La estrategia de comunicación diseñada para subsanar la crisis del ático de ‘ultralujo’ de Chamberí amenaza con producir el efecto contrario. Isabel Díaz Ayuso ha optado por elevar el tono noventero, reducir el asunto a una operación ya concluida y reclamar que se deje de “estirar el chicle”.
Pero la fórmula elegida para pasar página —”está en venta, chao pescao”— no ha disipado las dudas: las ha devuelto al centro de la escena. Y lo ha hecho, además, después de que Alberto Núñez Feijóo reclamara explicaciones a Patrimonio de la Comunidad de Madrid sobre una adquisición de 6,3 millones de euros cuyo supuesto destino como oficina temporal está rodeado de interrogantes.
La dificultad para Ayuso no reside únicamente en el inmueble. El problema político es más profundo: la sucesión de explicaciones, rectificaciones, silencios y nuevos argumentos ha terminado convirtiendo la comunicación de la crisis en parte de la propia crisis. La operación que pretendía presentarse como una decisión patrimonial instrumental ha acabado instalada en el debate público como una cuestión de transparencia, oportunidad y credibilidad.
Una salida comunicativa que no cierra el relato
Ayuso sostuvo este lunes que ya había ofrecido todas las explicaciones posibles y que seguir respondiendo a preguntas sobre el inmueble únicamente prolongaría artificialmente la polémica. “No se puede estirar más este chicle”, afirmó, antes de rematar con el «chao pescao» que inmediatamente se convirtió en el titular de la jornada.
La presidenta volvió a defender que el inmueble era un espacio “destinado a oficinas” y que podía albergar despachos. Sin embargo, esa explicación convive con una circunstancia difícil de esquivar: la Comunidad decidió poner a la venta el ático pocas semanas después de que trascendiera su adquisición.
Planifica Madrid compró el inmueble en abril por 6,3 millones de euros y posteriormente lo sacó al mercado por 6,69 millones, mientras el Ejecutivo madrileño argumentó que los recursos obtenidos se destinarían a la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios de la Sierra Oeste.
El problema comunicativo es evidente: una operación presentada inicialmente como solución temporal a las obras de la Real Casa de Correos terminó convertida en una compraventa de ida y vuelta cuya finalidad inicial sigue generando preguntas.
El ático que nunca terminó de ser una oficina
La controversia se alimenta de elementos objetivos que dificultan una clausura política basada exclusivamente en la repetición del argumento oficial. El inmueble tiene unos 485 metros cuadrados y una terraza de aproximadamente 200. Fue adquirido por Planifica Madrid el 14 de abril y, según la información publicada por EL PAÍS, la operación no figuraba en el portal de transparencia ni en las cuentas anuales de la sociedad pública.
La justificación ofrecida por el Gobierno regional fue que serviría para alojar temporalmente las oficinas de Presidencia mientras se acometían las obras en la Real Casa de Correos. Pero las dudas sobre la compatibilidad del inmueble con ese uso terminaron siendo precisamente uno de los principales focos de la controversia. El propio Feijóo señaló que Patrimonio debía explicar por qué se había adquirido un espacio que no podía destinarse a oficina.
A ello se añadió otro elemento temporalmente incómodo: la Comunidad adjudicó posteriormente el proyecto para las obras de la sede de Presidencia, con un coste estimado de alrededor de 1,65 millones de euros.
Así, la explicación política ha quedado atrapada entre dos momentos: el motivo que justificó la compra y la decisión posterior de desprenderse del inmueble.
La estrategia de Miguel Ángel Rodríguez, bajo presión
En este contexto adquiere especial relevancia la estrategia comunicativa diseñada alrededor de Ayuso por su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. El planteamiento parecía responder a una lógica conocida: resistir la presión, evitar entrar en el terreno marcado por la oposición, concentrar las explicaciones en los responsables técnicos y políticos de Patrimonio y esperar a que el ciclo informativo desplazara el asunto hacia otras controversias.
Pero la crisis ha demostrado la fragilidad de ese esquema.
La comunicación política puede administrar una controversia; difícilmente puede clausurarla cuando los hechos siguen produciendo nuevas preguntas. Y eso es precisamente lo que ha sucedido con el ático. La compra, el precio, la ausencia inicial de información pública, su pretendido uso, las características del inmueble, la posterior venta y las distintas explicaciones sobre el conocimiento que tenían otros dirigentes del PP han conformado una cadena narrativa demasiado extensa para ser neutralizada con una consigna.
El "chao, pescao" intenta convertir el final administrativo de la operación en el final político de la controversia. Pero ambas cosas no son necesariamente equivalentes.
Feijóo introduce una grieta en el cierre de filas
El episodio se complicó todavía más cuando Feijóo afirmó que Patrimonio de Madrid debía explicar por qué se había comprado el inmueble para un uso que, según las informaciones conocidas, no resultaba viable como oficina. El líder del PP evitó así asumir una defensa cerrada de la actuación del Gobierno madrileño.
La dirección nacional del PP ha tratado posteriormente de rebajar el alcance de esas palabras. Su portavoz y vicesecretario de Cultura y Deporte, Borja Sémper, calificó de razonables las explicaciones de la Comunidad y precisó que Feijóo conocía en abril que se iban a realizar obras en la sede de Presidencia y que se buscaba una ubicación temporal, pero no que se fuera a adquirir aquel ático concreto.
La precisión es políticamente significativa. Feijóo sabía que existía la necesidad; según Génova, no conocía la solución finalmente adoptada.
La reunión a la que se refiere el PP se celebró el 8 de abril, apenas seis días antes de la adquisición del inmueble. La propia Comunidad la ha descrito como un encuentro de carácter general, sin precisar si en ella se abordó específicamente la compra.
El problema ya no es solo la oposición
La controversia ha dejado de ser una disputa exclusivamente entre Ayuso y sus adversarios políticos. Ese es, probablemente, uno de los mayores inconvenientes para la estrategia de su gabinete.
El PSOE y Más Madrid han reclamado responsabilidades y explicaciones, mientras desde el Gobierno central se ha utilizado el episodio para cuestionar la gestión de la presidenta madrileña. Óscar López ha señalado las contradicciones entre las versiones de Ayuso y Feijóo y ha reclamado que la operación sea aclarada ante las instituciones y los ciudadanos.
Pero la dificultad adicional procede de dentro del propio Partido Popular. Feijóo ha evitado convertir el asunto en un enfrentamiento abierto con Ayuso, mientras Génova intenta contener el desgaste y preservar la unidad. La dirección nacional, según EL PAÍS, considera que la polémica provoca daño reputacional a la marca del partido, aunque confía en que la presidenta madrileña pueda absorber electoralmente el golpe.
Es una posición de equilibrio delicado: ni abandonar a Ayuso, ni convertir el ático en una causa nacional del PP.
Una crisis que se resiste a desaparecer
La operación inmobiliaria se ha producido, además, en un momento particularmente incómodo para la presidenta madrileña. La polémica se suma a otros episodios recientes que han alimentado el desgaste de su imagen y han elevado la preocupación dentro del PP de Madrid a medida que se aproximan las elecciones autonómicas de 2027.
Por eso el problema del "chao, pescao" no reside tanto en la expresión como en lo que revela. Cuando una dirigente necesita declarar clausurado un asunto mientras los principales interrogantes permanecen abiertos, la comunicación deja de funcionar como herramienta de cierre y empieza a convertirse en un recordatorio de la controversia.
Ayuso pretende pasar página porque el inmueble está en venta. Sin embargo, venderlo no responde por sí mismo a las preguntas que acompañaron a la compra. Tampoco explica por qué se eligió aquel inmueble, por qué se pagaron 6,3 millones, qué documentación justificó la operación o qué ocurrió entre la necesidad de abandonar temporalmente la Real Casa de Correos y la decisión de adquirir un ático de lujo para resolverla.
La política, como la memoria, rara vez acepta los finales impuestos por decreto. El ático puede cambiar de propietario; la pregunta política permanece. Y, mientras permanezca, la estrategia urdida para enterrar la polémica corre el riesgo de haber conseguido exactamente lo contrario: convertir una operación patrimonial en un símbolo de la crisis de confianza que Ayuso intenta cerrar.
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