La lentitud de la justicia española vuelve a estar en el centro del debate, pero esta vez con un acento político claro: la sospecha de que los casos de corrupción vinculados al Partido Popular se juzgan con un calendario distinto al del resto. La oposición denuncia una justicia “en diferido” en Madrid que acumula retrasos sistemáticos en las causas más sensibles para el poder autonómico, una percepción que se ha reforzado tras conocerse que el juicio que afecta al novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no se celebrará hasta después de las elecciones autonómicas previstas para 2027.
La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Pilar Sánchez Acera, ha sido una de las primeras en reaccionar públicamente al aplazamiento del procedimiento. En un mensaje difundido en redes sociales, ha denunciado que “las cosas de palacio van despacio” y que, cuando se trata de causas que afectan al Partido Popular, “quien tiene padrino —o madrina— se bautiza”. Para la dirigente socialista, el retraso del juicio no es un hecho aislado, sino un nuevo episodio de una dinámica reiterada en la Comunidad de Madrid: grandes escándalos de corrupción que tardan años en llegar a los tribunales, cuando ya han perdido parte de su impacto político y social.
En su mensaje publicado en X, Sánchez Acera ha recordado que el caso Gürtel, una de las mayores tramas de corrupción política de la democracia, tardó casi una década en ser juzgado desde el inicio de la investigación. Aunque finalmente hubo condenas y consecuencias judiciales, la dilación del proceso permitió que durante años los principales responsables políticos eludieran la rendición de cuentas. A ello se suma el caso Púnica, cuya pieza principal no comenzó a juzgarse hasta más de diez años después de las primeras detenciones, tras una instrucción interminable marcada por retrasos, fragmentación del sumario y dilaciones procesales.
Ya sabemos:
— Pilar Sánchez Acera (@psacera) January 14, 2026
Las cosas de palacio van despacio;o quien tiene padrino (madrina),se bautiza.
Pero no nos extrañemos, acaban de juzgar Gürtel,están ahora con Púnica y aún no han empezado a juzgar Lezo.
En Madrid,la justicia es en diferido para los casos de corrupción del PP. pic.twitter.com/T3gW1gRROM
Todavía más paradigmático resulta, según la oposición, el caso Lezo, centrado en el presunto saqueo del Canal de Isabel II durante gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid. Pese a la magnitud de los hechos investigados y a la relevancia de los cargos implicados, la causa sigue sin una fecha clara para la celebración del juicio, lo que refuerza la idea de una justicia que avanza con especial cautela cuando las responsabilidades políticas alcanzan a las élites conservadoras madrileñas.
El novio de Ayuso no va a salir de rositas porque vivir en democracia significa que nadie está por encima de nadie
A estas críticas se ha sumado con dureza Más Madrid. Su portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha elevado el tono al denunciar abiertamente una justicia a dos velocidades y señalar directamente al entorno personal de la presidenta regional. “Es difícil no tener la sensación de que la justicia trabaja a diferentes velocidades y siempre va más lenta cuanto toca perseguir a los corruptos del Partido Popular”, ha apuntado Bergerot, quien no ha dudado en vincular el retraso del juicio con un patrón estructural de impunidad.
La portavoz ha ido más allá en sus declaraciones, lanzando un mensaje directo al principal investigado: “Yo le diría al señor González Amador que disfrute del tiempo que le queda de libertad”. Bergerot ha asegurado que su formación no va a permitir que el paso del tiempo juegue a favor del investigado y ha recordado la gravedad de las acusaciones que pesan sobre él. “A la señora Ayuso no vamos a dejar de recordarle ni un solo día que su novio está investigado por fraude fiscal, pertenencia a una organización criminal y soborno a un ejecutivo de Quirón para pagar ese pelotazo con mascarillas que le hizo ganar dos millones de euros en plena pandemia”, ha sostenido.
Desde Más Madrid subrayan que no se trata solo de un debate político, sino de una cuestión democrática de primer orden. En este sentido, Bergerot ha recordado que su grupo está personado en los procedimientos judiciales abiertos y ha advertido de que ejercerán una vigilancia activa para evitar cualquier intento de dilación o archivo. “Estamos personados en los procesos contra González Amador y vamos a garantizar que no hay impunidad para quienes trafican con la salud y defraudan a los españoles para inflar sus beneficios”, ha afirmado.
La portavoz ha concluido su intervención con una apelación directa al principio de igualdad ante la ley: “El novio de Ayuso no va a salir de rositas porque vivir en democracia significa que nadie está por encima de nadie y que la ley es igual para todos”.
La justicia y sus tiempos, en el foco político
El debate sobre la doble velocidad de la justicia en Madrid no es nuevo, pero vuelve a intensificarse en un contexto marcado por la creciente polarización política y una profunda desconfianza institucional. Desde hace años, la oposición viene denunciando que los grandes casos de corrupción vinculados al Partido Popular avanzan a un ritmo sensiblemente más lento que otros procedimientos, lo que genera la percepción de un trato judicial diferenciado. Los retrasos acumulados en Gürtel, Púnica y Lezo —a los que ahora se suma la causa que salpica al entorno más cercano de la presidenta regional— dibujan, a ojos de PSOE y Más Madrid, un patrón difícil de ignorar y que va más allá de la mera complejidad técnica de las macrocausas.
Para el Partido Popular, sin embargo, estas críticas forman parte de una estrategia de desgaste político sin base jurídica. La dirección regional insiste en que los plazos responden exclusivamente a las garantías procesales y al volumen de las investigaciones, y acusa a la izquierda de erosionar la confianza en la justicia para obtener rédito electoral. Un choque de relatos que se reproduce cada vez que un calendario judicial coincide con un ciclo electoral y que evidencia hasta qué punto los tribunales se han convertido en un terreno más de confrontación política.
Lo cierto es que, mientras los procedimientos se prolongan durante años, la sombra de la duda continúa proyectándose sobre el sistema judicial y sobre la capacidad del Estado para garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su poder económico, su posición política o sus padrinos, sean juzgados en igualdad de condiciones y dentro de plazos razonables. La dilación de los procesos no solo afecta a la eficacia de la justicia, sino también a su legitimidad social, alimentando la sensación de impunidad cuando los investigados pertenecen a las élites políticas y económicas.
