La Justicia se ha paralizado este miércoles durante una hora, al mediodía, por el paro parcial al que se han sumado jueces, fiscales, abogados y ciudadanos en general. Decenas de personas se han concentrado frente a los Juzgados de Plaza Castilla, en Madrid, y en otros puntos de toda España para protestar contra la reforma judicial anunciada por el Gobierno. El ministro Gallardón se ha defendido de los manifestantes acusando a los juristas de perseguir intereses personales con sus protestas y ha llegado a declarar que fueron los jueces quienes reclamaron la introducción de tasas.

Poder a poder
Las asociaciones del sector han exigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se siente a negociar con ellos para conversar de "poder a poder", es decir, desde "el poder ejecutivo al poder judicial" después del "fracaso" de sus negociaciones con Ruiz-Gallardón.

Justicia para todos
Los manifestantes concentrados frente a los Juzgados de Plaza Castilla llevaban camisetas amarillas con el lema de la concentración: “Justicia para todos: no a las tasas judiciales”, y lanzaban gritos de "Gallardón dimisión" o "Gallardón escucha, la justicia está en lucha". En sus ropas podía verse pegatinas con frases como; “Tasas no, justicia para todos", “Procuradores contra las tasas” y “No a la destrucción del bien justicia”.

No descartan una huelga
En declaraciones a Europa Press, el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, que ha participado en la concentración frente a los Juzgados de Plaza de Castilla, ha advertido de que "no descartan una huelga de los servicios de justicia", si continúa la actual situación y no se consiguen resultados en las negociaciones".

Las declaraciones de Gallardón, "muy desafortunadas"
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, se ha referido a las palabras que el ministro de Justicia ha pronunciado en las últimas horas sobre el "conflicto" en la Administración de Justicia son "muy desafortunadas".

El ministro aseguró ayer que detrás de las protestas de jueces, juristas y abogados solo había “intereses corporativos”. "Habrá que recordarle al ministro que los servicios jurídicos sociales que hoy se consideran imprescindibles y que forman parte de la justicia gratuita han nacido de compañeros altruistas que han prestado ese servicio siempre por humanidad y jamás por intereses particulares", ha dicho el presidente del Consejo General de la Abogacía Española. "No es cierto, por tanto, que este sea un problema corporativo y también es incierto que este asunto no le interese la ciudadanía, el 83 por ciento de la población rechaza estas tasas y cree que con los impuestos es suficiente para pagar los servicios de justicia", ha añadido Carnicer.

Gallardón acusa a los jueces de querer beneficiarse del tasazo
Pero Gallardón ha ido más lejos este miércoles y ha acusado a los jueces de ser los que pidieron las tasas judiciales para financiar un plan de pensiones. Una idea que, según dijo, él rechazó y optó por utilizar la recaudación para “financiar la justicia gratuita”.

En una entrevista en la COPE, Gallardón ha afirmado que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) le entregó, tras asumir la cartera de ministro, un documento en el que le pedía un sistema de tasas judiciales que revirtiese en la Administración y favoreciese directamente a los jueces y magistrados.

Según su explicación, los jueces de la Asociación Profesional de la Magistratura [APM, la asociación mayoritaria de jueces, de tendencia conservadora] pidieron un sistema de incentivos por productividad en el que parte de esos incentivos fueran a un plan de pensiones y de esta manera garantizar que los nuevos profesionales cuenten con una indemnización de un mes de salario por año trabajado. Además, ha añadido que la Junta de Decanos acordó en su momento solicitar unas tasas "pedagógicas y disuasorias".

La reforma del Código Penal puede ser anticonstitucional
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha añadido más leña hoy al presentar su proyecto de informe sobre la reforma del Código Penal, en el que duda de la constitucionalidad de la prisión permanente revisable y de la custodia de seguridad. El texto será examinado este jueves por la Comisión de Estudios del CGPJ y se llevará luego al Pleno.