Superada la moción de censura y con la legislatura encarando sus últimos metros, al margen de la carpeta legislativa, el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vuelve a escena. El jueves, la vocal del sector progresista Concepción Sáez presentó su renuncia al presidente interino, Rafael Mozo, alegando que el bloqueo que sufre el organismo constitucional es “insostenible”. Tras su salida, sus compañeros planean una dimisión en bloque para forzar a las dos principales fuerzas políticas a acordar una renovación. En paralelo, la maniobra ha avivado la llama de la discordia entre PSOE y Partido Popular.
El Poder Judicial, tras unos meses de vacaciones mediáticas, regresa al eje del debate público. Este viernes, los dos partidos con mayor representación en el Congreso de los Diputados han resucitado las no tan viejas rencillas a poco más de dos meses de las elecciones municipales y autonómicas. Socialistas y conservadores entran de nuevo en el cuerpo a cuerpo por la titularidad del bloqueo a la Constitución. Mientras que desde Génova sugieren que la dimisión de Sáez y los planes del sector progresista del órgano de gobierno de los jueces responden a las “presiones” del Ejecutivo, desde la Moncloa ven lógico que los vocales tomen sus propias decisiones ante la “incapacidad del PP” para plantear una propuesta de renovación.
En declaraciones a TVE, el portavoz de campaña y vicesecretario del Partido Popular, Borja Sémper, ha valorado la renuncia de Concepción Sáez y la posibilidad de una dimisión en bloque del resto del bloque progresista del Poder Judicial. El dirigente conservador afea a los vocales esta estrategia para desbloquear el organismo al entender que “degrada” a la propia institución. No obstante, ha deslizado que existen “presiones” por parte del Gobierno para forzarles a dimitir.
Sémper ha optado por despejar balones fuera cuando se le ha preguntado sobre si el movimiento de los magistrados progresistas obligaría al PP a atornillarse a la mesa de negociación con el PSOE. El portavoz popular ha optado por afear la estrategia de los vocales, la cual considera que “deteriora y degenera” unas instituciones que deberían estar “preservadas del juego político”. El argumentario de Génova pasa ahora por atribuir “presiones” de Moncloa a los miembros afines del CGPJ, auspiciándose en “informaciones de los medios de comunicación”.
Con todo, Sémper ha exigido al Gobierno “salir” de esta suerte de bucle temporal infinito para aceptar la propuesta que los conservadores registraron en la Cámara Baja. Una iniciativa que limitaría la “influencia” de los partidos en la elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial y que sean los propios jueces quienes elijan a sus representantes. Sin intermediarios. A juicio del portavoz popular, se abandonaría un escenario que “degrada más la institución”, al tiempo que reclama ahondar en la “independencia” de esta. “Es lo que vamos a seguir defendiendo y es lo mejor”, ha percutido.
Sin sorpresa en Ferraz
La respuesta no se ha hecho esperar en la acera opuesta. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha asegurado no sentirse extrañada por el movimiento de Sáez y la decisión que barrunta el sector progresista. Entiende que es una iniciativa frente a la “incapacidad” del PP para plantear una propuesta para renovar el propio CGPJ.
Así las cosas, Montero ha comentado ante los medios de comunicación desde Sevilla que la posibilidad de una dimisión encadenada manifiesta “una situación que no se puede sostener en el tiempo”. “Un bloqueo de 1.500 días, cuatro años, que propicia que se puedan producir determinadas situaciones dentro del órgano donde no se sostiene que sus miembros permanezcan en una prórroga sin poder ejercer en plenitud sus competencias”, ha argumentado la también vicesecretaria general del PSOE.
Montero ha defendido que la situación del CGPJ en España es “algo inaudito” respecto al resto de países europeos. En este sentido, ha afeado al Partido Popular que no reconozca los resultados electorales, lo que les empuja a “deslegitimar a los gobiernos cuando no lo presiden ellos”. Cuando esto ocurre, resuelve, “bloquean los órganos judiciales para impedir su renovación”.
A juicio de la ministra de Hacienda, la incapacidad de los conservadores evidencia la “falta de liderazgo” de Feijóo dentro del propio Partido Popular, así como su “compromiso con España”. En este sentido, ha afeado al líder conservador que evocara que el país sea “criticado en la Unión Europea por no renovar” el CGPJ, aunque ha recriminado a sus adversarios que ha habido hasta dos ocasiones para hacerlo, pero que es el propio PP el que se ha bajado del acuerdo. “No ha querido modificar las mayorías que responden a otro momento político, a otras mayorías que añora hoy en el Congreso. No hay nada que justifique que no se renueve”, ha concluido.
