El Congreso ha respaldado hoy con los únicos votos del PP la tramitación urgente y en lectura única de la reforma que limitará la actuación de los jueces españoles en casos de justicia universal, en un pleno en el que toda la oposición se ha negado a participar por considerarlo una "farsa". Los portavoces del PSOE, IU, CiU, PNV, UPyD y el grupo Mixto han denunciado un "abuso impropio" de la mayoría absoluta del PP para imponer un procedimiento que supone tramitar la reforma sin pasar por el debate de las enmiendas en comisión.

Ley express que afecta a causas abiertas incómodas para el Gobierno
Además, los diputados de la Izquierda Plural ha abandonado el hemiciclo al comienzo del pleno extraordinario convocado expresamente para aprobar ese procedimiento, mientras que el resto de los grupos se han limitado a no votar la propuesta, que ha salido adelante con los 177 votos a favor del PP, una abstención, un voto en contra y 171 ausencias. La reforma, que se aprobará el próximo jueves en otro pleno extraordinario tras el debate del estado de la nación, puede afectar a una docena de causas abiertas en la Audiencia Nacional, entre ellas la investigación de la represión china en el Tibet o la muerte del cámara de televisión José Couso en Irak a manos del ejército de Estados Unidos.

Se saltan el Senado
El titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no ha cuestionado el plante de la oposición al afirmar, en declaraciones en los pasillos del Congreso, que "tanta legitimidad" tiene el PP para presentar una iniciativa como el resto de los grupos para negarse a participar en la votación si consideran que esa debe ser su respuesta.

El PP se justifica en que los socialistas hicieron algo parecido
Durante el debate, el PSOE, a través del diputado Julio Villarrubia, ha criticado que la "urgencia" del PP por liquidar la justicia universal le haya llevado a burlar las competencias del poder legislativo y a saltarse "las reglas del juego" al no contar con el apoyo de ningún otro grupo parlamentario. El diputado del PP Leopoldo Barreda se ha justificado diciendo que el PSOE ya aprobó en 2009 una reforma para limitar la justicia universal y lo hizo sin informes jurídicos y a través de una enmienda presentada a otro proyecto de ley.

Barreda ha lamentado las "salidas de tono" y los "exabruptos" de la oposición y ha asegurado que el PP se atiene al reglamento y a la doctrina del Tribunal Constitucional, según la cual corresponde al pleno la decisión de aprobar la tramitación urgente de un proyecto si la mayoría de la Cámara, como es el caso, entiende que se cumplen los requisitos.

Llamazares: "El poder del dinero se impone a la democracia"
Desde la Izquierda Plural, Gaspar Llamazares ha anunciado que no participarían "ni siquiera de cuerpo presente" en el debate de una iniciativa que "vulnera los derechos humanos" y avergüenza a la Cámara al imponerse "el poder del dinero a la democracia". Irene Lozano de UPyD ha acusado al PP de "sacrificar los principios fundamentales de la democracia" y "satisfacer las exigencias de la oligarquía china". El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha considerado inaceptable que se haya rechazado pedir un informe jurídico a los servicios de la cámara para avalar este trámite de urgencia para una reforma de tal trascendencia, razón en la que ha justificado su no participación en el pleno.

Tardá: "Cuando del dinero habla la justicia calla"
Mientras, para Jordi Jané (CiU), la reforma de la justicia universal y su tramitación directa no es una buena noticia para los derechos humanos ni para la Cámara Baja, por lo que ha pedido al PP y al presidente del Congreso, Jesús Posada, que reflexionen sobre la fórmula de aplicación del reglamento. Los integrantes del Grupo Mixto han mantenido también esa posición. Para Joan Baldoví (Compromís), el PP ha convertido el Congreso en un "guiñol al servicio de los poderosos", mientras que Olaia Fernández (BNG) ha hablado de "golpe bajo a la democracia". Joan Tardá (ERC) ha recordado el proverbio chino "cuando el dinero habla la justicia calla" y Rafael Larreina (Amaiur) ha considerado el procedimiento impulsado por el PP un "atentado a las bases de la democracia".