ERC permitirá que el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias salga adelante; la dirección del partido lo ha aprobado de forma abrumadora sin dejarse intimidar por la intensa campaña desatada por sus socios de gobierno que les han acusado de “investir al carcelero”, en palabras del gurú del legitimismo, Agustí Colomines. Los dos folios del acuerdo alcanzado entre las delegaciones de PSOE, PSC y ERC han sido suficientes para convencer a los republicanos. No así a Quim Torra quien ya ha advertido que dicho acuerdo no tiene el visto bueno del Gobierno de la Generalitat. El cisma entre los partidos independentistas está algo más cerca, aunque esta eventualidad no parece frenar la decisión de ERC de iniciar la etapa del diálogo.
“Cualquier acuerdo con el gobierno de España debe ser gestionado y validado por la presidencia de la Generalitat”, así de claro se lo dijo Torra a Pere Aragonés cuando el vicepresidente republicano fue a Palau para explicarle el pacto de investidura con los socialistas. Esta desacuerdo entre JxCat y ERC complica la materialización del principal acuerdo de dicho pacto: la negociación entre delegaciones de ambos gobiernos. Si el gobierno catalán se resiste a sentarse en la mesa negociada por ERC, solo quedaría en pie la mesa de partidos.
La negativa de Torra a dialogar sobre nada que esté fuera de los acuerdos internos del gobierno catalán (autodeterminación, amnistía y fin de la represión) no solamente van a dificultar la concreción de los avances políticos del acuerdo de ERC con Pedro Sánchez sino también la propia continuidad de la coalición que gobierna la Generalitat. La tensión entre los dirigentes de ERC y JxCat es manifiesta, tan evidente como la ruptura de la ANC con los republicanos y todo eso a partir de un documento que permite algunos malabarismos interpretativos para contentar a los menos realistas.
Las dos grandes novedades del documento son la citada mesa gubernamental y la consulta ciudadana para avalar los acuerdos que en ella puedan alcanzarse. El primer punto quedará en el aire de permanecer Torra atrincherado en su “no” al pacto de ERC y el segundo será objeto de toda clase de exageraciones (un referéndum encubierto para la derecha) y de críticas (Cataluña ya se autodeterminó el 1-O para Torra).
De todas maneras, la clave para los defensores del texto acordado es la misma que en la declaración de Pedralbes: las aportaciones de las partes se harán con libertad de contenidos y los acuerdos deberán respetar “el ordenamiento jurídico democrático”. En Pedralbes se decía “en el marco de seguridad jurídica”. El PSOE siempre necesitará echar mano de estos subterfugios a lo largo del diálogo para no forzar la apelación al ordenamiento constitucional y evitar la ruptura precipitada de los contactos.
La cuestión ineludible para ERC para salvarse como partido patriótico del acoso de sus adversarios es poder afirmar que existe la posibilidad de hablar del derecho a la autodeterminación, aunque este no vaya a ser aceptado por la otra parte. De ahí la relevancia del concepto “libertad de contenidos”. El primer punto del acuerdo de su consejo nacional es el de subrayar los dos grandes consensos del independentismo: la autodeterminación y la amnistía, aunque ninguno de los dos forme parte de la literalidad del documento redactado con los socialistas. Estas dos referencias constituyen en estos momentos el único punto de conexión con el discurso oficial del gobierno la Generalitat, del que todavía forman parte los republicanos.
Las voces reclamando un avance electoral se multiplican como primera respuesta al órdago del diálogo pragmático planteado por ERC al conjunto del independentismo. Aunque Marta Rovira, secretaria general, no lució su rostro más alegre durante el debate del consejo nacional que siguió desde Suiza, la dirección republicana ha resistido la primera ofensiva contra su decisión de apoyar a Pedro Sánchez. El pressing a ERC podría alcanzar su punto álgido en las próximas horas de aceptar la Junta Electoral Central el recurso presentado por el PP para inhabilitar inmediatamente a Torra sin esperar a la confirmación de sentencia por parte del Tribunal Supremo.
La inhabilitación exprés de Torra convertiría la política catalana y en especial al Parlament de Catalunya en un polvorín. El presidente de la Generalitat ha prometido en diferentes ocasiones que solamente abandonará el cargo si así lo decide el Parlament, lo que permite pensar que su primera reacción sería la de promover una moción de confianza a la que ERC difícilmente negaría su apoyo, provocándose un nuevo escenario de desobediencia y confrontación institucional. El acuerdo se tambalearía por las dos partes. El PSOE, por muy discutible que fuera jurídicamente el acuerdo de la JEC, tendría complicado sostener la situación, porque nada permite pensar todavía, a día de hoy, que ERC aprovecharía el episodio para retirar el apoyo a Torra, forzando las elecciones.
