El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la Ley de protección a la infancia frente a la violencia, bautizada como Ley Rhodes. Este nuevo texto supone un antes y un después en la defensa de los menores frente a situaciones de violencia sexual o escolar, entre otros.
El pianista James Rhodes, víctima de abusos sexuales en su infancia, ha reconocido que es una ley "muy importante" y se ha mostrado orgulloso de que PP, PSOE y Unidas Podemos coincidan sobre la necesidad de sacarla adelante. Los partidos que se han opuesto a ella han sido Vox y PNV, que han justificado su decisión basándose en motivos competenciales.
En lo que respecta a la sesión plenaria, la ministra de Derechos sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha acusado directamente a la Iglesia de ser "cómplice demasiadas veces" con la violencia sexual en niños.
"Es una verdad incómoda pero hay que decir que la Iglesia católica ha sido cómplice demasiadas veces en este país encubriendo la violencia sexual hacia los niños, y esto tiene que terminar", ha subrayado desde la tribuna, desatando los comentarios entre la bancada de la extrema derecha.
Medidas que contempla el nuevo texto
El principal cambio que alberga la normativa se encuentra el aumento de la prescripción hasta los 35 años de los delitos de esta índole - anteriormente se situaba en 18 -, crear la figura del coordinador frente al acoso escolar y en la reparación a las víctimas. Con la nueva ley se espera acabar con un lastre que se traduce en las más de 100 denuncias presentadas diariamente por violencia sobre niños.
El nuevo texto suprime el perdón de la víctima menor como causa de extinción de responsabilidad criminal, además de endurecer las condiciones para acceder al tercer grado, libertad condicional y permisos penitenciarios para aquellas personas penadas por delitos de esta índole.
La conocida como Ley Rhodes también establece el deber de todos los dciudadanos de denunciar "de forma inmediata" cualquier atisbo de violencia sobre los menores a la autoridad competente, incluyendo los supuestos en los que no sea constitutiva de delito. Este precepto se extiende también al ámbito de Internet, en concreto a aquellos contenidos que "constituyan una forma de violencia o abuso".
Se elimina también una una excepción que contemplaba la legislación; el cónyuge y los familiares próximos al agresor también tendrán la obligación de denunciar cuando se incurra en un delito grave contra un menor de edad.
Será obligatoria también la imposición de la pena de privación de la patria potestad a quienes resulten condenados por homicidio o asesinato cuando el autor y la víctima tuvieran un hijo o hija en común y en el supuesto en que la víctima fuera hijo o hija del autor.
