La DANA que asoló la Comunidad Valenciana en octubre del 2024 volverá a revivir en este inicio de semana uno de sus principales debates, no siendo otro que el de esclarecer qué papel jugó Carlos Mazón en el tardío envió del ES-Alert y pedir responsabilidades al que fuera presidente de la Generalitat por haberse demorado tanto en llegar al CECOPI debido a su decisión de no levantarse de una comida que se extendió durante horas. Desde que una de las mayores tragedias humanas registradas en los últimos años traumatizara al país, Mazón ha buscado minimizar lo máximo posible su responsabilidad en lo que se refiere a trasladar a la ciudadanía una alerta que no solo resultó insuficiente, sino que también llegó notablemente tarde.
Desde que la DANA destrozara distintos municipios valencianos y dejara los mayores daños en la localidad de Paiporta, el que liderara el Ejecutivo valenciano estuvo ofreciendo diferentes versiones sobre lo que hizo aquella tarde del 24 de octubre y por qué tardó tanto en llegar Centro de Coordinación Operativa Integrado, a lo cual también se suma las llamadas que no atendió y los mensajes que dejó sin contestar. En los primeros meses, Carlos Mazón buscó de manera continuada esquivar la responsabilidad que él pudiera tener en el tardío envío del Es-Alert. No obstante, todo comenzó a desmoronarse para el ex presidente de la Generalitat Valenciana cuando las investigaciones periodísticas comenzaron a revelar que su ausencia en el CECOPICECOPI, hasta pasadas las ocho de la tarde, tuvo lugar siendo Mazón consciente de los hechos que estaban teniendo lugar.
La presión pública y política terminó por propiciar su dimisión. Sin embargo, Carlos Mazón no abandonó su acta de diputado en Les Corts, un movimiento que le ha permitido escudarse en el aforamiento a lo largo del último año y evitar, así, un enfrentamiento directo con la Justicia.
Mazón se enfrenta a un nuevo interrogatorio público en el Congreso de los Diputados
El que fuera presidente de la Generalitat Valenciana aterrizará este lunes para afrontar, de nuevo, las preguntas de la comisión de investigación del Congreso sobre la gestión de la DANA. Mazón está citado a las 11:00 para responder por su actuación durante la catástrofe del 29 de octubre de 2024, que dejó 232 fallecidos. Lo hará apenas cuatro días después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo reclamara el auto del TSJ valenciano que descartó investigarle por la gestión de la emergencia, con el objetivo de estudiar una querella por falso testimonio presentada por cuatro diputados socialistas tras su primera comparecencia parlamentaria.
El interrogatorio vuelve a situar en el centro las diferentes versiones ofrecidas por Mazón sobre aquella jornada. El expresidente sostuvo inicialmente que no estuvo ausente y que su Gobierno actuó con la información disponible. Sin embargo, posteriormente se fueron conociendo nuevos detalles sobre sus movimientos. Entre ellos, que permaneció en el restaurante El Ventorro hasta alrededor de las 18:45 horas y que no llegó al CECOPI hasta las 20:28, cuando ya se había enviado el ES-Alert y la DANA había provocado la muerte de, al menos, 155 personas.
También han quedado bajo escrutinio sus comunicaciones con la entonces responsable de Emergencias, Salomé Pradas. Según los registros incorporados a la investigación, hubo llamadas canceladas por Mazón y por su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, durante las horas críticas de la emergencia. La propia Pradas aseguró posteriormente que recibió instrucciones para no molestar al entonces presidente.
A este escenario se suma ahora el escrito de 66 páginas presentado por la defensa de Mazón ante el juzgado de Catarroja. En él, el expresidente niega haber tenido responsabilidad por omisión y sostiene que no era quien debía adoptar las medidas preventivas ni quien redactaba el mensaje de alerta a la población. Además, cuestiona que exista una relación causal entre el retraso del ES-Alert y las víctimas mortales. La jueza que instruye la causa, Nuria Ruiz Tobarra, respondió señalando que la falta de avisos adecuados y con suficiente antelación sobre los riesgos que afrontaba la población fue patente en los casos analizados por Mazón. En particular, subrayó que la ausencia de advertencias sobre el peligro de bajar a los garajes resultó mortal.
La investigación parlamentaria también ha examinado si existió información suficiente para adelantar la alerta. Mientras técnicos han defendido que las autoridades disponían de datos que permitían actuar antes, las pesquisas judiciales continúan abiertas. De hecho, la jueza ha prorrogado recientemente la instrucción hasta abril de 2027 por la complejidad de la causa y la necesidad de practicar nuevas diligencias.
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