Diciembre da oxígeno parlamentario al Gobierno en un mes casi sin plenos y con el foco en Extremadura

El calendario y María Guardiola han querido que el mes de diciembre sea relativamente tranquilo para el Gobierno de coalición. Al menos en lo que respecta al Congreso. El adelanto electoral en Extremadura ha provocado una atrofia de plenos para este mes de diciembre, acotando las jornadas parlamentarias a tan sólo una semana del mes. Es habitual que con la convocatoria de comicios se paralice la actividad en la Carrera de San Jerónimo y si a ello les sumas las fechas navideñas y las particularidades de enero – mes inhábil -, no se regresará al Hemiciclo hasta la segunda semana de febrero. O lo que es lo mismo, a Moncloa le queda tan sólo el polvorón del segundo asalto de la senda de déficit antes de que el foco se desplace hasta tierras extremeñas y los posibles acuerdos entre PP y Vox.

El Gobierno encara el mes de diciembre tras una semana – la última de noviembre – entre algodones. Una colección de varapalos judiciales a los que puso el broche de oro la – asumida – derrota con la senda de déficit. Junts certificó la primera amenaza tras su divorcio con el PSOE, provocando el tropezón de Moncloa en el paso previo a los Presupuestos Generales del Estado. De nuevo, junto a PP y Vox, los siete de Carles Puigdemont asumieron su nuevo papel de dique de contención legislativo tumbando los objetivos de estabilidad y expusieron la debilidad de la coalición bajo palio de cronificarla.

En estas aguas turbulentas navega Moncloa, que previsiblemente en dos semanas regresará al via crucis parlamentario con un nuevo asalto para los objetivos de déficit. Lo normal, salvo sorpresa mayúscula – casi quimérica –, será coleccionar un nuevo revés con su respectivo carrusel de titulares a modo de gasolina para la hoguera del Partido Popular y de Vox; mientras Junts hace ademán de acercarse al fuego de la moción de censura. La fotografía no es positiva para el Ejecutivo, pero ya contaban con ello cuando los neoconvergentes les enviaron los papeles del divorcio. Incluso algunas voces del Consejo de Ministros descafeinaban el arrebato de los independentistas y minimizaban su impacto a futuro. Precisamente por el caprichoso calendario de diciembre, condicionado a su vez por las elecciones en Extremadura, fijadas para el próximo 21 de diciembre.

Fuera del foco

Descontando la primera semana de mes – siempre inhábil -, lo habitual es que el cierre del curso cuente con apenas dos semanas de plenos. Quince días que no serán tal en esta ocasión, al coincidir con los comicios extremeños. No es la primera vez, a pesar de las inflamaciones de la derecha, que unas elecciones adelgazan el calendario de sesiones. Las quejas de la oposición, en parte, se dirigen hacia la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a quien acusan de lanzar un salvavidas al Gobierno por no fijar un pleno escoba en otra fecha para liquidar asuntos pendientes antes del parón navideño – y electoral -.

Sea como fuere, y a pesar de la sonoridad de la asumible derrota con la senda de estabilidad en la segunda semana, el Gobierno evitará la quema parlamentaria hasta la segunda semana del mes de febrero. El mes de enero es inhábil y con las elecciones extremeñas, las sesiones se reanudarían casi dos meses después de la última de este año. Un balón de oxígeno para Moncloa, donde ya cuentan con tiempo extra para intentar encauzar la situación en la Carrera de San Jerónimo, pese a que Junts ha subido la apuesta hasta recuperar la autodeterminación de Cataluña como moneda de cambio para sus siete votos.

Pese a ello, el Ejecutivo insiste en tender la mano a los neoconvergentes, a quienes tratará de seducir de nuevo para resistir – al menos – hasta el final de la legislatura, que es el objetivo prioritario de la coalición. La consigna en público es que no habrá elecciones generales hasta 2027. Una convicción que descansa en parte sobre esta particularidad del calendario de sesiones. Al coincidir las elecciones con el final de año, ello implica que las negociaciones para la futura formación de gobierno se dilatarán hasta bien entrado el mes de enero, lo que concede un tiempo extra para resituar el foco sobre los asumibles pactos de María Guardiola – y por ende del PP – con la ultraderecha.

Horizonte judicial

Lo que no está tanto en las manos del Gobierno es el frente procesal que se avecina. Ya el ingreso en prisión de José Luis Ábalos ha caído como un misil en Ferraz y en Moncloa. No por el temor a que la corrupción de sus últimos dos secretarios de Organización les salpique, sino por el impacto que pueda producir sobre el bloque de la investidura. Si bien aún no hay nadie entre los socios del Ejecutivo que se proponga tirar del cable. Ni tan siquiera el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Los jeltzales llevan sus tiempos, marcados por los límites a los que les llevó el Partido Popular de Mariano Rajoy con la trama Gürtel.

A ellos precisamente recurren los conservadores, quienes tras años de confrontación cruda y directa, piden que recapaciten para dejar caer a la coalición progresista. Sin embargo, en el PNV ni se contempla esa opción. Tampoco en el resto de los aliados. No obstante, sí existe una cierta incertidumbre ante lo que pueda ocurrir. De ahí los avisos que en privado mandan desde algunas formaciones que sustentan al Gobierno, que en caso de que escale, sí se estudiaría tal opción. Por el momento, entre las filas socialistas tratan de calmar las aguas y aseguran que las amenazas de Ábalos son papel mojado y no hay riesgo de que contagie a la estructura nacional del PSOE, como ocurriera con los conservadores.