Es la primera gran negociación a la que tiene que hacer frente el Gobierno a su vuelta de las vacaciones. El plan de ahorro energético se votará este jueves en el pleno extraordinario con el que Pedro Sánchez decretó el fin del descanso, el principio de un nuevo curso político que estará marcado por la situación económica y las elecciones municipales, autonómicas y nacionales que ya se vislumbran desde la lejanía como el momento en el que medir quién ha conseguido capitalizar con mayor éxito el descontento social.

Además, este decreto cobra una especial importancia por ser un imperativo de Europa. La propia presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, ha aplaudido las medidas valientes adoptadas por el Ejecutivo, pero la falta de diálogo con las comunidades autónomas, con la oposición y con los socios habituales ha provocado que a menos de 48 horas de la votación que evaluará el grado de sintonía de la Cámara Baja con los recortes energéticos el resultado siga siendo una incógnita.

El Gobierno no esconde su incredulidad, ya que, en un primer momento, y fruto del contexto social y económico derivado de la guerra de Ucrania, se esperaba una victoria sin paliativos en el Congreso de los Diputados fruto de la unión entre diferentes. Nada más lejos de la realidad. Pese a que el propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, avaló la decisión de realizar esfuerzos para seguir remando en pro de la menor dependencia de Rusia en materia energético, el PP ha dado un volantazo de 180º descolgándose de ese acuerdo inicial que los barones -con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza- han tirado por tierra. En Vox van más allá, y como la presidenta de la Comunidad de Madrid, judicializarán el decreto al considerarlo ilegal. En Ciudadanos, menos incisivos en el lawfare tan característico en la derecha, sencillamente han adelantado su voto negativo al considerar que este decreto no servirá para paliar los problemas existentes.

Pero si la derecha ya aventura su rechazo, el panorama no es mejor entre los socios habituales. La mayoría necesaria dependerá del sentido del voto de ERC, PNV y EH Bildu, quienes, desde que se conociera la voluntad de aprobar el decreto en este pleno extraordinario, no han cesado en sus pretensiones de abrir una negociación al mismo nivel que no obligara a las comunidades autónomas a aceptar las decisiones del Gobierno sin paliativos, sin pactos, sin una implicación bicéfala que se viene reclamando desde hace tiempo.

ElPlural.com se ha puesto en contacto con los partidos de los que dependerá la aprobación de esta norma. En el PNV no ocultan su malestar, asegurando que por el momento no hay conversaciones: “Lo único que podemos decir es que al menos hasta este mediodía no había una negociación abierta”, exponen fuentes oficiales del partido nacionalista en el Congreso de los Diputados. En Bildu, por su parte, aseguran que este mismo martes por la tarde han recibido la primera llamada para tratar de asegurar el voto: “Es la primera vez que se ponen en contacto con nosotros desde que anunciaron que el decreto se debate y vota este mismo jueves”, sostienen fuentes abertzales.

Preguntando sobre las primeras consideraciones de estas breves conversaciones, estas mismas fuentes aseguran que por el momento no hay nada decidido y, que habrá que esperar a “ver qué pasa el jueves”. Sin embargo, y a tenor de sus valoraciones, la primera toma de contacto deja entrever una mayor cercanía con los postulados del Gobierno: “Compartimos la necesidad de reducir el consumo energético, no solo por la situación generada por la guerra de Ucrania, sino para poder enfrentar la emergencia climática a la que nos enfrentamos”, sostienen.

Una apuesta por el diálogo

Bildu no se queda ahí. Haciendo una reflexión más profunda de la situación actual, piden altura de miras y cambios más profundos: “Enfrentar la emergencia climática es ya una cuestión de supervivencia, y por tanto, deberemos transitar hacia un nuevo modelo de consumo acorde a la misma, a escala de lo que el planeta pueda soportar. Si no lo hacemos, y lo hacemos rápido, no habrá planeta en el que poder vivir”.

Sobre el ‘no’ que ya ha asegurado la derecha, los abertzales explican que “las absurdas críticas que estamos viendo por parte de la derecha solo demuestran el negacionismo climático y la incapacidad absoluta de entender a qué nos enfrentamos”. Por último, pidiendo calma a los implicados y con una visión a medio plazo, estas mismas fuentes aseguran que no se puede “obviar que las sanciones impuestas por la UE a Rusia no están surtiendo efecto, y somos las sociedades europeas quienes estamos sufriendo las consecuencias de las mismas”. “Finalizar la guerra requiere de más diplomacia y diálogo. Ni el envío masivo de armamento ni las sanciones económicas acercarán el fin de esta guerra”, sentencian.

El Gobierno presiona

Este mismo martes, tras la celebración del Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y las ministras presentes en rueda de prensa, Raquel Sánchez y Carolina Darias, han aprovechado para pedir a todos los grupos del Congreso que avalen el plan de ahorro energético aplaudido por Europa: “Putin nos quiere cerrar el gas. Estamos hablando de cumplir nuestros compromisos de la UE para combatir esta amenaza. Lo hacemos por necesidad, pero también por convicción”, ha indicado Rodríguez.

“La ciudadanía no comprendería que ningún grupo político pueda decir que no a tener abono gratuito y las becas y ayudas. Es tan de sentido común que no se entiende la negativa, por tanto, esperamos un acuerdo mayoritario”, ha proseguido, indicando que el plan no solo contempla medidas para la eficiencia energética, sino otras complementarias que también suponen un alivio para las familias, como el uso gratuito del transporte público de mediana distancia, ayudas por valor de 450 millones para los transportistas y becas a estudiantes.

En la misma línea, la titular de la cartera de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha defendido que la ayuda al transporte puede generar el ahorro medio para una familia con dos hijos entre los 200 y los 350 euros, en función del lugar de residencia: “Supone un alivio económico y un ahorro energético”, ha sentenciado.