El ministro Morenés gana el pleito de 60 millones de euros al 'comerciante' de armas Morenés

La Audiencia Nacional ha rechazado la pretensión de la empresa Instalaza de una indemnización del Gobierno por 60 millones de euros  como compensación por prohibirle en 2008 la fabricación de bombas de racimo. Se da la circunstancia de que el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, era consejero y representante de la compañía en la fecha en la que hizo la millonaria reclamación.

Las razones de la Audiencia
La Audiencia Nacional alega que la prohibición de fabricación de bombas de racimo se basó en "el interés público superior de la protección de la vida humana y el Derecho Internacional Humanitario y que "la reclamación indemnizatoria planteada ha de considerarse desprovista de fundamento" porque "la moratoria no tiene por objeto una privación de derechos específica a la reclamante, sino una modificación de un régimen existente por otro más acorde con el interés público", según avanza la SER. De hecho, en diciembre de 2008, un total de 107 países, entre los que estuvo España, ratificó el tratado internacional de Oslo que prohibía el uso, desarrollo, fabricación, adquisición y almacenamiento de bombas de racimo.

Zapatero adelantó su moratoria unilateral
Cinco meses antes de que España suscribiera aquel convenio, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya había aprobado una moratoria unilateral que afectaba al uso, producción y ventas de este tipo de armamento. La decisión del Ejecutivo afectó al negocio de la empresa aragonesa de la que era consejero y representante Pedro Morenés.

La empresa de Morenés recurrió a la Justicia en 2011
La compañía reclamó al Ejecutivo por la vía administrativa una compensación por el cese de su negocio, pero el ejecutivo denegó su petición. En septiembre de 2011 Instalaza presentó un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en concepto de daño emergente y lucro cesante cifrando en 59.906.000 los perjuicios.

Gadafi, cliente estrella de Instalaza
Como publicó ELPLURAL.COM en 2012, entre los clientes estrella de la empresa a la que Morenés representaba se incluía el régimen de Gadafi en Libia, al que vendió bombas de racimo hasta tres meses antes de la moratoria aprobada por el Gobierno de Zapatero. Estas bombas, modelo MAT-120, fueron usadas por el dictador contra la población civil durante la rebelión de los libios contra su régimen.