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No había ni empezado la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes y los movimientos sociales que acampan en la Puerta del Sol ya habían anunciado que rechazan lo aprobado por el Gobierno. El Partido Socialista y Sumar han optado por solucionar su disputa por las medidas de vivienda por la vía más fácil, y a la vez la más incierta: dividirlas en dos decretos. Uno incluye el grueso de puntos que, espera Moncloa, se aprueben el viernes en el Congreso de los Diputados.
El segundo incluye la prórroga automática de los contratos de alquiler. Una medida que, aseguran fuentes gubernamentales, es histórica y no estaba en la mesa de negociación hasta esta misma semana, cuando la han propuesto organizaciones como el Sindicato de Inquilinas. Tal ha sido la celeridad para encontrarle un encaje en las matemáticas parlamentarias que atormentan al Ejecutivo, que la ministra Isabel Rodríguez ha llegado a la rueda de prensa –que ha comenzado una hora más tarde de lo previsto- sin el texto definitivo.
El lío de papeles de la titular socialista de vivienda ha reflejado a la perfección el estado de los decretos, a tres días de que los tenga que apoyar el Congreso. Junts, el socio más complicado en el amplio espectro de los que depende el Gobierno para legislar, pretende tumbar el segundo de los decretos. Sobre el primero, aún queda que los nacionalistas confirmen un giro que sí que sería histórico, y que aprueben algunas medidas que, antes del verano, consideraban que “fomentan las okupaciones”.
Desde Moncloa confían en que así sea, lo que confirmaría el motivo de haber dejado solo la prórroga automática de los alquileres, que en la práctica los convertiría en indefinidos, separada de las demás. Este martes, Junts no desvela qué votará sobre el primero de los textos, el cual quiere ver antes de decidir, lo que revela que, a la postre, ninguno de los dos decretos está asegurado por el momento.
Este suspense lo agrava Podemos, que desde el otro costado de la mayoría de investidura rechaza de plano las bonificaciones fiscales aprobadas para satisfacer a los socios nacionalistas. Fuentes gubernamentales aseguran que en Moncloa no están preocupados por ninguno de los dos partidos, y ante las críticas por la aprobación de los dos textos que lanzan los morados, admiten que responde a la limitación de la capacidad legislativa del Gobierno de coalición.
Sol rechaza las medidas
Estas mismas fuentes también aseguran que aplauden y apoyan a los miles de concentrados en la Puerta del Sol y otras plazas de España, que alentados por el desahucio de Maricarmen han puesto su presión al servicio del futuro de las medidas progresistas que se le suponen a este Ejecutivo.
La realidad, sobre el terreno, es muy distinta. Los movimientos sociales ponían como línea roja que se aprobara esa prórroga indefinida de los alquileres, y por ello critican la decisión de dejarla en un decreto aparte que, como ha admitido la propia ministra, ni siquiera se ha llegado a trabajar con los grupos políticos y no estaba ni terminada de redactar cuando Rodríguez ha tenido que salir a explicarla.
La duda está ahora en cuándo entrarán en vigor las medidas, algo que tampoco se han aventurado a confirmar desde Moncloa. Lo habitual es que los reales decretos-ley que aprueba el Consejo de Ministros se publiquen en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en los días posteriores a su anuncio, momento en que se hacen efectivas. Tras esto, el Gobierno tiene 30 días para llevarlas al Congreso para tratar de que se convaliden y se hagan ley. En este caso, ante la proximidad de la sesión extraordinaria en la Cámara Baja que el Ejecutivo ha pedido para el viernes, se baraja incluso que no entren en vigor hasta ese mismo día.
Esto, que ni la ministra ni las fuentes gubernamentales han querido confirmar, es relevante por el contenido de los decretos. Algunas medidas, como la prórroga de dos años de los contratos de alquiler o su renovación automática, las pueden pedir los arrendatarios a sus caseros desde el mismo momento en que el Real Decreto-ley se publica en el BOE, sin esperar a que se pronuncie el Congreso. Los sindicatos de inquilinos, previsiblemente, aprovecharán cualquier margen de tiempo para promover que se beneficien de ellas el máximo número de personas posible.
Sumar escenifica su pelea: dos decretos y dos ruedas de prensa
La negociación entre PSOE, Sumar, Junts y el resto de grupos se ha mantenido durante la noche del lunes, y ha llegado a retrasar el arranque del Consejo de Ministros hasta una hora. Desde Moncloa niegan que haya habido un bloqueo como el que hubo en marzo, cuando los titulares del socio minoritario no entraron en la reunión, precisamente, para presionar por la prórroga de los alquileres que terminó decayendo en el Congreso 40 días después.
Las mismas fuentes también despejan las dudas sobre la elección de los ministros que han salido a la rueda de prensa. Han sido el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en calidad de mando único en la crisis de Ceuta, para actualizar los datos de la situación en la ciudad autónoma. También el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ha anunciado la ampliación del escudo anticrisis por la guerra en Irán; acompañados por la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, como es habitual.
De los decretos de vivienda se ha encargado Rodríguez, ministra del ramo. La no presencia de ningún titular del socio minoritario ha despertado dudas que atajan desde Moncloa, aclarando que no es habitual que comparezca un ministro cuyo área no aprueba nada relevante.
Lo que tampoco suele ocurrir es que los cinco ministros de Sumar den una rueda de prensa paralela, cuando ya habían pasado 45 minutos desde la hora prevista para que arrancara la del Consejo de Ministros. A pesar de que la medida más importante que reclamaban las calles se ha quedado separada en un decreto que, si no hay un giro de guión sin precedentes, morirá este mismo viernes, desde la coalición de izquierdas celebran el resultado de una “dura negociación” con los socialistas “que ha sido posible en el contexto de la histórica movilización popular que ha tenido lugar en nuestro país por el derecho a la vivienda”, en palabras del ministro Pablo Bustinduy.
Acompañado de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y de los ministros de Sanidad, Mónica García; Cultura, Ernest Urtasun; y Juventud e Infancia, Sira Rego; Bustinduy ha reivindicado la presión de su formación al PSOE para aprobar “muchas de las medidas” que han impulsado. Desde el socio mayoritario aseguran que los decretos son un éxito de ambos partidos, y enmarcan las líneas rojas de Sumar y el resto de las izquierdas en la cercanía de las elecciones generales.
Todos los ojos en Junts y Podemos
El mensaje que quiere transmitir Moncloa es que “cada día del Gobierno vale la pena”. Esto es algo de lo que, además de a las calles, deberán de convencer a Podemos, que ya ha advertido de su reticencia a aprobar el primero de los decretos. Este, además de algunas de las medidas que proponían las izquierdas, que critican que se han descafeinado por las negociaciones para contentar a unos y otros; incluye los beneficios fiscales a caseros que rechazan de plano los morados.
Aún está por ver hasta dónde llega la presión de la formación de izquierdas, y si están dispuestos a llevar a sus espaldas la responsabilidad de hacer que no se aprueben el viernes ninguna de las medidas de vivienda por su rechazo a las cesiones a los nacionalistas. Su secretaria general, Ione Belarra, ya ha calificado los dos decretos de “trampa”, y exige al Ejecutivo que rectifique cuando aún no se han publicado definitivamente en el BOE y hay margen.
Toda esta incógnita se despejará el viernes, en la sesión extraordinaria del Congreso. Allí irá también el otro decreto que, si bien contenta a las izquierdas por incluir su medida estrella, y ninguna más; no busca ni el intento de que se suban su barco Junts o el Partido Nacionalista Vasco (PNV). En el caso de los catalanes se suma que aún tienen que despejar –una vez que, como piden, se lean el texto definitivo- si van a apoyar también el primer decreto. Esto, aunque en Moncloa lo dan por sentado, supondría un giro radical en su posición de hace no tanto, que era que algunas de esas medidas fomentaban las okupaciones. Este mismo martes, antes del Consejo de Ministros, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, criticaba a Sumar por “dejar a la intemperie al pequeño propietario”.
Las medidas aprobadas
Para satisfacer esta demanda de los nacionalistas de derechas, el Gobierno ha aprobado otorgar bonificaciones fiscales a los inquilinos con ingresos inferiores a 33.000 euros, que se podrán ahorrar una mensualidad de las rentas de alquiler, pero también a los pequeños propietarios. La ministra no ha concretado cuál será el criterio para determinar quién cumple ese requisito, pero desde Moncloa aseguran que se sabrá cuando se publique el grueso de los textos.
El primer decreto incluye también la reducción del IVA para la construcción de viviendas, que en el caso de las de promoción o protección públicas llegará hasta el 4%. Además, el Gobierno creará un mecanismo, 'Tu Casa', que financiará parte del préstamo hipotecario para el acceso a la primera vivienda en propiedad con interés del 0%.
En cuanto a las medidas sociales, el texto incluye ampliar el escudo social, que incluye la prohibición de desahuciar a personas vulnerables, hasta 2030. Además, se ha congelado la subida del precio de los alquileres al 2%, "para garantizar", asegura Rodríguez, "que ningún movimiento económico encarezca los contratos".
Una de las mayores incógnitas que quedaban en torno a las medidas anunciadas era cómo se va a articular legalmente la prohibición a la compra de viviendas por parte de fondos buitre, que se impone hasta 2028, y en la que el PSOE se abstuvo hace dos semanas en el Congreso. "Vamos a identificar a esas empresas para impedirles que sigan mercadeando", ha asegurado Rodríguez. También se determinará qué es un fondo buitre o, como ha calificado la ministra a Urbagestión, la empresa que desahució a Maricarmen, una “pyme buitre”.
Entre las medidas para combatir lo que la ministra ha llamado "fraude" en el mercado del alquiler, se incluye la regulación de los arrendamientos de temporada y por habitaciones. Esta medida, ha explicado después Rodríguez, se articulará en una forma similar a la del anteproyecto de ley que ya se estaba tramitando en el Congreso. Por último, el segundo decreto incluye solo la renovación automática de los contratos de alquiler para, en la práctica, convertirlos en indefinidos.
