La vuelta de Semana Santa esta resultando convulsa para dos pesos pesados de la dirección de Vox, Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio. Pocas horas después de que elDiario.es haya destapado que Hacienda persigue al matrimonio por emitir una “factura falsa” y declarar un trabajo “simulado” relacionado con la venta de un edificio de lujo, comienza el juicio del portavoz parlamentario y la candidata a la Comunidad de Madrid del partido de extrema derecha contra el twittero Fonsi Loaiza, que acusó al matrimonio, precisamente, de dirigir un “negocio inmobiliario fraudulento”.

Ambas partes tendrán que acudir este martes al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº4 de San Fernando (Cádiz) para celebrar el acto de conciliación que podría evitar la celebración del litigio. La citación, que había sido aplazada por la huelga de los letrados de la Administración, comenzará a las 11:00 horas con el inevitable ruido generado por la información publicada en la noche del lunes, que señala a los dirigentes de Vox por fraude fiscal por la que Espinosa de los Monteros ha amenazado al periódico: “Os doy 24 horas para rectificar. Pasado ese plazo, me pongo con la querella por las mentiras que publicáis”.

La información que ha generado un fuerte enfado del portavoz de ultraderecha se asemeja a las acusaciones por las que el matrimonio se querelló por injurias y calumnias contra Loaiza. “Viven en su mansión de 3 millones construida sin título de arquitecta, sin licencia y sin pagar a obreros”, rezaba el tuit. El denunciado no ha desperdiciado la ocasión de pronunciarse sobre las nuevas informaciones conocidas a pocas horas de su encuentro con los dirigentes de Vox, reafirmando su posición y señalando a la Justicia española. La parte demandante se defiende recuperando derechos a la rectificación conseguidos con anterioridad por acusaciones similares.

Mientras, la demandada habla de la condena a la empresa de Monasterio por las obras del loft de Arturo Valls y alude a la libertad de expresión y el derecho a crítica. “Hablan de paguitas, llaman delincuentes a los inmigrantes pobres y ellos esconden sus fechorías con la bandera”, ha declarado el tuitero a ElPlural.com. Loaiza, que cuenta con más de 200.000 seguidores en la red social, ya atravesó una situación similar por la que finalmente fue condenado a una multa de 2.100 euros más costas. En aquella ocasión, la denuncia la interpusieron sindicatos policiales por un mensaje en el que culpaba de la polémica muerte del mantero Mmame Mbage a la policía y al “Estado policial español”.

En la misma línea que sus protestas por aquella sentencia, el tuitero denuncia a este periódico que “vivimos en un Estado en el que se nos quiere limitar la libertad de expresión a las personas de izquierdas, que ha lamentado que, a la par, “los ultraderechistas tienen barra libre”. El caso ahora es susceptible de no llegar a más, si se resuelve favorablemente el acto de conciliación, sino, el proceso judicial seguirá adelante. “Persiguen a medios y a periodistas independientes”, ha señalado Loaiza a una hora del comienzo del acto, haciendo hincapié en el poder de la familia Espinosa de los Monteros en la sociedad española.

La ‘factura falsa’

La conclusión de la Agencia Tributaria que publica elDiario.es señala al matrimonio por haber defraudado Hacienda a través de un trabajo inexistente y una factura falsa. Los hechos a los que hace referencia tuvieron lugar entre 2015 y 2016 y afectan a la venta de un edificio de lujo en Madrid de la que se ocupó el portavoz de Vox. La Agencia ha estimado que, en el desarrollo de esta operación, el estudio de arquitectura de Monasterio emitió una factura que asciende a 169.400 euros por unos trabajos que no realizó.

El inmueble implicado se ubica en el número 3 de la Calle General Castaños y era propiedad de la familia Espinosa de los Monteros, que confiaron al dirigente político su venta. Así, además del estudio y las sociedades de Monasterio, dos de las sociedades de Espinosa -propietario del 99% de las acciones-, en concreto Premium Capital Managment SL y Citrum SL, también están implicadas. La primera declaró unos ingresos por la operación de 90.000 euros en 2016 y de 160.000 en 2017, mientras que la segunda hizo lo propio, pero en su caso con 375.000 euros solo en 2017.

Según la información que ha transcendido, y tal y como ha defendido Espinosa de los Monteros en sus redes sociales, la posible actividad susceptible de ser considerada delito no tiene que ver con la no declaración de un cobro, sino con el supuesto cobro de una actividad que no se realizó y que posteriormente se declaró. El Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, ha concluido lo mismo que la Agencia Tributaria después de cinco actas de inspección emitidas.