El culebrón del caso del comisario retirado José Manuel Villarejo no cesa. Y precisamente por eso, porque cada día aparecen nuevas informaciones, el juez le ha dado un nuevo impulso a la investigación. El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón tomará declaración este jueves al propio Villarejo así como al comisario Enrique García Castaño, su socio; y a Eugenio Pino, considerado el jefe de la brigada patriótica, tal y como publica El País.

Las declaraciones se toman apenas 24 horas después de que el magistrado prohibiera a un cuarto comisario abandonar España. Asimismo, trascendió este miércoles la imputación de cinco policías y un funcionario de Hacienda que estaría trabajando para Villarejo.

La decisión del juez de imputar a estos topos se produce a petición de la Fiscalía Anticorrupción. ¿El motivo? Que el Ministerio Público considera que los datos personales y privados obtenidos por la red Villarejo para realizar chantajes a sus víctimas fueron obtenidos de manera espuria puesto que sería imposible obtenerlos mediante otros medios. Así se desprende, al menos, de la documentación intervenida al comisario retirado en el marco del Proyecto Iron.

También fueron imputados otros dos policías (un subinspector destinado de lucha antiterrorista y un agente de seguridad ciudadana de Granada), pero esta vez, en el marco de la denominada operación Pintor, en la que el comisario investigaba a un empresario y un abogado con el objeto de extorsionarles. En este sentido, el magistrado detectó comportamientos e irregularidades similares a las del Proyecto Iron.

En el caso Iron, la investigación se centró en identificar las fuentes, ya fueran policías o funcionarios, de la Agencia Tributaria que pasaban información a Villarejo. Por este motivo, Anticorrupción acusa a Juan José Díez Álvarez y Manuel Novoa Martínez, actualmente jubilados, de revelación de secretos y cohecho. Lo mismo ocurre con el funcionario de Hacienda Antonio Chaparro Luque, actualmente jubilado.

Y es que, durante los registros a Villarejo en noviembre del 2017, momento de la detención del comisario, se encontró un documento de la Agencia Tributaria relacionado con la declaración fiscal relativa al año 2013 del bufete la red de Villarejo espiaba.

Operación Kitchen

El juez también está avanzando en una de las piezas separadas más conocidas del caso Villarejo, la operación Kitchen. Ayer, Manuel García-Castellón, acordó imponer medidas cautelares tanto al comisario Andrés Gómez Gordo, próximo a María Dolores de Cospedal, como al chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas, Sergio Ríos, tras escuchar las declaraciones que ambos han prestado en relación a la 'operación Kitchen': prohíbe a ambos que abandonen el territorio nacional.