Este sábado han entrado en vigor en el Boletín Oficial del Estado los dos reales decretos del Gobierno contra el impacto de la Guerra de Irán, aprobados este viernes en un Congreso de Ministros extraordinario en el que hubo demora y polémica por las diferencias posturales entre el PSOE y Sumar. Los textos contemplan diferentes medidas para paliar los efectos de este conflicto en la economía nacional, algunas presentes desde el principio y otras incorporadas sobre la bocina tras las presiones de los magentas en la jornada del viernes. El Ejecutivo ha hecho sus propias cuentas y calcula que, por ejemplo, el español medio se ahorrará hasta 29 céntimos el litro de gasolina 95 y de 23 en el caso del diésel, cifras calculadas por el Ministerio de Hacienda teniendo en cuenta los precios que tenían los combustibles este pasado jueves, 19 de marzo, cuando la gasolina 95 rondaba los 1,8 euros el litro y el gasóleo se situaba en torno a 1,9 euros. No obstante, conviene analizar de manera pormenorizada cada una de las medidas para tener una visión más amplia de lo que significan, y lo que no, estos decretos.
La operación puesta en marcha por Estados Unidos e Israel en Irán a finales de febrero y la durísima evolución del conflicto en una zona clave a nivel mundial para la producción y comercialización de petróleo ha tenido, como consecuencia principal y, por qué no decirlo, esperable, la reducción de la oferta del crudo y la crecida de los precios del mismo, tanto por la reducción del flujo de venta como por el oportunismo económico de los beneficiados de la situación. El precio del barril Brent, que supone la principal referencia comercial en el continente europeo, ha excedido los 100 dólares el barril, una cota que no tocaba desde marzo de 2022, cuando comenzaban las hostilidades entre Rusia y Ucrania, y ya se nota en el precio de los combustibles, que en España han registrado su mayor subida en ocho meses. No solamente el carburante se ve afectado: el impacto también empieza a notarse en los mercados gasistas, y en consecuencia, en el precio de la factura eléctrica.
El primer decreto: reducciones fiscales
Este es el telón de fondo ineludible. Jugando sobre el mismo, el Gobierno ha firmado la entrada en vigor de dos decretos: el primero, pactado con grupos parlamentarios y con opción de salir adelante en el Congreso, con medidas fiscales sobre los carburantes. El segundo, negociado a última hora con Sumar tras el plantón en el Consejo de Ministros, tiene que ver con la revisión de los alquileres y el tope a los márgenes de beneficio empresariales, y por el momento no cuenta con apoyo parlamentario suficiente. Entre las medidas del primero, se encuentra la rebaja del IVA (del 21 al 10%) en productos como la gasolina, el gasóleo, el butano, el propano, la electricidad, el gas, la leña, las briquetas o los pellets. Además, se retirará temporalmente el impuesto especial a los hidrocarburos, que en la actualidad equivale a 0,379 euros por litro de diésel y a 0,47269 euros por litro de gasolina. El Gobierno calcula que este recorte fiscal implicará una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos por litro en función del carburante y de unos 20 euros de ahorro por depósito para un coche medio, lo cual es beneficioso para el consumidor en términos de bolsillo, pero los recortes fiscales de esta índole son un arma de doble filo: aunque alivian la cartera del ciudadano, no limitan los beneficios de las grandes corporaciones y merman la recaudación pública. Además, sacaba pecho el Gobierno hace unos días de que no atenderían a las medidas propuestas por el Partido Popular por ser siempre las mismas y consistir siempre en bajar los impuestos, y es justo lo que ha terminado materializándose en el decreto ley.
Por otro lado, existen otras medidas concretas para los profesionales del transporte, la pesca o la ganadería, como una bonificación de 20 céntimos por litro de carburante, además de la subvención parcial en la compra de fertilizantes. Estas medidas no han entusiasmado demasiado a los transportistas, que notarán cierto alivio en sus cuentas, pero consideran que las ayudas aprobadas ante la escalada del diésel no son lo suficientemente contundentes y que no impedirán que los sobrecostes se trasladen a los productos finales.
En cuanto a la electricidad, mismo escenario: bajadas de impuestos. Además de la bajada del IVA, se reducirá al 0,5% el impuesto especial a la misma, del 5,11% en la actualidad, y se suspenderá de forma temporal durante 2,5 meses el impuesto al valor de la producción eléctrica, del 7%. El Gobierno asegura, así, que los impuestos sobre la electricidad se reducirán aproximadamente un 60%. En el caso concreto de las industrias de gran consumo de electricidad, se bonificarán en un 80% los peajes que pagan, lo que supondrá un descenso en la recaudación de 200 millones de euros. También se aplicarán medidas de flexibilidad en sus contratos de compra de electricidad. Los consumidores vulnerables, por su parte, verán extendidos hasta finales de este año los descuentos extraordinarios del bono social de la luz y reforzado el bono social térmico, hasta un máximo de 50 euros. Se mantiene, además, la prohibición de suspender el suministro a los hogares vulnerables. Los descuentos del bono social eléctrico se ven reforzados también, hasta el 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para vulnerables severos. También se aplicarán otras medidas de reducción de la presión fiscal, como bonificaciones en el IRPF para la instalación de panales solares, sistemas de autoconsumo y almacenamiento de electricidad y medidas específicas para seguir potenciando las renovables y desligarse del consumo de hidrocarburos.
El segundo decreto: medidas laborales y al alquiler sin apoyo parlamentario
El segundo decreto, negociado in extremis por Sumar tras levantarse de la mesa del Consejo de Ministros, contiene medidas centradas en el trabajador, en el tope a los beneficios empresariales y en la prórroga de la protección al alquiler. En concreto, se prohibirá el despido en las empresas que reciban ayudas públicas si está relacionado con los efectos económicos de la guerra. Además, todas las empresas de más de 200 trabajadores o 100 por turno deberán contar de manera obligada con un plan de movilidad sostenible.
Los socios de izquierda -Sumar, ERC, BNG y Podemos- exigían que el decreto incluyera medidas en materia de vivienda como la prórroga de los alquileres, además del tope de precios y el control a los beneficios de las empresas a raíz de la guerra, que al principio no fueron contempladas, pero sí tras las negociaciones con Sánchez. Por ello, los magentas presumen de haber forzado al Gobierno a "ampliar el escudo social" y califican el acuerdo alcanzado con el PSOE de "más ambicioso y más justo". "En 2026 y 2027 vencen más de un millón de contratos de alquiler que afectan a 2,7 millones de personas. El decreto permitirá prorrogar esos contratos en las mismas condiciones para evitar que ninguna familia se enfrente a subidas de hasta 500 euros al mes", secundan. Los de Díaz apuntan que "están en el Gobierno para esto", para "ir más lejos cuando el momento lo exige", "para que ninguna crisis se convierta en una oportunidad de negocio para los de siempre" y "para proteger a toda la gente trabajadora".
El Gobierno reconoce, no obstante, que estas medidas reclamadas por Sumar no cuentan, por ahora, con apoyo parlamentario suficiente. Incluyen, a su vez, la congelación temporal de los precios del alquiler, similar a la aplicada en la crisis tras la guerra de Ucrania.
