El Gobierno está en conversaciones con la familia de José Antonio Primo de Rivera para proceder a su exhumación de una forma coordinada y haciendo cumplir la Ley de Memoria Democrática. Con esta noticia, confirmada por el propio Félix Bolaños durante un desayuno informativo celebrado en Europa Press, se avanza en las voluntades del Ejecutivo dos meses después de que los restos de los generales Gonzalo Queipo de Llano y Francisco Bohórquez fuesen desterrados de la Basílica de La Macarena. Un paso, aquel, realizado sin una exposición mediática reseñable, con apenas una decena de familiares reunidos a altas horas de la madrugada y dos furgones fúnebres que escapaban de las cámaras apenas escoltados por un par de cánticos que rompían el silencio de la noche.

El Ministerio de Presidencia, plenipotenciario en la tarea de hacer cumplir la Ley de Memoria, ha acortado de esta forma las expectativas temporales para proceder a la exhumación del fundador de Falange Española: “Las conversaciones están avanzadas”, ha indicado, al tiempo que indicaba que este era el momento de la “discreción” para que nada alterase las correctas comunicaciones que están teniendo lugar desde hace meses. “La familia ha pedido discreción. A mí me gusta mucho la discreción y voy a respetar el estado de las conversaciones y las peticiones de la familia”, ha proseguido.

No es la primera vez que Bolaños hace referencia a la necesaria coordinación con la familia. Una vez aprobada la Ley de Memoria, antes incluso de proceder a la exhumación de los restos de Queipo de Llano y Bohórquez en La Macarena, el titular de Presidencia indicó que era necesario dotar estos traslados de una “sepultura digna, donde las familiares decidan”, pero evitando que se siga rindiendo honores en lugares preeminentes a generales, militares y protagonistas de la época más ominosa de la historia española.

Una decisión obligada con la aprobación de la nueva ley, en la que se incluye la voluntad de resignificar el Valle de los Caídos -que pasará a llamarse Valle de Cuelgamuros-, dotándolo así de un carácter civil en el que se deje de homenajear a los protagonistas de la dictadura y se otorgue el peso merecido a las víctimas: "La ley establece es que no puede haber ningún protagonista de esos hechos en un lugar preeminente”, sentenció el ministro una vez aprobada la nueva normativa.

La Fundación Francisco Franco

Bolaños no solo se ha pronunciado, con cierto halo de misterio, sobre la exhumación de los restos mortales de Primo de Rivera, sino que también ha valorado la viabilidad de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) con arreglo a la Ley de Memoria Democrática. El ministro de la Presidencia ha califficado como una "anomalía democrática" la coexistencia de dicha organización, abriendo un resquicio a su ilegalización. 

"Es una posibilidad ilegalizarla", ha confirmado el ministro de la Presidencia, resaltando que el articulado se está empezando a implementar. No obstante, ha lamentado que España no contara hasta ahora con una normativa de esta índole, aduciendo que existía una suerte de "anomalía" en el ordenamiento jurídico. Su aprobación fue, a juicio de Bolaños, un "salto de calidad democrática" que ha facultado a hijos y nietos de víctimas de la dictadura y la represión franquista pueden dar "sepultura digna" a sus familiares. 

En lo relativo a la FNFF, Bolaños ha resuelto que es una de las tareas pendientes de la nueva norma. "Si esta fundación, que tiene sus estatutos, lo que hace es enaltecer a un dictador, habrá que aplicar la ley y tendrá las consecuencias que correspondan", ha avisado el ministro de la Presidencia. 

Dos días más tarde de abrir expediente a Falange

Las novedades sobre el estado de las conversaciones entre el Gobierno y la familia de Primo de Rivera se producen apenas dos días más tarde de que desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, dependiente del Ministerio de Presidencia, se abriese un expediente sancionador por los actos del 19 y 20 de noviembre con motivo del aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco y del fundador de esta organización, José Antonio Primo de Rivera. Los hechos sucedidos vulneraron la Ley de Memoria Democrática, recientemente aprobada, y se estudia la imposición de sanciones que oscilan entre los 10.001 euros y los 150.000.

Tal y como confirmó la propia notificación dirigida a prensa por parte de la Secretaría encargada de abrir el expediente, estas concentraciones podrían suponer una infracción muy grave del artículo 62.1.e) de la Ley de Memoria Democrática, que establece que las convocatorias de “actos, campañas de divulgación o publicidad por cualquier medio de comunicación pública, en forma escrita o verbal, en sus elementos sonoros o en sus imágenes, inciten a la exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, cuando entrañe descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares”.