El Pleno del Congreso de los Diputados, previsiblemente, aprobará este martes la proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña impulsada por el PSOE para garantizar la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez con sus socios nacionalistas, que apoyan el Ejecutivo de coalición. De superar esta fase, la Ley de Amnistía continuará los trámites y se remitiría al Senado.

El texto que se debatirá este martes es el de la ponencia remitida por la Comisión de Justicia, donde el pasado martes se sometió a examen y PSOE, Junts y ERC blindaron en la ley a Puigdemont y a Tsunami Democràtic. En este entonces, PSOE y Junts alcanzaron un acuerdo para introducir enmiendas en lo relativo a los delitos de terrorismo, acordando que la medida de gracia excluirá los actos que “de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y el derecho internacional humanitario”.

Aún se puede alcanzar algún acuerdo más e introducir a la ley nuevas enmiendas de grupos parlamentarios como Junts y ERC. Desde el partido socialista han apuntado que “hay tiempo” material para que se pueda alcanzar algún acuerdo más, pero han asegurado que están “cómodos” con el texto aprobado en la Comisión.

Tal como explicó el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, estas modificaciones “técnicas” que recibió la ley suponen mantener el terrorismo como un delito exceptuado de la aplicación de la ley amnistía siempre que suponga una violación grave de derechos humanos. Además, pactaron que tras la entrada en vigor de la ley la amnistía se aplicará por “el órgano judicial que esté conociendo” y “acordará el inmediato alzamiento de cualesquiera medidas cautelares de naturaleza personal o real que hubieran sido adoptadas”.

Más allá del impacto jurídico que traerá la amnistía a los implicados en el desafío soberanista catalán, esta ley ha marcado el debate político español de tal manera que, hasta el principal partido de la oposición, el Partido Popular, ha convocado varias protestas en las calles, la última este domingo, y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, defenderá también y otra vez este martes la posición contraria a esta ley.

Después de la aprobación en el Congreso, la ley iniciará su trámite en la Cámara Alta. Allí, el Grupo Parlamentario Popular, haciendo valer su mayoría absoluta, en lugar de tramitarla por la vía de urgencia, como en el Cámara Baja, ralentizará al máximo el trámite, no más de los dos meses que fija el reglamento. Si el texto sufre alguna variación deberá volverá al Congreso de los Diputados para su aprobación final, previsiblemente con el mismo apoyo con el que se apruebe este martes.

Junts seguirá negociando las enmiendas

La ley de amnistía, que busca beneficiar a los condenados por el 'procés' independentista catalán, llega este martes al pleno del Congreso, después de que el PSOE la registrara en solitario tras alcanzar un acuerdo con Junts y ERC. Sin embargo, la formación liderada por Carles Puigdemont no está satisfecha con el texto que salió de la Comisión de Justicia, donde se aprobaron modificaciones pactadas con el voto de los tres partidos.

Junts considera que la ley debería excluir por completo la excepción de los delitos de terrorismo, que el PSOE se niega a cambiar. Fuentes de Junts han explicado a Europa Press que prevén continuar este martes con la negociación de las enmiendas que mantienen vivas, pero que "por ahora no hay acuerdo".

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, ha afirmado este lunes que "no hay sobre la mesa ningún cambio en la posición del PSOE sobre la votación" de enmiendas que salió de la Comisión de Justicia. No obstante, ha dejado abierta la puerta al diálogo hasta el último momento: "Lo que sí hay es tiempo y evidentemente en los partidos todos siguen hablando hasta que se celebre la votación".

Díaz pide que el debate se circunscriba a "cuestiones políticas"

Por otra parte, el debate se produce en medio de la polémica por el auto del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga el papel de la plataforma 'Tsunami Democràtic' en los disturbios posteriores a la sentencia del juicio del 'procés'. El magistrado ha reiterado en un nuevo auto que los hechos encajan en el delito de terrorismo y ha citado hasta tres convenios internacionales para apoyar su tesis, entre ellos el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, firmado en Nueva York el 9 de diciembre de 1993.

En este sentido, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido que el debate de la amnistía se circunscriba a "las cuestiones políticas" y no judiciales, y ha defendido que este martes es un "día importante" en España porque se va a tramitar una ley que busca "un proceso de reconciliación entre Cataluña y España, en un lugar al que nunca debimos haber llegado".

Díaz, que se encuentra en Ciudad de México en un viaje oficial para lanzar la Red Iberoamericana de la Economía Social, ha reiterado que desde Sumar "siempre" han reclamado un "entendimiento" frente al "conflicto político" entre Cataluña y España "que nunca debió de haber existido". Ha reconocido que los debates sobre la amnistía son legítimos, pero ha pedido que se centren en las "cuestiones políticas". "Soy clara", ha enfatizado.

La ministra ha recordado que "la constitucionalidad o no constitucionalidad" de la ley de amnistía "es patrimonio del Tribunal Constitucional". Ha criticado al Partido Popular por "abdicar de la política como forma de solucionar los conflictos" y por tener una actitud "perversa" que consiste en "enfrentar a una parte de los españoles frente a otra parte de los españoles". "Queremos seguir ensanchando la democracia. Queremos contar con Cataluña, tener un país mejor. Si esta ley goza de las mayorías parlamentarias, pues será una ley del pueblo español", ha defendido la vicepresidenta, al tiempo que ha defendido el respeto a la democracia, a la legitimidad de las instituciones y la separación de poderes.

Estreno del nuevo sistema de voto

El Pleno de este martes en el Congreso de los Diputados servirá también de estreno para el nuevo sistema de votación con pantallas táctiles. Este cambio se produce después de las obras que han tenido lugar en el hemiciclo para la instalación de nuevas pantallas. Esta reforma se inició a finales de diciembre y ha obligado a la Cámara Baja a reunir al Pleno en dos ocasiones en el Senado durante este mes de enero.

La remodelación, que costado tres millones de euros, ha consistido en la retirada de los monitores y teclados que se habían instalado bajo la presidencia del socialista Manuel Marín (2004-2008) y que habían quedado ya obsoletos.