La situación de la vivienda en la Comunidad de Madrid es de asfixia y, por ellos, buena parte de los afectados han remitido cientos de cartas dirigidas al Ministerio de Vivienda para tratar de oxigenar un escenario en plena tensión. Los inquilinos de los bloques en venta de Nestar-Azora y Fidere/Testa (Blackstone), junto al Sindicato de Inquilinos de Madrid, se han dirigido a la cartera de Isabel Rodríguez para que se recuperen sus inmuebles en el parque público a través del proyecto estatal Casa 47.
Por un lado, el millar de vecinos de más de 30 bloques han enviado multitud de misivas al Ministerio dentro de la campaña bautizada como ‘Recuperemos nuestras viviendas de las garras de los fondos buitre’ en aras de frenar la venta de más de 15.000 viviendas, las cuales previamente eran públicas.
En la carta, sostienen que, durante más de una década, los fondos buitre que se han quedado con estos inmuebles “han obtenido beneficios extraordinarios” por ello, viviendas que son las 1.860 que en 2013 el Ayuntamiento de Madrid, entonces bajo el mandato de Ana Botella, del Partido Popular, vendió a Blackstone a 68.000 euros cada una. Pese a que se vendieron en aquella época “a precio de saldo”, los fondos han venido imponiendo en los últimos tiempos “subidas abusivas de alquiler, cláusulas ilegales y una gestión que ha vulnerado los derechos de los inquilinos”. Una consecución de actuaciones que ahora, tal y como denuncian los vecinos, “pretenden culminar con una nueva venta masiva”.
Por esta exposición de motivos, sostienen que la responsabilidad recae sobre el Gobierno central, reiterando que las exigencias de los afectados pasan porque se garanticen “alquileres estables y asequibles, seguridad residencial a largo plazo y la protección del derecho a la vivienda frente a intereses especulativos y la gestión de fondos que sólo buscan hacer negocio”.
Desde el Sindicato de Inquilinos de Madrid, tras lo expuesto, instan a los gobiernos con competencias en la materia a “tomar la decisión sobre de qué lado están: si de parte de los rentistas y de los fondos buitre que especulan con vivienda, o de parte de los vecinos que buscan mantenerse en sus casas”.
Urgen la actuación de Casa 47
En una segunda misiva remitida este miércoles a Vivienda, y a la que ha tenido acceso este periódico, reclaman que Casa 47 “proceda a la adquisición de todos los bloques en venta que tanto Nestar como Blackstone han utilizado para aumentar de manera obscena sus beneficios a coste de inquilinos” ante la inacción de las Administración competentes en la materia.
Bajo esta premisa, instan a que esta adquisición se realice con el único objetivo de “evitar la especulación con una vivienda construida con recursos públicos, garantizar su uso social y asegurar la permanencia” del inquilino en el inmueble, así como para “alcanzar un nuevo parque de vivienda” que sitúe a España en la media europea, en el 8%.
En aras de consolidar esta petición, el Sindicato de Inquilinos de Madrid solicitan una reunión con la dirección general de Casa 47 “para salvaguardar” su derecho a la vivienda.
Esta situación tiene sus precedentes en España, encontrándose el ejemplo más cercano en Cataluña, donde se han recuperado 1.700 viviendas después de una campaña de presión y una huelga extendida en nueve meses de la mano del Sindicat de Llogateres de Catalunya. La Generalitat ha terminado por comprar y blindar estas viviendas bajo protección oficial (VPO) antes de que fueran lanzadas al mercado.
Cabe recordar, llegados a este punto, la literalidad expresa del artículo 47 de la Constitución Española, el cual remite al derecho de los ciudadanos a una vivienda digna y asequible: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.
