Bajo el marco del choque político por la ‘ley de nietos’, así como por el auge de la cuestión migratoria con la crisis de Ceuta, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado una última propuesta que ha declinado en un nuevo choque con Moncloa: retirar la nacionalidad a los extranjeros que hayan cometido delitos graves.
Asesinatos, terrorismo o violadores reincidentes son los perfiles a los que el líder de la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez ha referenciado para aplicarles una medida que estaría en disposición de ponerse en marcha si él alcanza el mando presidencial. El jefe de los populares así lo ha confirmado este martes durante un acto junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.
De esta manera, ha avanzado que el PP trabaja en una proposición de ley orgánica para “adecuar la nacionalidad regulada en el Código Civil a la realidad europea con la que se podrá tipificar la nacionalidad a los extranjeros que cometan delitos graves. Una premisa que busca mantener la confianza en las instituciones y que, para ello, merece “un mínimo de requisitos de conducta” y de “confianza de un Estado” sobre una persona que viene de fuera.
“Es el mayor acto de confianza, es el título más importante que puede dar un Estado, un pasaporte. (...) Esa confianza hay que mantenerla”, ha defendido y, para lograr este objetivo, ha avanzado que el PP presentará ese proyecto de ley orgánica “para regular el otorgamiento de la nacionalidad, el mantenimiento de la nacionalidad y, en su caso, la pérdida de la misma”.
Una postura que viene a cuento del debate político en torno a la nacionalización, que guarda similitudes con la negativa de Génova a la ‘ley de nietos’ pero que, en este caso, refiere más profundidad con la población migrante. “Cuando a la persona a la que le hemos otorgado la nacionalidad pertenece a una banda criminal, a una banda terrorista, es reincidente en delitos graves como abusos sexuales, violaciones o asesinatos, lógicamente, tiene que saber que esa confianza se quiebra y que la nacionalidad será retirada”, ha apostado Feijóo, quien ha enfatizado que si se “quiebra” esa confianza “no se puede seguir manteniendo ese acuerdo”.
Por ende, el expresidente de la Xunta de Galicia ha defendido que la nacionalidad no puede ser “un trámite administrativo”, sino que ha de ser entendida como “un honor” que abre la puerta a los servicios públicos españoles y a la convivencia de nuestro país. Una propuesta que, según ha expuesto, “bebe de la ordenación jurídica de los países más serios de la Unión Europea” y que podrá instaurarse con “una vocación de permanencia”. Con ella, a modo de ejemplo, ha augurado que pondrán tipificarse “los casos de pérdida de nacionalidad, para que la confianza sea mutua y todo el mundo sepa a qué atenerse”, ha agregado.
Moncloa tacha la propuesta de “descabellada” y alude a las encuestas
Tras conocer el planteamiento de Feijóo, desde el Gobierno, tras el Consejo de Ministros, el titular de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, lo ha tachado de “descabellado” y “desesperado”, aludiendo así a los resultados de las encuestas últimamente conocidas que aventuran los resultados que se darían en las próximas elecciones generales.
“El mayor problema que tiene Feijóo es que no se cree las encuestas que publican algunos medios que le hacen el caldo gordo, porque si se las creyera, no haría este tipo de propuestas absolutamente descabelladas”, ha desgranado en la rueda de prensa posterior.
En este sentido, Puente ha tirado de su conocida ironía para extender la cuestión y, dejando a un lado la población migratoria, se ha preguntado si Luis Bárcenas, el extesorero del PP en la época de Mariano Rajoy, entraría dentro de una lista de estas características: “¿Lo vamos a hacer también con los nacionales que cometen delitos, les vamos a quitar la nacionalidad? ¿En qué les vamos a convertir, en apátridas?”, ha lanzado.
De esta manera, ha considerado que Feijóo propone esta medida de manera “desesperada” porque “las encuestas no se las cree”. Asimismo, fuentes de Moncloa han precisado que la propuesta carece de fundamento porque se verían afectados migrantes nacionalizados que lleven viviendo muchos años en España y ya cuenten con un arraigo considerable. En todo caso, si se plantea expulsar a extranjeros que vengan a delinquir, la iniciativa sería eficaz porque nunca tendrían las condiciones para obtener la nacionalidad y ya hay mecanismos existentes con la legislación actual para acometer este procedimiento.
La alusión a las encuestas que ha achacado Puente a las declaraciones de Feijóo se remite a los resultados del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de septiembre, en los que el PSOE (31%) sufre una caída de dos puntos de estimación de voto por la crisis de Ceuta pero, aún con ello, mantiene una ventaja de 5,5 puntos con respecto al PP (25,5%), mientras Vox continúa ganando fuerza en tercer lugar (16,6%).
En cuanto a la valoración de los principales líderes políticos, Sánchez repite en primera posición con una media de 4,18 puntos, mientras que Feijóo anota 3,99 puntos.
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