Con el estallido del caso Montoro que ha puesto el foco sobre el Partido Popular, el expresidente del Gobierno José María Aznar no ha lanzado críticas como había hecho en relación con el caso Cerdán que salpicó a las filas socialistas. Tras calificar la trama por corrupción del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán como una “golfería estructural”, la imputación del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por presunta desviación de fondos durante el gobierno de Mariano Rajoy no ha recibido contestación.
Aznar fue especialmente duro calificando la política del gobierno de Pedro Sánchez a principios de este mes como “prostituida, que degrada el servicio del provecho”, añadiendo que concibe la nación “como moneda de cambio”. Además, avisó que, si el presidente se “asocia con presidiarios” y pacta con “delincuentes”, no debe ser una sorpresa que acabe “en la cárcel”. Sin embargo, ahora que se ha desvelado un caso de corrupción del PP que involucra a personajes políticos relevantes, el antiguo jefe del ejecutivo no ha hecho un comentario público.
Actualmente, se están investigando a 28 personas, incluyendo al exministro de Hacienda, pero es posible que este número se amplíe dado que no se han puesto a disposición a las partes involucradas todos los tomos del sumario hechos públicos la semana pasada, según la Cadena Ser. Esto está motivado por la posible implicación de sectores empresariales afectados por la investigación y a personalidades políticas como el exministro de hacienda, Rodrigo Rato, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, o el exdirigente de Podemos, Juan Carlos Monedero.
En el contexto del caso Cerdán, Aznar aseguró que la presunta corrupción del exsecretario de Organización del partido socialista “no es cosa de tres o cuatro golfos” y que “la golfería estructural del sanchismo no se limita al sexto mandamiento, rebasa cuestiones de moral privada y tiene un significado político”. Sin embargo, en el actual caso de investigación por el presunto tráfico de influencias de Montoro, hay evidencia de que una parte de la operación de traslado de fondos públicos hacia su bufete, Equipo Económico, fundado por este mismo en 2006, tiene vínculos directos con el gobierno de Aznar. A esto se le añade el papel de Montoro en el gobierno de Aznar como secretario de Estado de Economía, pese a que actualmente se esté investigando su presunto “tráfico de influencias” liderado por Rajoy.
El secretario de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Aznar, Ricardo Martínez Rico, ha sido señalado por la investigación de las cortes de Tarragona por ser uno de los mejor pagados del bufete y fue considerado la mano derecha de Montoro. Otro máximo responsable de Equipo Económico que fue miembro del Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Aznar es Manuel de Vicente-Tutor, quien actualmente está bajo investigación en esta trama.
Presiones vinculadas a miembros del gobierno de Aznar
Al formar parte del ejecutivo de Rajoy en el 2011, Montoro afirmó que se había desvinculado de su bufete por completo, pero datos de la Guardia Civil incorporados en el sumario apuntan a que seguía ejerciendo presión de forma indirecta a través de antiguos socios y colaboradores que permanecían en la oficina. Esto se puede ejemplificar en el papel del exministro de Justicia y subsecretario de Hacienda durante el primer gobierno de Aznar, Rafael Catalá.
Este ha sido señalado en el sumario como el vínculo entre el bufete de Montoro y la empresa de apuestas Codere, de la que fue directivo durante seis años hasta el 2011. Dicha empresa abonó 679.000 euros al bufete por asesoría entre 2008 y 2012 durante la elaboración de la Ley de Juego. Por ello, la investigación expone que Catalá habría facilitado los contactos necesarios para influenciar la norma a su favor.
El papel de otra persona investigada, un socio de Equipo Económico y director del Gabinete de Montoro durante el segundo mandato de Montoro, Francisco de Asís Piedras Camacho, también ha sido señalado. Además de su rol en el gobierno del expresidente del país, ha sido consejero de empresas públicas como la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), CESCE, y Paradores. El sumario señala que Camacho habría cobrado 5,7 millones de euros a través de la trama de Montoro.
El bufete fundado por Montoro ha sido señalado por el juez del Juzgado de instrucción número 2 de Tarragona Rubén Ros, que ha indicado que las empresas que no conseguían “las reformas pretendidas”, como es el caso de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Carburos metálicos (AFGIM), contrataban a Equipo Económico “a sabiendas de que se trataba de un gabinete económico” con “acceso” al Ministerio de Hacienda. Ministros del gobierno de Aznar han sido señalados por su presunta involucración en la trama, pero, a diferencia del caso Cerdán donde Aznar criticó abiertamente al PSOE, al tratarse de una trama que salpica a su pasado político, no ha emitido un comentario.