La reciente dimisión de José Antonio Marco Sanjuan como presidente del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha sido rápidamente utilizada por algunos sectores como una supuesta evidencia de crisis dentro del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, el trasfondo del caso dista mucho de lo que insinúan ciertas lecturas partidistas. Según diversas fuentes ministeriales y declaraciones de la propia ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, el funcionario dimitido no tenía ninguna relación política ni personal con ella. Su trayectoria ha sido eminentemente técnica, al margen de los círculos de decisión más estrechos del Gobierno.
La salida de Marco Sanjuan del TEAC ha coincidido con un momento especialmente delicado para el Ejecutivo central, en plena marejada por el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre supuestas mordidas vinculadas a los dos exsecretarios de Organización del partido Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Pero intentar trazar un paralelismo entre esas investigaciones y la renuncia del ya exresponsable del tribunal económico-administrativo no se sostiene sobre datos objetivos.
Según la información adelantada por El País y corroborada por fuentes internas, la dimisión ha sido una decisión adoptada por iniciativa propia, y Marco Sanjuan estaría incluso valorando emprender acciones legales contra las informaciones que le acusan de haber archivado procedimientos fiscales a cambio de favores. Esas acusaciones han avivado el interés de medios conservadores en construir una narrativa de escándalo que afecta al núcleo del Ministerio. Pero lo cierto es que Marco Sanjuan no formaba parte del equipo político de Hacienda, y su nombramiento como presidente del TEAC fue aprobado por el Consejo de Ministros, como es habitual, a propuesta de Hacienda, siguiendo criterios profesionales.
“Es un funcionario de carrera que lleva más de 30 años trabajando” en el Ministerio, ha especificado este martes Montero durante el Pleno del Senado; cargo que también colaboró con Gobiernos del PP y “no ha cobrado ningún tipo de comisión”, ha añadido en respuesta a los populares en la Cámara Alta.
¿Quién es Marco Sanjuan?
En realidad, su hoja de servicios muestra una carrera de más de tres décadas centrada en la administración tributaria, sin protagonismo mediático ni afiliación partidaria conocida, especialmente habiendo ocupado estos puestos públicos durante gobiernos del Partido Popular. Sanjuan pertenece a la cuarta promoción del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado y ha ocupado cargos en distintas delegaciones y tribunales desde la década de los 90. Entre 1997 y 1998, por ejemplo, fue inspector jefe en Valladolid, y antes ya había desempeñado funciones en Tarragona y Terrassa. En 2001 pasó a ser delegado provincial de la Agencia Tributaria en Zamora, luego en Palencia, y finalmente fue delegado especial en Cantabria hasta 2005.
Su etapa en los órganos económico-administrativos comenzó precisamente ese año, cuando asumió la presidencia del Tribunal Regional de Castilla y León, que ocupó durante más de una década. En 2018 dio el salto al TEAC, órgano que ha presidido hasta su renuncia esta semana.
Le sustituye José Ignacio Ruiz Toledano, un perfil también netamente técnico. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense e inspector de Hacienda del Estado, Ruiz Toledano ha sido vocal en el TEAC desde 2018, y previamente presidente del Tribunal Regional de Madrid durante una década. Su recorrido incluye también puestos en la Dirección General de Tributos y en órganos de defensa del contribuyente.
Este relevo no supone, por tanto, un cambio de rumbo en Hacienda ni una sacudida política. Es un ajuste dentro de un órgano de perfil jurídico-administrativo que no interviene en decisiones estratégicas del ministerio. Desde el entorno de Montero se recalca que ni ella ni su equipo han tenido relación directa con Marco Sanjuan, más allá de la estructura institucional. La ministra ha insistido en que se respete la presunción de inocencia del funcionario y ha recordado que los hechos atribuidos son objeto de controversia legal, sin que haya de momento procedimiento judicial en firme.
