Cospedal continúa proporcionando negocios a empresarios imputados en la Gürtel

El Partido Popular huye desde hace unos años de aquellos empresarios que por “hache” o por “be” fueron imputados en el mayor caso de corrupción política de España. El famoso caso Gürtel, cuyo primer juicio en Valencia ha sido aplazado a junio, sacó a la palestra informativa la relación de determinados personajes y políticos del PP y el enriquecimiento de ambos a través de supuestas tramas seudomafiosas con el ladrillo como principal protagonista. Uno de esos personajes más destacados fue el magnate leonés/burgalés José Luis Ulibarri, “dueño de todo lo que podamos imaginar y más”, concreta a ELPLURAL.COM un destacado miembro del partido de la gaviota toledana. Ulibarri está imputado en la actualidad en la trama mafiosa liderada por Correa por supuestos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, pero a pesar de ello sigue siendo para María Dolores Cospedal un “emprendedor” de referencia.

Un negocio de 34 millones de euros
El caso es que a la presidenta de Castilla-La Mancha no le ha temblado el pulso, a pesar de los apabullantes datos judiciales y policiales, a la hora de conceder a Aralia, empresa integrante del holding de Ulibarri que controla una veintena de centros geriátricos, la gestión de una residencia de ancianos en la localidad toledana de Mora, construida y dotada en su totalidad por el Gobierno castellano-manchego cuando estaba presidido por el socialista José María Barreda, y que el magnate leonés explota desde hace unos meses a través de un negocio de 34 millones de euros (v), y que hace unos días fue inaugurada por María Dolores Cospedal con la notable ausencia del imputado empresario.




¿Puede un imputado ser concesionario en una CC AA?
Un empresario que está imputado por supuesto cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública campa a sus anchas en Castilla-La Mancha, gerencia una residencia de ancianos y aparece ante la opinión pública como miembro de un selecto club empresarial, cuando en realidad estas imputaciones lo invalidarían en otras comunidades autónomos menos en Castilla La Mancha, donde a su presidenta parece no importarle el bagaje judicial de este personaje, imprescindible en cualquier sarao social castellano y leones o valenciano. “Currículum” que sería argumento suficiente para invalidar su presencia en los concursos públicos. Por mucho menos se piden las cabezas de Chaves y Griñán.



Un negocio millonario llamado Aralia
El caso es que José Luis Ulibarri, que puede presumir de “haber” inhabilitado al juez Garzón, era conocido en todas las “comunidades Gürtel” por ser concesionario de importantes negocios, por ejemplo llegó a ser receptor de hasta ocho contratos de obras en la Comunidad de Madrid presidida por Esperanza Aguirre para construir colegios, parte de la ampliación del metro, uno de los nuevos hospitales y un parque de bomberos. Sin embargo, uno de los grandes negocios del “Ciudadano Kane” leonés son los centros geriátricos, que explota bajo la marca Aralia, casi siempre a través de concesiones administrativas dirigidas por el PP, en distintas comunidades como Madrid (4), Castilla y León (11), Murcia, Aragón, Cantabria y Castilla La Mancha, en estas cuatro últimas regiones con una residencia gestionada respectivamente.



Begar, la madre del cordero
Pero todo empezó cuando sus amigos Benito y García, acrónimo de Begar, decidieron crear junto con él la citada empresa y recorrer una trayectoria diseñada y controlada por José Luis Ulibarri, hoy por hoy, único dueño y señor de todos sus negocios. Atrás quedan sus compañeros pantalla. Hoy el burgalés de nacimiento y leonés de adopción controla, junto a su amigo (antes enemigo) Michel Méndez Pozo, el 90 por ciento de los medios de comunicación de la comunidad castellano y leonesa presidida por Juan Vicente Herrera (PP), quien concedió a ambos la explotación de la televisión regional, además de otras prebendas que pasan, necesariamente, por la intimísima amistad que Ulibarri mantiene con el polémico candidato y actual alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva.