La relación entre La Moncloa y Zarzuela atraviesa uno de sus momentos de mayor fricción desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno. No existe una ruptura institucional —ni podría confundirse una relación difícil entre sus responsables políticos con una quiebra del funcionamiento constitucional del Estado—, pero sí una sucesión de señales, decisiones, silencios y fotografías que han convertido la comunicación entre ambas instituciones en un asunto político en sí mismo.

La crisis de Ceuta ha funcionado como catalizador. El Gobierno ha asumido el mando de la respuesta a la situación de seguridad nacional y ha articulado la gestión desde el Consejo de Ministros y los órganos especializados del sistema de seguridad nacional. La Casa del Rey, por su parte, ha desplegado tímidamente una comunicación progresivamente más visible alrededor de la ciudad autónoma, de las Fuerzas Armadas y de la necesidad de preservar la unidad institucional. 

El último episodio ha sido particularmente significativo: Felipe VI recibió en Zarzuela a la ministra de Defensa, Margarita Robles, al jefe de Estado Mayor de la Defensa, al jefe del Mando de Operaciones, al jefe del Mando Operativo Terrestre y al comandante general de Ceuta para analizar la situación “desde el punto de vista de la defensa”. La reunión se celebró el 8 de septiembre y fue difundida posteriormente por la propia Casa del Rey mediante una fotografía oficial.

No es la reunión, jurídicamente ordinaria dentro de las funciones del jefe del Estado, lo que ha convertido la imagen en noticia. Es el momento elegido, la composición de la fotografía y la decisión de hacerla pública.

Una fotografía que habla más que un comunicado

La fotografía difundida por Zarzuela sitúa al Rey, uniformado con un traje del ejercito de tierra, en el centro de una escena estrictamente vinculada a la defensa nacional. No aparece únicamente con la ministra competente; junto a ella figuran los principales responsables militares relacionados con la operación. La propia Casa del Rey identificó expresamente el objeto de la reunión: examinar la situación de Ceuta desde la perspectiva de la defensa. 

La elección resulta particularmente elocuente porque se produce después de una crisis en la que las Fuerzas Armadas han desempeñado un papel operativo y después de que Sánchez anunciara que Felipe VI viajará próximamente a Ceuta.

El presidente, preguntado por la fotografía en el programa Mañaneros 360 de Televisión Española, negó que existiera un enfrentamiento y calificó la reunión de normal. También reconoció que el Rey, como jefe del Estado y autoridad constitucional vinculada a las Fuerzas Armadas, tiene no solo derecho sino responsabilidad de mantener este tipo de contactos. 

La segunda fotografía: el Día de Ceuta

El 2 de septiembre, Día de Ceuta, la Casa del Rey publicó una instantanea con las banderas de Ceuta, España y la Unión Europea y un mensaje inequívoco: “La Corona y todos, con nuestra ciudad”. El Rey transmitió además al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, su apoyo y reconocimiento a los servidores públicos, voluntarios y colectivos que habían intervenido durante la crisis. 

Felipe VI no ha estado ni está físicamente en Ceuta, pero la institución monárquica se hizo presente mediante una imagen y un mensaje de pertenencia territorial.

Es una forma de comunicación no verbal especialmente eficaz. La Corona no puede dirigir la política migratoria ni las relaciones exteriores o diplomáticas, ordenar operaciones militares ni negociar con Marruecos. Sí puede, sin embargo, representar simbólicamente la unidad soberana del Estado, visitar territorios, reconocer a sus ciudadanos y transmitir respaldo y afecto.

En una crisis territorial, esa función simbólica adquiere una dimensión política aunque no sea partidista.

La ausencia se convierte en presencia

Sánchez anunció primero que el Rey viajaría a la ciudad “cuando se den las condiciones” y posteriormente precisó que el viaje se produciría “en fechas próximas”, aunque sin concretar cuándo. El jefe del Ejecutivo ha presentado la visita como necesaria para transmitir el respaldo de todas las instituciones a Ceuta y Melilla. 

Normalmente, una visita del jefe del Estado no se presenta normalmente como una concesión del Ejecutivo al monarca, sino como una actividad institucional que debe coordinarse entre la Casa del Rey y el Gobierno.

Sánchez ha subrayado precisamente esa coordinación. Sin embargo, al haber sido él quien anunció públicamente la visita y quién ha ido modificando el grado de precisión de sus explicaciones, la agenda del Rey ha quedado incorporada al debate político del Gobierno.

El Rey representa, el Gobierno dirige

La Carta Magna establece que el Rey es el jefe del Estado y que “arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones”. También establece que ejerce el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Pero sus actos están sujetos, con carácter general, al refrendo del presidente del Gobierno o de los ministros competentes, que asumen la responsabilidad correspondiente.

Por tanto, ni la Casa del Rey puede convertirse en un Gobierno paralelo ni el Gobierno puede tratar la institución monárquica como un departamento subordinado de La Moncloa.

La dificultad reside precisamente en la zona intermedia: la representación. En Ceuta, el componente simbólico es extraordinariamente elevado. La ciudad es territorio español, frontera exterior de la Unión Europea y enclave especialmente sensible en la relación con Marruecos. En una crisis de estas características, cualquier aparición del jefe del Estado tiene una carga política superior a la de una visita institucional ordinaria. Por eso la fotografía con Robles importa. Y por eso también importa que el Rey todavía no haya viajado a Ceuta.

Un Consejo de Seguridad Nacional sin Felipe VI

La otra pieza del rompecabezas es el Consejo de Seguridad Nacional celebrado el 25 de agosto.

El Gobierno declaró entonces la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta y estableció una autoridad funcional o “mando único” para coordinar la respuesta. La reunión extraordinaria fue liderada por el presidente del Gobierno, que delegó operativamente al ministro Ángel Víctor Torres. 

La ausencia del Rey fue interpretada por algunos sectores como un gesto de distanciamiento institucional. La composición y funcionamiento del Consejo de Seguridad Nacional se encuentran regulados legalmente y no todas las reuniones de este órgano requieren la presencia del Rey. 

La comparación con otras crisis —pandemia, guerra de Ucrania o apagón— alimenta la lectura política porque Felipe VI sí ha tenido protagonismo institucional en determinados momentos de esos episodios. Pero una comparación de precedentes tampoco convierte una diferencia de procedimiento en una infracción constitucional.

La cuestión realmente relevante es otra: qué mensaje transmite la sucesión de decisiones cuando se observa como una secuencia y no como episodios aislados.

Una relación construida sobre desencuentros

La tensión actual tampoco nace en Ceuta.

Desde 2018, la relación Sánchez-Felipe VI ha acumulado episodios que han alimentado una percepción pública de distancia: el debate sobre el discurso del Rey tras el 1-O; las negociaciones de investidura de 2019; la formación del primer Gobierno de coalición; la controversia sobre Juan Carlos I; la ausencia del monarca en el acto judicial de Barcelona en 2020; la amnistía y el discurso constitucional de Felipe VI en 2023; la visita a Paiporta tras la DANA de 2024 y, más recientemente, las discrepancias comunicativas sobre el papel de la Corona y sus visitas a Ceuta y Melilla.

No todos esos episodios tuvieron la misma entidad ni pueden calificarse como enfrentamientos. Algunos fueron problemas de protocolo, otros diferencias políticas y otros simples decisiones de agenda posteriormente interpretadas desde la lógica partidista.

Pero su acumulación ha producido un fenómeno relevante: cada nuevo desencuentro se interpreta a la luz de los anteriores. Eso es exactamente lo que ocurre ahora con Ceuta.

De la discrepancia política a la semiótica institucional

El conflicto de fondo no consiste necesariamente en que Sánchez y Felipe VI mantengan una relación personal mala. Ese extremo no puede establecerse con rigor a partir de imágenes públicas, filtraciones o declaraciones de terceros.

El asunto sustancial es institucional: qué espacio ocupa cada uno en la construcción del relato del Estado.

Sánchez dispone de la legitimidad democrática derivada de la mayoría parlamentaria que le invistió y de la dirección efectiva del Ejecutivo. Felipe VI posee la legitimidad constitucional de la Corona y una función representativa que adquiere especial relevancia cuando se trata de la unidad territorial, la continuidad del Estado y las Fuerzas Armadas.

En condiciones normales, ambos planos se complementan. En condiciones de polarización, compiten por el espacio simbólico. Y Ceuta ha llevado esa competencia latente al terreno de las imágenes.

La sombra de la República

La existencia de ministros y socios parlamentarios abiertamente republicanos no convierte al Gobierno en un Ejecutivo republicano. La Monarquía parlamentaria forma parte de la Constitución y el presidente del Gobierno ejerce sus funciones dentro de ese marco. Asimismo, todos los miembros del Gobierno prometieron lealtad al Rey en su toma de posesión.

Durante la legislatura, no obstante, el debate sobre Juan Carlos I, la inviolabilidad, la transparencia de la Casa Real y la regeneración institucional ha proporcionado a Unidas Podemos primero y a otros sectores de la izquierda después argumentos para reclamar una revisión del modelo de Estado.

La posición de Sánchez ha sido más pragmática: su Gobierno ha defendido la Monarquía constitucional y, simultáneamente, ha permitido dentro de su mayoría discursos abiertamente republicanos.

La Corona necesita aparentar y proyectar neutralidad; sus críticos pretenden convertir cualquier gesto en prueba de alineamiento; y el Gobierno debe evitar que la institución sea utilizada como arma partidista sin renunciar a su capacidad constitucional de coordinarla.

La fotografía como respuesta institucional

Desde el punto de vista estrictamente comunicativo, la fotografía del 8 de septiembre cumple tres funciones simultáneas. Primero, informativa: acredita una reunión real entre el jefe del Estado y los responsables militares directamente vinculados con Ceuta. Segundo, institucional: proyecta la competencia del Rey sobre el ámbito de las Fuerzas Armadas sin invadir formalmente las atribuciones del Ejecutivo. Y tercero, simbólica: sitúa a la Corona junto a la estructura militar del Estado en un momento de especial sensibilidad territorial.

En política institucional, el silencio también comunica. Y la imagen, en ocasiones, comunica más.

Moncloa responde con normalidad

El presidente ha insistido en que la reunión entre Felipe VI y Robles es normal y ha reivindicado que el jefe del Estado debe estar informado de la situación de las Fuerzas Armadas. También ha rechazado que exista un conflicto con Zarzuela y ha presentado la futura visita a Ceuta como un acto de unidad institucional. 

Pero tiene una vulnerabilidad política: cuanto más niega Moncloa la existencia de una disputa, más importancia adquieren los detalles comunicativos que permiten interpretarla.

Sánchez ha mantenido que no existen pruebas sólidas que permitan atribuir a Marruecos la planificación o ejecución de la entrada masiva, aunque ha reconocido que España debe mejorar su capacidad de anticipación y prevención ante este tipo de amenazas híbridas. 

Una fotografía del Rey con la ministra de Defensa y mandos militares puede ser interpretada en España como un mensaje institucional y en Marruecos como una señal sobre la atención del Estado español a la defensa de Ceuta. La doble lectura de la vecindad.

Aunque el verdadero problema comunicativo de fondo es ahora la visita. Si Felipe VI viaja inmediatamente, la visita podrá presentarse como el cierre institucional de una crisis y como una demostración de unidad. Si se demora, crecerán las interpretaciones sobre las condiciones políticas o de seguridad que están impidiendo el desplazamiento. Y si finalmente se produce después de una negociación pública entre Moncloa y Zarzuela, el propio proceso de fijación de la agenda habrá adquirido más relevancia que el viaje.

La Corona debe preservar su neutralidad, evitar cualquier apariencia de partidismo y ejercer sus funciones constitucionales sin competir con el Gobierno. El Ejecutivo, por su parte, debe asumir que el Rey no es un elemento decorativo del sistema institucional, especialmente cuando concurren cuestiones de unidad territorial, representación exterior y Fuerzas Armadas.

Y ambos palacios necesitan una regla elemental de comunicación de crisis: no permitir que el vacío informativo sea ocupado por interpretaciones interesadas.

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