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¿Quién iba a decir a los dibujantes de una revista satírica que iban a terminar por verse en los tribunales? ¿Por qué un libro sobre las redes de droga existentes en Galicia debía de ser apartado del mercado? La portada de El Jueves que en julio de 2007 llevó a dos de sus ilustradores ante la Audiencia Nacional y el secuestro cautelar de Fariña, el libro de Nacho Carretero sobre el narcotráfico gallego, son dos episodios separados por once años que reabrieron de manera profunda el debate sobre la libertad de expresión e información en España.
El Jueves y la portada retirada de los quioscos
El número 1.573 de la revista satírica llegó a los quioscos el 18 de julio de 2007. Su portada mostraba una caricatura del entonces príncipe Felipe y de Letizia Ortiz manteniendo relaciones sexuales. La viñeta ironizaba sobre el cheque bebé de 2.500 euros anunciado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El diálogo ironizaba con que dejar embarazada a su pareja sería "lo más parecido a trabajar" que había hecho.
El 20 de julio, el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo ordenó el secuestro de la publicación a petición de la Fiscalía. La medida incluía retirar los ejemplares de los puntos de venta, incautar el molde de la portada en los talleres y requerir la identificación de sus autores. La Fiscalía consideraba que la imagen podía constituir un delito de injurias a la Corona y perjudicar el prestigio de la institución, conforme a los artículos 490 y 491 del Código Penal.
La Fiscalía pidió además cerrar la web del semanario, donde seguía reproduciéndose la imagen, una petición que amplió la polémica sobre la difusión digital. La orden afectó a una tirada de unos 120.000 ejemplares, distribuidos en alrededor de 5.000 puntos de venta. La revista defendió que pretendía satirizar una medida gubernamental. Sus autores aseguraron que no buscaban ofender a los Príncipes, elegidos por ser una pareja conocida.
El procedimiento continuó después de la retirada de los quioscos. En agosto de 2007, la Audiencia Nacional abrió juicio oral contra los dos autores. El 13 de noviembre, el juez José María Vázquez Honrubia los condenó a una multa de 3.000 euros a cada uno por un delito de injurias al Príncipe. La sentencia consideró que el dibujo y el texto eran objetivamente injuriosos y que la sátira había rebasado los límites de la libertad de expresión. La revista recurrió, pero el Tribunal Constitucional rechazó en enero de 2009 admitir a trámite el recurso.
El secuestro cautelar de Fariña
Once años después, otro procedimiento judicial afectó a la distribución de una obra periodística. Fariña. Historia e indiscreciones del narcotráfico en Galicia, publicado por Libros del KO en 2015, narraba la expansión del narcotráfico gallego en los años ochenta y noventa e incluía referencias al exalcalde de O Grove, José Alfredo Bea Gondar.
En enero de 2018, Bea Gondar demandó al periodista y a la editorial por una supuesta vulneración de su derecho al honor. Solicitó 500.000 euros de indemnización y que se eliminaran las referencias a su persona en futuras ediciones. En febrero, un juzgado de Collado Villalba acordó paralizar cautelarmente la impresión y comercialización de nuevos ejemplares. Para entonces, la obra había alcanzado diez ediciones y superaba los 30.000 ejemplares vendidos, según los datos difundidos por la editorial.
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La ejecución quedó condicionada al depósito de una caución de 10.000 euros. Bea Gondar la abonó y, el 5 de marzo, la jueza ordenó a Libros del KO detener la reproducción y distribución de la obra, tanto en librerías como por canales digitales. La editorial suspendió las nuevas ventas y reimpresiones en España. La medida coincidió con la promoción de la serie televisiva y las ferias del libro de Madrid y Barcelona.
La prohibición se mantuvo durante 121 días. La editorial advirtió de que la medida amenazaba su continuidad empresarial por el impacto económico. En junio de 2018, la Audiencia Provincial de Madrid revocó la medida. El tribunal entendió que Carretero había realizado una investigación periodística rigurosa, que las referencias a Bea Gondar eran tangenciales y que no se habían sobrepasado los límites del derecho a la información. En 2020, la Audiencia condenó al exalcalde a indemnizar al periodista con 3.437,96 euros y a la editorial con 13.042,21 euros por las pérdidas ocasionadas durante los 121 días de paralización.
El litigio sobre el contenido del libro continuó después de que Bea Gondar recurriera. En febrero de 2021, el Tribunal Supremo rechazó sus recursos y confirmó que prevalecía la libertad de información. El Supremo consideró que el libro recogía hechos contrastables y de relevancia pública, pues Bea Gondar no había sido condenado por tráfico de drogas, pero sí por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, condena anulada por un defecto de forma. El alto tribunal cerró así una disputa que había mantenido durante cuatro meses fuera del circuito comercial una obra periodística ya publicada.
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