El control del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha forzado la reducción de 5.893 viviendas turísticas en la Comunidad de Madrid, de los cuales 5.344 se encuentra en la provincia de Madrid. Hasta 3.053 viviendas turísticas fueron dadas de baja del correspondiente registro en 2025, según información enviada por el gobierno a la Asamblea. En julio, apenas un 10% de pisos turísticos estaban inscritos en el censo obligatorio. Y este enero, Exceltur, que une a 29 grandes compañías del sector turístico, calculaba que “solo en Madrid hay más de 16.000″ pisos turísticos que no tienen licencia.

Hace casi dos años, el alcalde de Madrid anunció un plan de sanciones para evitar la proliferación de pisos turísticos sin licencia en la capital, que superaban las 13.200, según cálculos municipales. Almeida aseguró entonces que utilizaría la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid para imponer sanciones de 30.001 euros en adelante a las Viviendas de Uso Turístico (VUT) que no tuvieran permiso municipal para ejercer este negocio.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la multa de 30.001 euros a una empresa por explotar un piso turístico en el centro de Madrid sin acceso independiente ―una de las condiciones de la nueva normativa municipal para aprobar este tipo de viviendas― al considerar que el Consistorio interpretó la legislación (en este caso un artículo de la ley de suelo de la Comunidad) de forma excesiva y violó el principio de tipicidad, según una sentencia del 28 de enero a la que ha tenido acceso El País. Esto es, la ley con la que el Gobierno local sancionó a los propietarios no describe de forma clara qué constituye o no una infracción y, por tanto, la multa queda anulada. Esta sentencia del TSJM da la razón a los dueños del apartamento y abre la puerta a que se puedan impugnar el resto de las sanciones análogas a pisos turísticos en la capital. La sentencia no es firme y el Ayuntamiento, que por ahora guarda silencio, puede recurrirla ante el Tribunal Supremo.

El área de Urbanismo ha utilizado esta incompatibilidad para imponer multas y otras previstas en la Ley del Suelo para los reincidentes que llegaban a los 100.000 euros, con el objetivo de desincentivar la apertura de pisos turísticos ilegales hasta la llegada del Plan Reside, que aprobó el pasado mes de septiembre y que es la normativa en vigor. Según datos recientes de la concejalía que dirige Borja Carabante, el Ayuntamiento denunció el año pasado a 1.408 propietarios de VUT sin licencia municipal. De ellas, 323 volvieron al uso residencial “de forma voluntaria ante la apertura del procedimiento”.

Uno de los abogados que ha logrado esta victoria judicial asegura que el fallo puede abrir la puerta a que decaigan muchas multas impuestas por este motivo: “El Tribunal va al núcleo del problema y concluye que el tipo sancionador utilizado por el Ayuntamiento no encaja con los hechos”, explica a este periódico el letrado Javier Flores. No obstante, puntualiza: “No significa que todas las sanciones vayan a ser anuladas automáticamente, pero sí que la base jurídica utilizada de forma generalizada por el Ayuntamiento ha quedado seriamente cuestionada, y eso obliga a revisar muchos expedientes”.

“Seguimos trabajando por aumentar la oferta de vivienda residencial en Madrid y que esta sea accesible para todos. Ojalá que las administraciones de nuestra región atiendan a sus competencias sobre vivienda y trabajen de una vez también en ese sentido”, ha publicado el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid en su perfil de redes sociales.

La normativa municipal aplicada en los casos apelados prohibía abrir pisos de tipo Airbnb en edificios residenciales del centro de Madrid que no cuenten con acceso independiente al portal que usen los vecinos. Eso, en la práctica, inhabilitaba su funcionamiento más allá de los bajos o los primeros con entradas laterales, según la herramienta legal prevista en el Plan de Usos del Hospedaje, aprobado durante el final del mandato de Carmena y que Almeida utilizó hasta la llegada del citado Plan Reside.

Pero las sanciones administrativas se reducían a los 1.000 euros, con posibilidad de elevarlas a 2.000 y 3.000 euros para los reincidentes. Fue entonces cuando Almeida anunció las multas de 30.001 euros basándose en la Ley del Suelo.

Ahora, el fallo judicial cuestiona también el Plan Reside, que muchos propietarios de pisos turísticos sin licencia han recurrido. La justicia aún no se ha pronunciado en este caso, pero es probable que los abogados añadan estas nuevas sentencias a sus alegaciones.

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