Este miércoles ha tenido lugar en Bruselas la primera reunión entre PSOE y PP con mediación de la Comisión Europea para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una hora y media aproximadamente han estado reunidos Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Esteban González Pons, vicesecretario de Acción Institucional del Partido Popular, y Didier Reynders, comisario europeo de Justicia, para tratar de desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces que lleva más de cinco años caducado.
Y una vez más, además de remarcar la urgencia de la renovación, la Comisión Europea ha insistido en la renovación del CGPJ antes que realizar el cambio que pide el PP en materia del nombramiento de los jueces miembros. “Proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial como un asunto prioritario e, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adaptar el nombramiento de sus jueces-miembros, teniendo en cuenta las normas europeas”, ha puntualizado la Comisión Europea a través de un escueto comunicado tras la reunión.
“En esta reunión, ha habido un claro compromiso de todas las partes para trabajar juntos para asegurar la implementación de las recomendaciones de la Comisión”, han concluido.
El PP confiaba en que Europa impusiera una negociación “paralela” en la que se abordara no solo el desbloqueo del CGPJ, sino también otras cuestiones, como reformar la ley para cambiar el sistema de designación de vocales y limitar la participación de las Cortes Generales, o impedir el paso directo de la judicatura a la política, y viceversa.
En este sentido se ha vuelto a pronunciar Borja Sémper, portavoz del PP, esta misma mañana: “Consideramos que la propuesta del presidente Feijóo de sumar a la Comisión Europea a esta negociación y el acuerdo para renovar el CGPJ y cambiar al mismo tiempo la ley es una garantía”. “Podemos pactar la renovación del CGPJ y, al mismo tiempo, pactar un método de elección que respete la separación de poderes”, añadía.
El CGPJ cumplió el pasado mes de diciembre cinco años con el mandato caducado por la oposición antisistema del PP. El mandato del CGPJ caducó el 4 de diciembre de 2018, y desde entonces el PP se ha negado a facilitar su renovación, como clara maniobra para controlar las causas judiciales que tienen pendientes.
Para justificar esta negativa, desde el PP se han enrocado en el cambio del sistema de elección de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial para que sean los propios jueces los que elijan y no el Parlamento, algo que nunca hizo el PP cuando estuvo en el poder, pese a llevarlo varias veces en el programa electoral.
Bolaños y Pons, tras la reunión
Tras esta primera reunión, las tres partes se han emplazado a un segundo encuentro el próximo 12 de febrero. “Hemos quedado en celebrar una nueva reunión el lunes 12 de febrero para seguir trabajando”, ha avanzado Félix Bolaños al término de la reunión, remarcando que espera que tras este segundo encuentro en Bruselas se pueda “recuperar la normalidad en el CGPJ”.
“Vamos a ser muy discretos en las conversaciones que mantengamos, en las reuniones que mantengamos y cuando tengamos acuerdo lo haremos público”, ha añadido el ministro de Justicia, ya que considera que estamos ante una posible “última oportunidad de recuperar la normalidad”.
En cambio, González Pons ha asegurado ser “muy pesimista” por la reunión mantenida este miércoles, aunque la ve “una oportunidad” en este proceso de diálogo “porque cumple con lo que esperábamos”. “Vamos a darle una oportunidad porque por la Justicia española vale la pena intentarlo”, ha subrayado, remarcando que su partido tiene un “propósito ambicioso para trabajar por la independencia de los jueces”.
El vicesecretario popular ha asegurado que su pesimismo se basa en “intentar negociar con el Gobierno de Sánchez la independencia de los jueces” y que si esta segunda reunión se resuelve favorable, “se resolverán más cosas además de la renovación del CGPJ”.
Desde hace dos años, el Ejecutivo comunitario llama en sus recomendaciones sobre el Estado de derecho en España a renovar con carácter de urgencia el órgano de gobierno de los jueces e, “inmediatamente después”, abordar una reforma del sistema de elección de los vocales para alinearlo con los estándares europeos y garantizar así que los jueces son elegidos por sus pares.
