La derecha activa la palanca empresarial: la CEOE asume el relato del PP contra el Gobierno

Que la relación entre el Gobierno y la CEOE nunca ha sido un juego de niños es un hecho, pero hubo un tiempo en que ambas partes, en consonancia con sindicatos y actores sociales, alumbraron más de una decena de acuerdos. Un periodo – entre 2020 y 2023 – que no se ha podido replicar en esta legislatura. La patronal se ha descolgado de aquella mesa de diálogo social, provocando un cisma con el Ministerio de Trabajo que ha desembocado en una cruzada contra el Ejecutivo de coalición. La derecha, cuyos vínculos con la patronal no eran tan idílicos como en épocas anteriores, ha aprovechado la brecha entre Antonio Garamendi y Yolanda Díaz para activar el último resorte de su ofensiva contra Moncloa: la palanca empresarial.

El choque es permanente durante esta legislatura. Ni rastro queda del entendimiento – o al menos las intenciones – del rush finale del cuatrienio político anterior. En estos dos años, los enfrentamientos entre la patronal y el Gobierno se han intensificado hasta el punto de impedir mejoras sociales como la reducción de jornada laboral o – el más reciente – la ruptura de las negociaciones con el Ministerio de Trabajo para reformar la Ley de Prevención. La organización presidida por Antonio Garamendi ha hecho las paces con el Partido Popular y se plasma en las últimas intervenciones de la entidad, donde incluso han llegado a reclamar elecciones a un Ejecutivo – dicen – “enfangado en ataques” a la judicatura y “rodeado de corrupción”.

De la mano del PP

En estos términos se expresaba este pasado fin de semana el número dos de la CEOE, Miguel Garrido. Con motivo del VII Foro Iberoamericano de la Mypyme que se celebró en Tenerife, el vicepresidente primero de la patronal concedió una entrevista a Europa Press, desde donde marcó la pauta del argumentario de la organización. Un relato que arranca con la exigencia al Gobierno para convocar elecciones anticipadas al entender que “no puede llevar a cabo ninguna agenda parlamentaria” porque no tiene apoyos en el Congreso de los Diputados.

La CEOE asume la narrativa conservadora, hasta el punto de incluir al libreto las acusaciones de corrupción y de guerra contra la judicatura que verbalizan desde Génova. Sobre ahí pivotaba Garrido en la entrevista, acusando al Ejecutivo de “dañar la imagen internacional de España” al estar “rodeado de corrupción” y estar “enfangado” en una cruzada contra el Tribunal Supremo, en relación a la condena contra el fiscal general del Estado, cuya sentencia se desconoce aún en su totalidad.

Así, Garrido eleva la presión sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez, exhibiendo su deseo de que “haya elecciones” ante la evidencia de que “vivimos en una situación en la que el Gobierno no puede llevar a cabo ninguna agenda parlamentaria, normativa, porque no cuenta con apoyo parlamentario”. Al margen de ello, y de atribuir la corrupción a toda la estructura monclovita y socialista, creen necesario que se el momento de que “los ciudadanos elijan” un Ejecutivo que “cuente con el respaldo suficiente para poder llevar a cabo las funciones que le corresponden” a un Gobierno. En este sentido, interrogado por la posibilidad de que el presidente active la palanca del adelanto electoral, el vicepresidente de la patronal asume que “debería” y, como tal, “espero que así sea”.

Al choque con Hereu

Los ataques de Garrido este fin de semana no se circunscriben sólo al más alto nivel del Gobierno, sino que también se ramifican en ministerios como el de Industria y Comercio. Su titular, Jordi Hereu, también ha sido objeto de la ofensiva de la patronal. Garrido exigía a Moncloa que no criminalizara la labor de las empresas si quieren “empresas fuertes” que sustenten el tejido del Estado del Bienestar. Amenaza directa después de que el ministro del ramo defendiera que la democracia social a la europea demanda “fortalecer la base material” que la sustenta, la “económica empresarial”.

De ahí que Garrido cargara las tintas contra Hereu, lamentando que el Gobierno podría continuar “no agobiando” a los empresarios “con cargas regulatorias” o endureciendo la “normativa laboral cada vez más y por lo tanto dificultando la competitividad, no trabajando para solucionar el absentismo y luego incrementando la presión fiscal”. Asume que las empresas son claves para el robustecimiento del Estado del Bienestar – “claro que lo creemos”, llegó a decir -, pero traslada la responsabilidad sobre el Ejecutivo de que los salarios en España se alejen de los parámetros europeos. “No nos dotan de herramientas para que tengamos mejores márgenes y podamos remunerar mejor a los trabajadores”, esgrime.

Trabajo es otra de las patas de Moncloa con la que se ha recrudecido la tensión. De hecho, el ministerio capitaneado por Yolanda Díaz disolvió la mesa de negociación sobre la ley de prevención de riesgos al ver imposible la opción de un acuerdo con la patronal. Una actitud que para la mano derecha de Garamendi no es sino un paradigma de un Gobierno “acostumbrado a imponer” y “no a negociar”, obviando los más de 15 acuerdos tripartitos suscritos por el Ejecutivo junto a la propia CEOE y actores sindicales y sociales en la pasada legislatura.

No obstante, insistió en este marco argumental, afeando a Moncloa que “no llevan bien” las negociaciones porque están “acostumbrados” a tomar decisiones de “manera unilateral” y “sin contar con la opinión” de la patronal. "Si lo que se pretende ataca a lo que nosotros entendemos que es necesario para que las empresas sobrevivan, naturalmente nos tenemos que oponer a ello", remató.