Como los buitres, la ultraderecha se prepara resta a lanzarse contra el Gobierno de Pedro Sánchez enmascarando su acción de rapiña con el hipócrita argumento de defender a las víctimas. Vox y sus secuaces se han dedicado a organizar plataformas de afectados para después lanzarse en persecución del ejecutivo. Quieren sentar al Gobierno en el banquillo bajo la acusación de ineficacia en la gestión. La idea es entablar centenares de pleitos.

En un plan que roza la indecencia, Vox primero financió a supuestas plataformas de afectados con parte de las subvenciones que recibe su grupo en el Congreso de los Diputados, según explicaron intentando ponerse la medalla. Al frente de estas asociaciones figuran por tanto militantes de Vox e incluso algún afiliado del Partido Popular.  Ahora las está utilizando como punta de lanza de esas denuncias que pretenden presentar.

La ultraderecha tiene un doble objetivo. De una parte, socavar al Gobierno, haciendo de paso propaganda de partido cara a sus electores. De otra, obtener un beneficio económico en base a las posibles indemnizaciones que suponen podrían conseguir de esa acción legal.  No es la primera vez que la extrema derecha se dedica a esas cosas. Ahí tenemos al mal denominado sindicato Manos Limpias y a su jefe Miguel Bernard que también emprendía acciones "justicieras" de baja estofa.

Las grandes demandas son un objetivo deseable de cualquier despacho de abogados que se precie por los porcentajes que sobre la indemnización pueden acabar percibiendo los representantes de las víctimas y, es lo que está también ocurriendo con esta crisis sanitaria.

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid ha tenido que poner el freno a algunos asociados que ofrecían asesoramiento gratuito a afectados por el coronavirus mediante técnicas publicitarias y de marketing . De manera diplomática, el ICAM refería este miércoles en un comunicado, la actitud loable de estos profesionales, pero recordaba que "además de que pueda resultar innecesaria" esta oferta, "colisiona" con el trabajo de los cerca de 5.500 abogados adscritos a los diferentes servicios de asistencia jurídica gratuita en Madrid, según relata el diario jurídico Confilegal. Añadía el colegio profesional que cualquier abogado puede solicitar formar parte del turno de oficio.

Este pronunciamiento se ha debido a las denuncias ante el Colegio que presentó la Asociación Libre de Abogados y Abogadas (ALA), entre ellas una contra la Asociación de Abogados Cristianos. Otra ante el Consejo General de la Abogacía, contra el despacho del juez Serrano, por ofertar sus servicios profesionales entre o a personal sanitario o miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y a más colectivos.

Como ven, la muerte es un negocio sustancioso al que no pueden resistirse los buitres de la ultraderecha que no respetan el sufrimiento de sus compatriotas y a los que España les interesa sobre todo para envolverse en la bandera.