La ministra de Educación, Pilar Alegría, mantendrá el examen de Selectividad tal y como se conocía hasta entonces. Es decir, no seguirá adelante con la reforma educativa que el Gobierno esperaba aprobar este año.
Los estudiantes, pese a que el Ejecutivo había encontrado en este nuevo formato uno más apropiado y que se adaptaba mejor a los tiempos, lamentaban que cambiar las reglas del juego cuando quedaba poco para que éste comenzara, les iba a pasar factura. En concreto, el Gobierno en funciones expone que un tema tan serio como es el examen que decide a qué grado universitario se tiene acceso le debe corresponder a un gobierno “con plenas facultades”.
El examen de junio de 2024 que se desarrolla antes de que comience el verano en las universidades españoles contaba con un vacío que había que rellenar habida cuenta de que la ministra de Educación guardó hasta después de las elecciones el real decreto que regula las nuevas condiciones para que fuera el Gobierno que saliese de las urnas el que decidiera qué hacer con él. Sin embargo, las papeletas no resolvieron nada en este sentido habida cuenta de que los españoles no otorgaron una mayoría absoluta a ninguna de las fuerzas, parando a base de democracia el posible tándem de la derecha con Vox y dejando al gallego sin un resultado que por momentos vaticinaba poco menos que apoteósico.
Así las cosas, y después de que el último plazo -que pasaría por la repetición electoral- en caso de que las investiduras -en plural porque la de Feijóo parece abocada al fracaso- no salgan adelante, se encuentra en el 14 de enero, cuando se convocarían nuevas elecciones. Si después sí hay posibilidad real de Gobierno -o si uno de los candidatos que se ‘examinan’ aprueban-, se podrá empezar a hablar.
El número dos de la ministra se ha puesto en contacto este jueves con los directores generales de las comunidades autónomas para comunicarles que aplaza la aprobación de la normativa, según el diario 'El Mundo'. Después de dicho encuentro está planificada otra reunión con José Manuel Pingarrón, secretario general de universidades; y con los representantes universitarios autonómicos y miembros de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue).
