Foto de la mansión de los duques de Palma, cuya venta fue anunciada por la inmobiliaria Barcelona Rent
El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha embargado la mitad indivisa de la mansión en el exclusivo barrio de Pedralbes, en Barcelona, que poseen en propiedad al 50%e la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, después de que éste no hiciese frente en su día a la fianza de responsabilidad civil que le impuso el magistrado de forma conjunta y solidaria con su exsocio Diego Torres, por un importe de 6,1 millones de euros.
Una propiedad de 2.200 metros
La propiedad está levantada sobre un terreno de 2.200 metros cuadrados y cuenta con siete habitaciones, un salón de 120 metros cuadrados en la planta baja y otro de 120 metros cuadrados en la planta superior, 10 baños, ascensor, varias estancias dedicadas al servicio, una casa de invitados, un centro de seguridad y una piscina con agua salada, entre otros lujos.
Embargo de 16 propiedades
El magistrado ha dictado este lunes un auto mediante el que embarga no sólo la mitad del inmueble de Pedralbes, sino también parte de otras propiedades que se encuentran a nombre de Urdangarin, hasta un total de 16, entre estas, tres viviendas menores en Palma y Terrassa y garajes, informa Europa Press.
El juez apuntó a los políticos que dieron contratos a Urdangarin
Urdangarin y Torres recurrieron el auto mediante el que fue decretada la fianza. En el caso del duque de Palma, denunciaba haber visto vulnerado su derecho de defensa tras decretarse la caución, debido a la cual se vería abocado a un "injusto empobrecimiento", según expresaba su demanda.
En su auto de responsabilidad civil, el juez Castro afirmaba que Urdangarin y Torres no son "los únicos criminalmente responsables" en el marco de estas pesquisas, al reprochar en este contexto el papel que desempeñaron las Administraciones públicas de Baleares y la Comunidad Valenciana y más en concreto de quienes gestionaban el dinero que acabó desviado.
Barberá y Camps, citados a declarar
En este sentido, el juez ha citado a declarar como testigos, para los próximos días 15 y 16, a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y al expresidente de la Generalitat Francisco Camps por los contratos adjudicados al Instituto Nóos, que presidía Urdangarin.
La investigación se dirige a averiguar las negociaciones previas a la firma del convenio de los llamados Valencia Summit -con Ciudad de las Artes y las Ciencias, SA (Cacsa) y la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau- durante los años 2004, 2005 y 2006. La investigación también afecta a un segundo acuerdo para la organización unos eventuales Juegos Europeos que nunca se celebraron pero por los que Urdangarin cobró más de 300.00 euros.
