Hace poco más de un año que Vox dio la campanada en las elecciones autonómicas de Andalucía, irrumpiendo con 12 escaños y logrando un hecho hasta entonces inédito en la historia de España: que la extrema derecha estuviera en las instituciones. Una entrada que a diferencia de lo que sucede en Europa, la derecha no dudó en usar a su favor para pactar con ellos y llegar el poder. Una suma que se repetía meses después en la Comunidad de Madrid y en la Región de Murcia, pese a todas las críticas vertidas, que incluso llegaban desde dentro de las filas del Partido Popular y de Ciudadanos.

Un año después, los peores presagios se han confirmado, Vox es ya la tercera fuerza política en nuestro país con 52 escaños y Santiago Abascal le pelea el trono de la derecha de tú a tú a Pablo Casado. Un hecho que ha provocado que los populares hayan tenido que endurecer su discurso (véase el ejemplo de Cayetana Álvarez de Toledo), para evitar una desbandada de votantes.

Sin embargo, la extrema derecha es consciente de que tiene a los gobiernos de azules y naranjas comiendo de su mano. Una prueba de ellos son las negociaciones para los Presupuestos que los diferentes ejecutivos autonómicos deben aprobar para 2020. Unas cuentas que este jueves veían la luz en Andalucía. De esta manera, la Junta garantizaba la estabilidad económica a cambio de concesiones a Vox como un teléfono de violencia intrafamiliar y la promoción de un convenio con Interior para realizar un férreo marcaje sobre los inmigrantes, con especial hincapié en los Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS).

Unas cesiones que la extrema derecha vuelve a exigir a José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís a cambio de aprobar los Presupuestos del Gobierno de la capital, cuya votación está prevista para el próximo viernes 20 de diciembre. En este aspecto, Javier Ortega Smith, líder de Vox en Madrid, lanzó este jueves un ultimátum a PP y Ciudadanos y condicionó el apoyo de sus diputados a cambio de que azules y naranjas suprimieran el 1,1% destinado a “chiringuitos y redes clientelares” -un porcentaje que equivale a 57.590.711 euros-. “Los chiringuitos y los foros locales son una línea roja por la que no podemos pasar, aunque piensen que el 1% del presupuesto es muy poco”, afirmó el dirigente de la formación ultraderechista.

Estos “chiringuitos” a los que se refirió Ortega Smith, no dejan de ser asociaciones LGTBI y distintos colectivos vecinales, que contemplan temerosos las negociaciones entre PP, Ciudadanos y Vox, puesto que la viabilidad de la gran mayoría de ellos depende de los Presupuestos autonómicos.

El panorama vuelve a ser idéntico en la Región de Murcia, donde Vox fue la fuerza más votada en las recientes elecciones generales del pasado 10 de noviembre. Aquí, el Gobierno en coalición de PP y Ciudadanos que lidera el popular Fernando López Miras ha aplazado la aprobación de los Presupuestos de 2020. Una decisión motivada por las condiciones que ha puesto la extrema derecha para aprobar estas cuentas: deportaciones, pin parental, eliminar organismos relativos a la "ideología de género", sindicatos sin subvenciones o suprimir ayudas que "colabores con la inmigración ilegal", entre otras exigencias. 

No obstante, López Miras se ha mostrado esta semana optimista con que finalmente sacarán las cuentas adelante, y ha quitado importancia a las peticiones de Vox: "Nada me hace presagiar que la Región de Murcia no va a tener Presupuestos".