El diccionario de eufemismos y el doble rasero de Génova: ¿genocidio? No en Gaza, pero sí en Ucrania

Borja Sémper – y por extensión el Partido Popular, en calidad de su portavoz – convive con la idea de que Benjamin Netanyahu ha cometido “atrocidades incalificables”. En Génova sostienen que la ofensiva israelí en la Franja de Gaza es un “crimen de guerra espantoso”, censurable y perseguible por la justicia internacional. Sí defiende la idea de que el primer ministro hebreo tendrá que responder por sus actos ante los tribunales. Sin embargo, cuando la conversación bordea con el vocablo genocidio, los conservadores frenan ahí su argumentación. Con Israel, habida cuenta de que con Vladimir Putin no dudaron en empuñar dicha palabra para describir la invasión rusa de Ucrania, así como el uso de otros eufemismos que incluyen en su libreto de estilo para la narrativa geopolítica, en este caso.

“En términos estrictamente técnicos, por lo que significa la palabra genocidio, yo creo que no se puede aplicar”. Estas fueron las palabras que el portavoz nacional del Partido Popular escogió cuando le preguntaron por la guerra en la Franja de Gaza en la web especializada Descifrando la guerra. Sémper descansa su argumentación sobre un bastón presuntamente jurídico, arguyendo que no todas las atrocidades ni los crímenes bélicos se cobijan bajo el paraguas de genocidio. No obstante, cuando le interrogaron sobre la comisión de investigación de Naciones Unidas (ONU) – que sí llegó a dicha conclusión – admitió que desconocía los nombres que la integraban. Como tampoco conocía “los términos” de la demanda que Sudáfrica presentó contra Israel ante la Corte Penal Internacional.

Dicha conversación condensa buena parte de las circunvalaciones discursivas del Partido Popular con respecto al conflicto árabe-israelí; especialmente desde su recrudecimiento en octubre de 2023. Génova ha ampliado progresivamente su vocabulario para describir el hostigamiento hebreo contra la población palestina. Desde tragedia, hasta llegar a barbarie, horror, atrocidad, actuaciones inadmisibles, violaciones de derechos, masacre y, ahora, crímenes de guerra. Todo un diccionario que parece no tener límites… salvo uno. La palabra “genocidio” nunca aparece en sus intervenciones.

Precaución que contrasta con la facilidad con la que un nutrido grupo de altos cargos conservadores emplearon dicho término para describir la invasión rusa de Ucrania. En aquellos tiempos, la sala de máquinas de Génova no esperó a una sentencia de ningún tribunal internacional ni reclamaron conocimientos técnicos especializados. Ante Vladimir Putin, “genocidio” fue una descripción política válida. En cambio, frente a Israel - y por extensión, Netanyahu -, se ha convertido en una categoría jurídica inaccesible. En un tabú.

El diccionario de eufemismos

Alberto Núñez Feijóo marcó la pauta apenas tres días después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023; fecha a la que se aferra Tel Aviv para justificar su guerra sin cuartel sobre Palestina - y su población civil-. El líder del principal partido de la oposición, tras varias jornadas parapetado en la trinchera del silencio, reivindicó el derecho del estado de Israel a la “legítima defensa”, mientras hacía equilibrismo con el argumento de que el pueblo palestino no podía ser utilizado como escudo. Los populares pusieron el acento en la condena al atentado de Hamás y redirigieron sus ataques contra el Gobierno de Pedro Sánchez por no alinearse con el país hebreo.

Los primeros meses de recrudecimiento del conflicto, toda denuncia pública pivotaba sobre las acciones del Gobierno de Benjamin Netanyahu, junto con una advertencia sobre el terrorismo de Hamás. Un esquema que inundó las intervenciones de las principales cabezas visibles del Partido Popular: reconocer el sufrimiento de los civiles palestinos, pero remitirse de inmediato a los ataques de la “organización terrorista” para poner el colofón con un señalamiento directo a Moncloa por utilizar Gaza para hacer política interna.

El portavoz llevó esta lógica hasta las protestas universitarias de mayo de 2024. Al ser interrogado por las acampadas estudiantiles en solidaridad con Palestina, manifestó públicamente su “sensación” de que estaban dirigidas “contra Israel y a favor de Hamás”. Días después, Sémper negó tal afirmación, aunque sí se mantuvo en que las movilizaciones estaban “cojas” por no condenar el ataque terrorista con la suficiente contundencia. Ese mismo mes, Feijóo se oponía al reconocimiento del estado de Palestina que previamente aprobó el Gobierno central, bajo el argumento de que hacerlo en aquel momento era “más perjudicial que beneficioso” para el pueblo palestino, además de ser una decisión que – a su juicio – empoderaba a Hamás.  

Génova fue cocinando a fuego lento su cambio de versión, sin llegar a transgredir los límites del ataque directo a Israel que muchos líderes europeos comenzaban a entonar. La condena al Gobierno hebreo comenzaba a florecer, aunque lo hacía lentamente en los primeros meses de 2025, cuando las imágenes de destrucción, desplazamientos forzosos y bloqueo de la ayuda humanitaria complicaban la postura inicial. Entonces, consideraron “razonable” que la Unión Europea revisara las relaciones con la Administración de Benjamin Netanyahu, destacando que el derecho a defenderse no incluía el derecho a cometer “atrocidades”. Hasta la fecha, fueron las palabras más duras de los dirigentes conservadores.

El PP continuó dicha senda, aunque sin llegar nunca a romper el tabú del “genocidio”. En septiembre del curso pasado, Feijóo declaraba que lo que estaba haciendo Israel en Gaza era “inadmisible”, que confundir a los civiles con Hamás resultaba intolerable y que el bloqueo de la ayuda humanitaria era “imperdonable”. Poco después, dieron otro pequeño salto semántico: “La masacre de civiles debe parar en Gaza y los civiles palestinos no son terroristas”. Génova aceptaba de este modo casi todos los elementos del relato internacional: civiles atacados, violaciones de derechos humanos y hasta una “masacre”, así como la atribución de responsabilidades penales al Ejecutivo de Netanyahu… pero ni rastro de la denominación que organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos empleaban desde hace años.

La ley del embudo

La versión oficial se ha reiterado y transmitido desde diversas gargantas. Ester Muñoz, portavoz parlamentaria del PP, alegó que se trataba de un asunto de “más complejidad”, porque genocidio es un término jurídico. Génova emplazaba su utilización al visto bueno de los tribunales. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, dio un más y negó la existencia de un “genocidio en Gaza”, justificando que éste fue el exterminio del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Una comparación que minimiza el concepto a su manifestación histórica más extrema y que, sin quererlo, exponía el doble criterio popular, habida cuenta de que el mismo protagonista, en abril de 2022, condenaba la invasión rusa de Ucrania y señalaba a Putin por cometer un “genocidio” y vulnerar los derechos humanos del pueblo ucraniano. Es más, el PP votó a favor de dicha narrativa sin la necesidad de una sentencia internacional previa.

No fue el único que pronunció tales palabras. En abril de ese mismo año, el entonces senador del PP Antonio Alarcó se dirigió al Pleno de la Cámara Alta condenando el “genocidio en Ucrania”. Una expresión que replicó en julio. Meses después, la parlamentaria Valentina Martínez Ferró reclamaba al Gobierno conocer su postura sobre la creación de un tribunal especial que investigara los “crímenes de agresión y genocidio” cometidos en territorio ucraniano.

Entonces, Génova no dependía de una resolución de la Corte Penal Internacional para recurrir al término – ahora tabú – para referirse a la ofensiva rusa sobre Ucrania. Tampoco reclamó a sus cargos que evitaran la palabra hasta que los jueces dictaran sentencia. El concepto se utilizó como condena política y moral frente a una potencia considerada enemiga de la Unión Europea. Es decir, la diferencia no reside en la complejidad jurídica del término, sino en la identidad del acusado. Rusia es un adversario estratégico – también de la OTAN -, mientras que Israel se presenta de forma recurrente por la derecha como una democracia occidental y, por tanto, un aliado prioritario.

El propio Sémper lo explicitó en su entrevista en Descifrando la guerra, aunque reprochó al Gobierno de Netanyahu sus actuaciones, se definió como defensor del “modelo político israelí” y describió al estado hebreo como una democracia consolidada, con sus derechos, libertades civiles y pluralidad ideológica. Sin embargo, cuando habló de Ucrania, calificó su integridad territorial, moral y política como objetivo “irrenunciable”, mientras defendía mantener el apoyo económico y militar al país que todavía dirige – sin haber convocado elecciones – Volodimir Zelenski.  

Informes desconocidos

La prudencia de Génova tampoco se ha relajado pese a la aparición de innumerables conclusiones de organismos internacionales. En diciembre de 2024, Amnistía internacional determinó que existían bases suficientes para concluir que Israel había cometido – y continuaba, de hecho – un genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza. La organización documentó quirúrgicamente asesinatos, daños físicos y mentales graves, así como la imposición deliberada de condiciones de vida orientadas a provocar la destrucción. La ONU ratificó una versión similar un año después, cuando la Comisión Internacional Independiente de Investigación; desconocida por Sémper antes de rechazar sus conclusiones por razones “estrictamente técnicas”.

La Corte Penal Internacional todavía no ha dictado una sentencia definitiva sobre el fondo de la demanda de Sudáfrica. Sí ha impuesto a Israel medidas provisionales vinculantes dentro del procedimiento abierto por posibles vulneraciones de la Convención contra el Genocidio. Por su parte, la Corte Penal Internacional emitió en noviembre de 2024 órdenes de detención contra Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.

La contradicción alcanza su punto más evidente en la última entrevista de Sémper. El portavoz nacional se considera suficientemente informado para afirmar que hubo un crimen de guerra y para descartar que hubiera genocidio, pero admite desconocer tanto la demanda que estudia el principal tribunal de Naciones Unidas como las conclusiones de la comisión internacional que investigó los hechos.

Versos sueltos frente a la línea dura

La resistencia tampoco es compartida ya por todo el partido. El presidente gallego, Alfonso Rueda, asumió en septiembre de 2025 que el Parlamento autonómico estaba condenando un genocidio al guardar un minuto de silencio por las víctimas. Juanma Moreno terminó aceptando el término en el Parlamento andaluz. El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, fue todavía más directo: “Es masacre, es genocidio”.

Frente a ellos, Ayuso ha mantenido una de las posiciones más próximas a la narrativa israelí, denunciando la “demonización” de la “única democracia liberal de Oriente Próximo”. Almeida ha negado expresamente el genocidio. Feijóo ha elegido una vía intermedia: endurecer gradualmente los adjetivos sin cruzar nunca la frontera marcada por la dirección nacional. La posición terminó teniendo consecuencias parlamentarias. En octubre de 2025, PP y Vox utilizaron su mayoría para tumbar en el Senado una moción que condenaba el genocidio en Gaza. Los populares prefirieron sustituir el término por “masacre”, el último concepto admitido oficialmente en el diccionario de Génova.