El Partido Popular de Madrid conoce bien la geometría de las guerras intestinas. Desde hace décadas, la federación madrileña ha sido escenario de relevos abruptos, camarillas enfrentadas, filtraciones interesadas, ajustes de cuentas y batallas por el control del aparato. El actual episodio que rodea a Isabel Díaz Ayuso no constituye, por tanto, una anomalía en la historia del partido, aunque sí presenta una inquietante familiaridad con algunos de sus capítulos más turbulentos.
La polémica por la compra, a través de una empresa pública, de un ático de lujo en Chamberí por 6,3 millones de euros —operación que posteriormente fue puesta en venta— ha colocado nuevamente a Ayuso ante una combinación especialmente incómoda: interrogantes sobre su gestión, explicaciones que han ido mutando y un entorno político obligado a cerrar filas mientras desde dentro del propio espacio conservador aparecen informaciones que cuestionan la solidez de su liderazgo. La adquisición se conoció a finales de julio y la Comunidad de Madrid decidió posteriormente desprenderse del inmueble.
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El episodio llega, además, después de un verano políticamente áspero para la presidenta, marcado por la controversia de su viaje a México y por las informaciones sobre contratos relacionados con su entorno familiar. En paralelo, la dirección nacional del PP ha mantenido una distancia prudente respecto a la polémica del ático, remitiendo buena parte de las preguntas al entorno inmediato de la presidenta.
La consecuencia es un escenario paradójico: Ayuso conserva un formidable poder territorial, pero afronta una crisis en la que el enemigo ya no se encuentra únicamente enfrente. Parte del ruido procede de las mismas estructuras políticas que deberían actuar como escudo.
La memoria de “no son cremas, son aviones”
Para comprender la sensibilidad del PP madrileño ante las filtraciones, hay que regresar a noviembre de 2021. Por entonces, la pugna por el control del partido regional había dejado de ser una disputa soterrada para convertirse en una guerra abierta entre Ayuso, Génova y los diferentes núcleos de poder que orbitaban alrededor de ambas estructuras.
El contrato de mascarillas adjudicado durante la pandemia a Priviet Sportive, por alrededor de 1,5 millones de euros, puso el foco sobre Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta. Las informaciones periodísticas señalaron que había percibido una contraprestación de la empresa vinculada al contrato. Ayuso defendió que se trataba de una relación comercial legal y negó haber intervenido para beneficiar a su hermano.
Pero el asunto adquirió una dimensión mucho mayor cuando trascendió que desde sectores próximos a la dirección nacional del PP se había intentado investigar al entorno de la presidenta y que, según las informaciones publicadas entonces, se llegó a contactar con detectives privados. La dirección nacional negó haber ordenado un espionaje y sostuvo que su actuación había consistido en investigar un contrato que consideraba susceptible de escrutinio.
Fue en aquel contexto cuando quedó para la memoria política una frase que condensaba el carácter explosivo de la operación: “No son cremas, son aviones”.
Las cremas pertenecían al viejo episodio que terminó con Cristina Cifuentes; los aviones, a la nueva batalla que acabaría llevándose por delante a Pablo Casado. Dos símbolos de una misma patología: la dificultad del PP madrileño para resolver sus conflictos internos sin convertirlos en una combustión pública.
La ‘mini Kitchen’ que acabó con Casado
El 16 de febrero de 2022, las informaciones sobre la supuesta investigación secreta contra el entorno de Ayuso hicieron saltar por los aires el equilibrio interno. Según las informaciones publicadas entonces, miembros próximos a la dirección nacional habían intentado obtener información sobre el contrato de mascarillas y sobre personas del entorno familiar y empresarial de la presidenta. También se investigó si existían conexiones con su expareja y otras personas de su círculo.
Ángel Carromero quedó situado en el centro de aquella tormenta. El entonces coordinador general de Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid y persona próxima a Casado y Teodoro García Egea presentó su dimisión el 17 de febrero. El propio Ayuntamiento negó que se hubiera utilizado dinero público para contratar detectives o investigar a Ayuso.
El episodio provocó una implosión política de dimensiones extraordinarias. La disputa sobre el liderazgo del PP madrileño terminó transformándose en una guerra entre la dirección nacional y una presidenta autonómica que había conseguido convertir su éxito electoral en una formidable palanca de poder.
Casado terminó abandonando la presidencia del partido. El coste de aquella guerra fue tan elevado que el episodio quedó como uno de los ejemplos más extremos de autodestrucción interna en la historia reciente del PP.
La comparación con una ‘mini Kitchen’ debe entenderse como una metáfora política, no como la equiparación jurídica de ambos episodios. La llamada Operación Kitchen fue una investigación policial sobre el espionaje a Luis Bárcenas; lo ocurrido en el caso Ayuso fue una disputa interna del PP en la que se denunciaron intentos de investigación sobre su entorno y cuya existencia y alcance fueron objeto de versiones contrapuestas.
Almeida, el aliado que nunca terminó de serlo
En aquella guerra hubo otro protagonista esencial: José Luis Martínez-Almeida.
La relación entre el alcalde de Madrid y Ayuso nunca fue tan armónica como posteriormente se intentó proyectar. Ambos llegaron a la política madrileña como candidatos escogidos por Casado en 2019 y terminaron formando un tándem electoral exitoso, pero la victoria de Ayuso en las elecciones de mayo de 2021 abrió una nueva disputa: quién debía controlar el PP de Madrid.
Almeida defendió una posición intermedia y no se alineó inicialmente con la pretensión de Ayuso de hacerse con el liderazgo regional. En noviembre de 2021 ambos negaban públicamente cualquier deterioro de su relación. Almeida llegó a ironizar con que existía “tan buen rollo” que ni siquiera se habían bloqueado en WhatsApp. Pero detrás de aquella escenografía de cordialidad se libraba una batalla por el aparato del partido.
La distancia era suficientemente real como para que ambos tuvieran que pactar una tregua. En febrero de 2022, en plena implosión del PP, la proximidad electoral les llevó a aparcar temporalmente el enfrentamiento.
El intento de espionaje terminó de romper el tablero. Carromero, hombre de confianza de Almeida y próximo a la dirección de Casado, quedó señalado por las informaciones sobre la supuesta operación contra el entorno de Ayuso y acabó dimitiendo. Almeida negó cualquier participación del Ayuntamiento y sostuvo que se había enterado de la cuestión por una persona de confianza del PP.
Meses después, ya con Ayuso al frente del PP madrileño, la nueva estructura redujo notablemente el peso orgánico de los afines al alcalde. De una decena de personas vinculadas a Almeida en la anterior cúpula se pasó a un número mucho menor. La batalla había terminado, pero la cicatriz permanecía.
De las cremas de Cifuentes a los aviones de Ayuso
La historia del PP madrileño tampoco comenzó con Ayuso.
Esperanza Aguirre abandonó la presidencia regional del partido en 2016 en un contexto marcado por las investigaciones sobre corrupción que alcanzaban a dirigentes de su entorno. Cristina Cifuentes asumió entonces la dirección de una organización profundamente erosionada y trató de construir su propio espacio de poder.
Su caída llegó en 2018, cuando las informaciones sobre su máster desembocaron en una crisis política agravada por la publicación de unas imágenes en un supermercado en las que aparecía llevándose unas cremas. Cifuentes denunció entonces una campaña de “acoso y derribo” y habló de fuego amigo.
Un año después, cuando Ayuso se disponía a ser investida presidenta, el PP madrileño arrastraba todavía las consecuencias de aquella sucesión de escándalos. Aguirre y Cifuentes habían quedado bajo el foco de la Fiscalía Anticorrupción por su posible relación con la financiación irregular investigada en Púnica, aunque aquellas investigaciones no equivalen por sí mismas a una condena.
Ayuso heredó así un partido acostumbrado a sobrevivir a sus propios incendios. Lo que cambia ahora es que la presidenta ya no contempla esas guerras desde la periferia del poder. Es ella quien ocupa el centro del tablero.
Los Pocholos y los Pancetas: la guerra que nunca termina
La vieja lógica de los clanes tampoco desapareció con el triunfo de Ayuso. En 2026, el PP madrileño ha vuelto a exhibir una fractura interna alrededor de dos grupos informalmente bautizados como Los Pocholos y Los Pancetas.
La salida del consejero de Educación Emilio Viciana desencadenó una crisis que provocó varias dimisiones y una reordenación de equilibrios internos. Los Pocholos, vinculados al entorno del asesor Antonio Castillo Algarra, perdieron influencia, mientras ganaba peso el grupo conocido como Los Pancetas, alrededor del portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache.
Los nombres pueden resultar pintorescos, pero el fenómeno al que aluden es profundamente político: quién tiene acceso al poder, quién confecciona las listas, quién controla los grupos parlamentarios y quién decide qué dirigentes ascienden y cuáles quedan relegados.
La existencia de estos grupos ha sido descrita por varios medios, aunque las etiquetas son informales y su grado de cohesión real resulta difícil de determinar. El PP madrileño cambia de nombres, pero no de naturaleza. Los clanes mutan; la lucha por el poder permanece.
Las nuevas filtraciones encuentran un terreno abonado
Por eso las informaciones internas que han aflorado durante la crisis del ático adquieren una dimensión política que excede su contenido concreto.
El problema para Ayuso no es únicamente que existan críticas. En un partido democrático, las discrepancias son inevitables. El problema es que las críticas parezcan proceder de una estructura política que, al menos formalmente, debería transmitir cohesión.
En los últimos días, distintas informaciones han descrito inquietud dentro del PP madrileño por el coste electoral de la polémica inmobiliaria y por el deterioro de la imagen de la presidenta. EL PAÍS ha hablado de alarma interna y de dirigentes preocupados por la posibilidad de que el partido se haya confiado ante las próximas elecciones.
La política tiene aquí una vieja ley física: una organización que necesita exhibir constantemente su unidad quizá esté intentando ocultar que su unidad ya no resulta espontánea.
México, el ático y una presidenta a la defensiva
La crisis tampoco llega en el vacío.
El viaje de Ayuso a México había generado controversia por su agenda, sus declaraciones y la recepción política que obtuvo. Poco después, el ático de Chamberí añadió una nueva capa de desgaste. La Comunidad adquirió el inmueble por 6,3 millones de euros y posteriormente decidió venderlo. La operación no fue anunciada inicialmente y su supuesto destino como oficina temporal para la presidenta generó dudas sobre su finalidad.
Ayuso ha rechazado que necesitara una residencia oficial y ha insistido en que nunca la pidió. También ha desplazado buena parte de sus intervenciones hacia la crítica al Gobierno de Pedro Sánchez, evitando en ocasiones responder de forma directa a preguntas sobre el inmueble.
Ese movimiento tiene una racionalidad política: devolver la conversación al terreno en el que Ayuso ha demostrado ser más eficaz, el de la confrontación con la izquierda y con Moncloa. Pero también contiene una debilidad: una crisis administrativa no desaparece porque el debate político cambie de escenario.
El nuevo eco de la pandemia
La sombra de la pandemia vuelve a aparecer, además, por una vía distinta. El Gobierno de Ayuso ha tenido que afrontar ahora el pago de más de tres millones de euros a la empresa Care Quality Service Health (CQS) por un contrato de material sanitario relacionado con el hospital de campaña de IFEMA, después de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La resolución judicial declaró que la Administración regional realizó el encargo sin cumplir determinadas formalidades exigidas por la normativa presupuestaria y de emergencia y reconoció una indemnización a la empresa. No se trata de una condena penal ni permite establecer una trama de corrupción. Es es una polémica contractual resuelta por los tribunales que obliga a la Comunidad a asumir un coste económico.
El episodio, sin embargo, devuelve al presente una etapa que políticamente nunca terminó de cerrarse. La pandemia fue el momento en el que Ayuso construyó buena parte de su identidad política nacional y también el escenario en el que las relaciones entre su entorno familiar, proveedores y administración comenzaron a ser objeto de escrutinio.
Es precisamente esa memoria la que hace más sensible cualquier nueva controversia relacionada con contratos, patrimonio público o personas del círculo presidencial.
La soledad como nuevo problema político
La principal dificultad de Ayuso reside en que no parece estar ante una rebelión organizada contra su liderazgo. Tampoco existen elementos suficientes para afirmar que el partido esté preparando una sucesión. Génova, de hecho, mantiene públicamente la candidatura de Ayuso fuera de discusión.
Pero una cosa es no estar cuestionada formalmente y otra muy distinta no estar sometida a desgaste.
La presidenta ha construido su poder sobre una premisa sencilla: convertir cada crisis en una oportunidad para reafirmar su liderazgo. La controversia del ático presenta una dificultad diferente porque afecta al territorio donde esa estrategia resulta menos eficaz: la explicación de una decisión concreta de la Administración que preside.
La política puede resistir un ataque. Resiste peor una contradicción. Y todavía más difícil resulta resistir cuando la munición no procede exclusivamente de la oposición, sino de las filtraciones que circulan por los pasillos propios.
La ‘mini Kitchen’ como espejo
El paralelismo con 2022 no significa que la historia vaya a repetirse. Entonces existió una confrontación explícita por el control del PP de Madrid que terminó provocando la caída de Casado. Ahora Ayuso conserva el control orgánico de la formación regional y cuenta con una estructura política mucho más consolidada. Pero el recuerdo de aquella batalla explica por qué cualquier filtración interna adquiere una resonancia extraordinaria.
En 2022, el fuego acabó alcanzando Génova. Ahora, en 2026, las primeras llamas vuelven a aparecer dentro de casa. Aunque el problema más profundo para Ayuso no es que sus adversarios hayan descubierto una grieta. Es que las grietas, cuando proceden del interior, poseen una capacidad corrosiva mucho mayor.
Un partido puede resistir la crítica exterior porque dispone de una explicación común. Lo que resulta devastador es la proliferación de relatos internos, las fuentes anónimas, los grupos enfrentados y las versiones que compiten entre sí por imponer su verdad.
La liturgia del PP madrileño
Las cremas de Cifuentes. Los aviones de Ayuso. La batalla de Casado. El espionaje al entorno familiar. La pugna con Almeida. Los Pocholos. Los Pancetas. Los antiguos y nuevos clanes. Los silencios de Génova. Las filtraciones.
Todo forma parte de una misma genealogía política: la de un partido extraordinariamente poderoso que, en ocasiones, parece encontrar en sí mismo a su adversario más tenaz.
Y ahora, mientras Ayuso intenta recuperar la iniciativa y convertir el ruido del ático en otro episodio de su enfrentamiento con Sánchez, la verdadera pregunta no es si el PP madrileño está unido.
La pregunta es cuánto tiempo puede permanecer unido un partido que vuelve a librar sus batallas más peligrosas detrás de las mismas puertas que pretende cerrar a cal y canto.
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