Baltasar Garzón y la muerte de la presunción de inocencia: "En España existen profesionales de las querellas"

No hace falta una condena para acabar con la reputación de una persona. Puede bastar una querella, una filtración convenientemente difundida y una sucesión de titulares que conviertan una investigación judicial en un juicio público. Cuando los tribunales resuelven, el daño puede ser irreparable. La muerte civil llega antes que la sentencia, y una absolución, por contundente que sea, difícilmente consigue borrar años de sospechas. Es el escenario sobre el que alerta Baltasar Garzón, convencido de que determinados mecanismos de presión judicial, política y mediática están debilitando la presunción de inocencia en España.

El exmagistrado de la Audiencia Nacional lo explicó en una entrevista concedida a El Plural el pasado mes de junio, con motivo de la publicación de su libro La democracia amenazada. Cuando el fascismo ataca la convivencia. Sus declaraciones adquieren especial relevancia dentro del serial que este periódico dedica al lawfare, las demandas SLAPP y las distintas formas de persecución y acoso contra quienes incomodan al poder. Fenómenos diferentes que comparten una preocupación: que los procedimientos judiciales y las campañas de señalamiento se utilicen para desgastar a determinados adversarios.

Garzón no tiene dudas sobre las consecuencias de esa dinámica. Preguntado por la muerte de la presunción de inocencia, respondió afirmativamente: "Sí, porque aunque dentro de muchos años llegue una absolución, la persona ya está amortizada y noqueada socialmente". Su diagnóstico apunta precisamente al desequilibrio entre los tiempos judiciales y los mediáticos. La sospecha puede instalarse en cuestión de horas, mientras que desmontarla exige años de procedimientos, sin que exista garantía de recuperar el prestigio perdido.

Para explicar cómo se produce ese desgaste, el jurista señaló la posible confluencia de distintos ámbitos de poder. "El lawfare de filtraciones se apoya en el poder mediático, político, económico y judicial", denunció. Según su interpretación, el proceso puede comenzar con una denuncia, continuar con filtraciones que adquieren protagonismo informativo y terminar convertido en un argumento recurrente del enfrentamiento político. La relevancia pública de una acusación acaba imponiéndose sobre lo que realmente se haya acreditado en un juzgado.

"En España existen profesionales de las querellas". Esta fue una de las advertencias más contundentes de Baltasar Garzón sobre la instrumentalización de la Justicia. El exmagistrado denunció así la existencia de personas que promueven acciones judiciales y buscan trasladar sus efectos al terreno mediático y político. "Hay que decirlo claramente, en España existen personas que se dedican a redactar denuncias y tratar de influir en los tribunales, los medios y la política", aseguró, antes de advertir de que, si se consiente esta práctica, "se está prostituyendo la aplicación de la justicia".

Su crítica no cuestiona el derecho a denunciar posibles delitos, sino la eventual utilización de ese derecho con fines ajenos al esclarecimiento de los hechos. Tampoco supone que toda causa de repercusión política responda a una estrategia concertada. La coordinación que denunciaba Garzón es su valoración sobre determinadas dinámicas, no una conclusión judicial aplicable al conjunto de los procedimientos.

El problema conecta con las demandas SLAPP, acciones judiciales abusivas destinadas a intimidar o silenciar a quienes participan en asuntos de interés público. La Unión Europea aprobó en 2024 una directiva para proteger frente a estas prácticas, habitualmente caracterizadas por el desequilibrio de recursos entre las partes. Aunque el concepto no equivale al de lawfare, ambos debates plantean cómo impedir que el acceso a la Justicia se convierta en una herramienta de presión.

Pero el análisis de Garzón va más allá de las consecuencias individuales. El antiguo magistrado vinculó la instrumentalización de las instituciones con un deterioro progresivo de la democracia, en el que las campañas de desprestigio y la pérdida de confianza ciudadana pueden facilitar el avance de proyectos autoritarios.

En su libro sostiene que los golpes de Estado contemporáneos no necesitan responder al modelo violento tradicional: pueden recurrir a mecanismos de "vaciamiento institucional del sistema democrático". El objetivo, según explica, sería "poner en cuestión instituciones clave para acabar con ellas, eliminar los contrapesos democráticos y tomar el poder de forma autoritaria". Ante la posibilidad de que España atraviese una situación semejante, advierte: "Lo que está claro es que hay quienes lo pretenden y es necesario poner los cortafuegos necesarios".