Gobierno y socios sellan un acuerdo para llevar al Congreso la Proposición de Ley para la regulación de los alquileres

Después de que consiguiera el desbloqueo el pasado mes de mayo tras recibir el voto favorable del Partido Popular (PP), este martes el Grupo Parlamentario Socialista junto al Ministerio de Vivienda han sellado con el resto de socios del Gobierno un acuerdo que permitirá llevar hasta el Congreso de los Diputados la Proposición de Ley para la regulación de los contratos de alquiler temporales y el alquiler de habitaciones. 

La norma, impulsada por Sumar, Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu y BNG, y ahora también apoyada por el PNV, se encuentra un paso más cerca de su tramitación en la Cámara Baja después de que el Ejecutivo central haya conseguido cerrar dicho acuerdo con los socios parlamentarios. El siguiente paso se dará en los próximos días cuando se debata la ley en la Comisión de Vivienda del Congreso, donde Sumar ya anunció en mayo que presentará una enmienda para ilegalizar las empresas de desokupación, entre otras propuestas.

Al hilo de todo ello, al frente se mantiene la incógnita de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Si sale adelante su modificación, esto supondría que los contratos de temporada no podrían superar los nueve meses, respecto a los seis que rigen actualmente, y los propietarios de viviendas se encontrarán bajo obligación de justificar y demostrar la necesidad de que sus propiedades se arrenden de forma temporal. “La realización de contratos temporales y los alquileres de habitaciones se ha convertido a la práctica en una figura clave, utilizada por miles de arrendadores, para esquivar algunos de los preceptos más garantistas de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y la regulación de los alquileres”, señala la norma. 

Esto último “se ha convertido en un modelo de negocio al alza, el cual choca drásticamente con el ejercicio del derecho a la vivienda recogido en la Constitución”, añade, antes de proponer un articulado con el que pretende poner coto a “contratos que pueden provocar inestabilidad residencial, incertidumbre, desprotección y angustia a las personas arrendatarias”. “Siempre que su duración exceda de nueve meses o se encadenen más de dos contratos consecutivos, el primero se entenderá celebrado como un contrato de arrendamiento de vivienda habitual”, agrega.

Una ley, no obstante, que ha encontrado profundas discrepancias y bloqueos hasta llegar a la Comisión de Vivienda del hemiciclo después de que se haya sellado este último acuerdo. El pasado mes de mayo, desde Sumar ya advirtieron que esperaban que “ningún grupo parlamentario” recurriera a “estrategias de dilación”, cuando -según defendieron- “son ellos quienes tienen las competencias de vivienda”. “No puede seguir siendo la forma del rentismo para saltarse la ley”, señaló su portavoz Verónica Martínez. 

En la otra cara de la moneda, los socialistas volcaron la responsabilidad del bloqueo en la Mesa a la falta de preparación en las enmiendas de algunos grupos pequeños del Congreso, pese a que fuentes parlamentarias esgrimieron que la razón real detrás de la demora podía estar en la presentación de la proposición de ley para impulsar el alquiler de viviendas a precios asequibles, presentada a la mesa en mayo de este año.

Rodríguez insta a la comunidades del PP a aprobar el Plan Estatal de Vivienda

Todo ello se produce en un momento en el que la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, instara el pasado sábado a las comunidades autónomas gobernadas por el PP a adherirse “con urgencia” al nuevo Plan Estatal de Vivienda y que expresen su voluntad de participar en un programa que el Gobierno prevé llevar “muy pronto” al Consejo de Ministros. 

En ese sentido, la titular de Vivienda defendió que el Ministerio ha habilitado todas las vías posibles para el consenso. “He abierto mesas de trabajo y de diálogo, y las mantendré abiertas hasta el último día”, subrayó en Palencia, durante la clausura de la Conferencia Sectorial de Vivienda. Allí insistió en que la política de vivienda exige corresponsabilidad institucional, especialmente en un momento en el que los precios del alquiler y la falta de oferta tensionan a miles de familias.

Asimismo, Rodríguez aseguró que el Gobierno ha incorporado propuestas planteadas tanto por comunidades como por entidades locales, demostrando que el Gobierno “sí escucha”. Entre esas aportaciones figura una reivindicación largamente repetida: permitir que los fondos estatales puedan utilizarse para urbanizar suelo y aumentar así la disponibilidad de terrenos aptos para construir vivienda asequible. Según la ministra, este cambio era necesario para que los ayuntamientos puedan acelerar sus proyectos y ampliar la oferta allí donde más falta hace.