La Constitución Española de 1978 alcanzará este mes un hito sin precedentes en la historia institucional del país al igualar el récord de vigencia de la Constitución de 1876, la más longeva hasta ahora. Con este logro, el actual texto constitucional se sitúa como el marco jurídico que más tiempo ha estructurado la vida política española, tras mantenerse en vigor durante 47 años y 73 días, la misma duración que registró la norma impulsada en el siglo XIX durante la Restauración borbónica.
Desde su aprobación en referéndum el 6 de diciembre de 1978 y su entrada en vigor el día 29 de ese mismo mes, la Constitución ha permanecido como el pilar central del sistema democrático español. En este periodo, ha sido objeto únicamente de tres reformas puntuales, sin alterar su estructura fundamental. Este marco jurídico ha permitido consolidar el Estado de Derecho, garantizar los derechos fundamentales y facilitar la alternancia política entre diferentes partidos, en un contexto de estabilidad institucional desconocido en etapas anteriores de la historia del país.
La efeméride se alcanzará el próximo 17 de febrero de 2026, cuando la Constitución vigente acumule el mismo número de días que la de 1876, que hasta ahora mantenía el récord histórico con 17.239 jornadas en vigor. El Congreso de los Diputados y el Senado conmemorarán este momento con un acto institucional presidido por el rey Felipe VI, al que acudirán representantes políticos actuales y figuras que participaron en el proceso constituyente que dio lugar al texto vigente.
Este acontecimiento marca un punto de inflexión en una tradición constitucional caracterizada por la inestabilidad. A lo largo de más de dos siglos, España ha aprobado nueve constituciones, muchas de ellas con una vida limitada o interrumpida por conflictos políticos, golpes de Estado o cambios de régimen. En este contexto, la Constitución de 1978 se convierte en la primera que ha conseguido mantenerse vigente durante casi medio siglo sin ser reemplazada.
Además, ha sido la primera Constitución aprobada directamente por la ciudadanía mediante referéndum, lo que reforzó su legitimidad democrática. Desde entonces, ha sido capaz de absorber importantes crisis políticas e institucionales, incluyendo el intento de golpe de Estado de 1981 y el desafío independentista en Cataluña en 2017, sin que ello haya supuesto su sustitución por otro texto.
Un recorrido marcado por la inestabilidad constitucional
Los orígenes del constitucionalismo español se remontan al Estatuto de Bayona de 1808, promulgado durante la ocupación napoleónica. Sin embargo, este texto careció de legitimidad popular al tratarse de una carta otorgada por José Bonaparte, sin proceso constituyente ni reconocimiento de la soberanía nacional. Su aplicación fue limitada y su vigencia, breve.
La Constitución de Cádiz de 1812, conocida como ‘la Pepa’, supuso el verdadero nacimiento del constitucionalismo moderno en España. Introdujo principios como la soberanía nacional, la división de poderes y la igualdad jurídica, aunque su vigencia fue intermitente debido al rechazo de sectores absolutistas y la restauración del poder absoluto de Fernando VII.
Durante el siglo XIX, las constituciones se sucedieron en un contexto de fuerte inestabilidad política. Los textos de 1837, 1845 y 1869 reflejaron los cambios de orientación ideológica entre gobiernos progresistas y conservadores, con reformas que respondían a los equilibrios de poder de cada momento. La Constitución de 1876 logró establecer un periodo más prolongado de vigencia, coincidiendo con el sistema de turnos políticos entre liberales y conservadores durante la Restauración.
Este periodo finalizó de facto con el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera en 1923. Posteriormente, la Constitución de la Segunda República, aprobada en 1931, introdujo importantes avances democráticos y sociales, pero su vigencia quedó truncada por la Guerra Civil y el establecimiento de la dictadura franquista, que se prolongó durante casi cuatro décadas sin una constitución democrática.
El consenso constitucional de la Transición
La Constitución de 1978 nació en el contexto de la Transición democrática tras la muerte de Franco. Fue fruto del consenso entre distintas fuerzas políticas y estableció un sistema basado en la monarquía parlamentaria, la separación de poderes y el reconocimiento de amplios derechos y libertades.
El texto también sentó las bases del Estado autonómico, permitiendo la descentralización territorial y el reconocimiento de las distintas nacionalidades y regiones. Esta estructura ha permitido articular el funcionamiento institucional del país durante décadas.
A lo largo de su vigencia, la Constitución ha sido modificada en tres ocasiones. En 1992 se reformó para permitir el derecho de sufragio a ciudadanos de la Unión Europea en elecciones municipales. En 2011 se introdujo el principio de estabilidad presupuestaria. La reforma más reciente, en 2024, actualizó el lenguaje constitucional para sustituir el término “disminuido” por una referencia respetuosa a las personas con discapacidad.
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