Desde que el Gobierno central decretara el estado de alarma en Madrid para contener el avance del virus en la región, el Partido Popular, con la presidenta de la región a la cabeza, Isabel Díaz Ayuso, se ha opuesto con vehemencia a la aplicación de este instrumento constitucional. Sin embargo, la jefa del ejecutivo autonómico propone ahora un toque de queda para toda la comunidad que requiere de un nuevo decreto del estado de alarma.

LaSexta ha avanzado en la mañana de este martes que el Gobierno de Madrid estudiaba la implantación de un toque de queda a partir de la medianoche en cuanto cayese el estado de alarma. Una alternativa que, según fuentes del ejecutivo regional, evitaría “dañar a la hostelería”, aunque aún se encuentra en “fase embrionaria”. Una medida que ya se ha aplicado en diversos países de la Unión Europea, como en Francia, donde entró en vigor el pasado sábado para París y otras ocho ciudades.

De hecho, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha confirmado que “lo estamos estudiando” en un desayuno informativo organizado por Europa Press. La propuesta surgió durante una reunión con Ayuso y representantes de diversos colegios profesionales al encontrarse la región a las puertas del fin del estado de alarma.

Enrique Ruiz Escudero da un paso más y ha precisado que es el Gobierno central el que debe adoptar esta medida, debido a que la Comunidad de Madrid no posee una cobertura legal que capacite su adopción. “Cualquier opción que implique restricción de la actividad o de la movilidad hay que estudiarla”, ha deslizado Escudero.

¿Cómo se aplica el toque de queda?

Lo que Madrid ha sugerido es una nueva limitación de los derechos fundamentales de los ciudadanos que sólo podría alcanzarse – una vez más – mediante el artículo 116 de la Constitución Española, que recoge los decretos del estado de alarma, excepción y sitio.

Es decir, el Gobierno debería decretar un nuevo estado de alarma por emergencia sanitaria a nivel nacional – no prorrogar el de Madrid – para, después, aplicar el toque de queda y poder limitar, bajo esta premisa, los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Se deberá atestiguar y acreditar que el país se encuentra en “circunstancias extraordinarias” que evitan la normalidad en todo el territorio. Los pasos siguientes son sobradamente conocidos. La duración máxima de esta nueva medida restrictiva será de 15 días. Una vez sobrepasado el límite, cualquier prórroga deberá contar con el apoyo del Congreso. Por último, a través de un decreto aprobado en el Consejo de Ministros, se especificará los territorios sometidos al toque de queda y se procederá a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Ayuso se contradice

La propuesta transmitida por el Ejecutivo de Ayuso al Gobierno central pone a la presidenta regional ante una contradicción. La oposición frontal que mostró, tanto ella como el resto del Partido Popular, a la declaración del estado de alarma choca con esta alternativa, que requiere de la tan denostada herramienta constitucional.

 De hecho, Ayuso censuraba la actitud del Gobierno hacia Madrid y la describía como una “sucesión de ataques contra los derechos y libertades de los madrileños”. Incluso llegó a calificar de “intervención atropellada” la actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez mientras José Luis Martínez-Almeida exponía que Moncloa tenía “secuestrada” a la comunidad. Todo esto mientras su socio en la Puerta del Sol, Ignacio Aguado, planteaba alternativas al estado de alarma y posteriores parones de la actividad durante una serie de días. Por supuesto, todas ellas fueron desoídas por la presidenta autonómica. 

Tanto la presidenta regional como el alcalde de Madrid han instado a Pedro Sánchez, reiteradas ocasiones, a levantar el estado de alarma. Sin embargo, desde su Gobierno ahora proponen un mecanismo al que sólo es posible llegar con un estado de alarma al que se han opuesto en estas últimas dos semanas con las mismas medidas que Ayuso había aplicado antes del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).