Al más puro estilo Villarejo, el Gobierno de Mariano Rajoy dedicó al menos cinco años a investigar al margen de la ley a partidos independentistas y crear campaña de desprestigio. Entre 2012 y 2026 el Ejecutivo del PP se valió de informes falsos que realizaban policías corruptos así como de datos confidenciales que propocionaban ministerios como el de Hacienda. El material preparado se filtraba posteriormente a diversos medios de comunicación para que después se judicializasen para marcar la agenda mediática.

Este espionaje y guerra sucia comenzó cuando Mariano Rajoy acababa de llegar a Moncloa. En concreto, y tal y como avanza Eldiario.es y La Vanguardia, se realizó contra políticos y partidos nacionalistas catalanes tras la primera Diada multitudinaria, en 2012, cinco años antes del referéndum convocado por Carles Puigdemont.

Para ello, el Ministerio del Interior de Jorge Fernández-Díaz movilizó recursos pagados con dinero público que incluían medios humanos, materiales e incluso dinero de los fondos reservados para pagar a confidentes por informaciones en muchas ocasiones contaminadas o directamente falsas con las que intentar destruir a sus rivales y así manipular a la opinión pública. Estos informes llegaban directamente a Mariano Rajoy a través de los escoltas en sobres blancos, cerrados y sin ningún tipo de asunto o remitente. Todas las informaciones se realizaron al margen de la ley, sin que existiese un control judicial y sin que figurasen en los planes de trabajo de las diferentes unidades operativas de la Policía y tanto Fernández Díaz como María Dolores de Cospedal admitieron en conversaciones privadas que Mariano Rajoy estaba al tanto de estas prácticas fuera de la ley. Rajoy nunca fue llamado a declarar.

La primera nota la envía Villarejo

La primera de las notas la envió el villarejo a través del Director Adjunto Operativo de la Policía, Eugenio Pino, imputado por las mismas prácticas que el excomisario. Esta información fue creada gracias a informes antiguos de la UDEF y está fechada el 18 de octubre de 2012, un mes y una semana después de la diada que desbordó las calles de Catalunya y tres semanas más tarde de que Artur Mas convocase elecciones en Catalunya, tras rechazar Rajoy su propuesta de pacto fiscal.

La información era relativa al propio Mas para dinamitar su campaña electoral. De hecho, esa información, falsa, fue publicada unas horas antes de las elecciones catalanas en el diario El Mundo. Todos los participantes en la publicación de este bulo, tal y como indican los citados medios, "se lavaron las manos".

En este informe, el excomisario Villarejo citaba a "fuentes de toda solvencia con las que se mantienen relaciones desde hace más de 15 años”, para sembrar la duda de una supuesta corrupción de Convergència y supuestas cuentas en Liechtensetein de Artur Mas, entonces presidente de la Generalitat, de su propio padre, y de Pujol. La “nota informativa” relacionaba con supuestas mordidas del 4% para Convergencia en la adjudicación de obras del Palau de la Música. “Todo el staff de CDC teme un ataque en pleno proceso electoral en medios de comunicación donde se hagan públicas las graves corrupciones que afectan a sus dirigentes. Ahora han conseguido usar la mordaza en los medios locales aunque no pueden garantizar lo mismo a los medios nacionales”, indicaba el informe que posteriormente el Gobierno de Rajoy filtró a El Mundo.

Paralelamente, unos días después, los fiscales que investigaban el caso Palau, sobre las adjudicaciones irregulares de obras, recibieron la visita del comisario de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín Blas, y el director del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, José Luis Olivera, para pedir un registro de la sede de Convergència Democràtica de Catalunya.

¿El objetivo? Dinaminar aún más las elecciones con un registro judicial apelando a supuestas revelaciones de confidentes anónimos que apuntaban a la financiación irregular del partido y el desvío de fondos a algunos dirigentes. Los fiscales consideraron la visita una injerencia y no solo descartaron la entrada y registro en la sede del partido, sino que comunicaron esa intromisión al juez del caso.

La cosa no paraba. Unos días más tarde, la Unidad Contra la Delincuencia Fiscal y Económica de la Policía tramitaba un informe con otra denuncia anónima de un supuesto empresario retirado, sin aportar pruebas, afirmaba haber hecho donaciones a la fundación que se investigaba y que en realidad eran mordidas para lograr contratos del Palau. Otra vez Artur Mas relacionado con sobornos y comisiones ilegales.

A una semana de las elecciones, la nota de Villarejo llegó a la portada de El Mundo. "La policía vincula cuentas en Suiza de Pujol y Mas con la corrupción de CiU". Una exclusiva falsa, que trataba de sustentar en un hipotético informe de la Unidad contra la Delincuencia Fiscal y Financiera. Un documento de la UDEF que no tenía firma. Mas compareció ese mismo día para denunciar que había sido víctima de un montaje.

Cuando se demostró que la información era falsa, el responsable de la UDEF testificó en un juzgado de Barcelona que no era un trabajo de su equipo. El que fuera ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció una investigación interna destinada a “evitar que se produzcan este tipo de filtraciones” que unos meses después se cerró en falso.

En marzo de 2013 el entonces portavoz de CiU, Jordi Jané, preguntó a Fernández Díaz si conoció la existencia del informe falso antes de su publicación en El Mundo. El ministro contestó cabreado al exdiputado: “Eso me ofende, me ofende la pregunta. Es como decir que consentí o propicie su publicación y eso es una ofensa. Le ruego que lo retire”.