos Humanos- la dirá este año el Tribunal Constitucional, ante el que han recurrido los condenados. Por si se diera el caso de que el tribunal de garantías corrigiera al Supremo, el PP ya ha puesto en marcha una estrategia de deslegitimación del mismo, cuya actual mayoría progresista es motivo más que suficiente, en opinión de Alberto Núñez Feijóo, para temerse que el alto tribunal pretende “suplantar al Supremo”. Jugando con esa baraja jaspeada de calumnias, el PP gana siempre: si el TC tiene mayoría conservadora es un tribunal impecable, pero si la tiene progresista es un fraude. 

Sea como fuere, los abogados de los políticos socialistas andaluces condenados en la macrocausa de los ERE harían bien en estar atentos a lo que La Vanguardia y elDiario.es irán publicando en sucesivas entregas. Seguro que Alaya también lo estará. Y no digamos Aznar, Arenas, Zoido… 

(*) Aclaración. Concluida la redacción de este artículo para El Plural, al consultar de nuevo el texto de Elisa Beni para una última comprobación y para copiar el enlace del mismo advertí que, sin mediar explicación por parte del diario, el párrafo que ha motivado este análisis había sido suprimido. Aunque sea imprudente especular sobre las razones del digital para reeditar el artículo sin las líneas referidas a los ERE, no es improbable que la decisión editorial obedeciera no, desde luego, a que el contenido adelantado por Elisa Beni fuera inexacto, sino más bien a que fuera indiscreto, tal vez por adelantar la columna conclusiones que requerirían ir acompañadas de un mayor aparato informativo o tal vez porque los datos revelados en la columna son parte de una investigación de la que no es titular únicamente el diario que dirige Ignacio Escolar, sino también La Vanguardia. Más allá de esas razones, lo escrito por Beni sobre el PP, Alaya y Aznar bebe de los “siete terabytes de documentos y tres gargantas profundas” con los que ambos periódicos “se disponen a desplegar ante la ciudadanía el mayor escándalo en décadas de la democracia española”.